Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
En 2016, hasta el 19 de enero no habíamos registrado incidencias por amenazas o agravios mayores contra periodistas en México. Quizá por eso algún otro iluso, como yo, pudo haber tenido un pensamiento de sosiego. Acaso el otro que ilusionó la distensión en estas agresiones fue el subsecretario para derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Pero…
Pero, al día siguiente, 20 de enero, el Foro de Periodistas de Morelos mostró serias preocupaciones por riesgos de al menos ocho colegas debido a que el gobierno de Graco Ramírez es omiso deliberadamente; el 21 supimos del asesinato de Marcos Hernández Bautista en Oaxaca; el 22 ocurrió el crimen contra Reinel Martínez Cerqueda en la misma entidad; el 25 se difundió que en Guanajuato –otrora tranquilo en el tema– ya son 14 los agredidos por políticos; el día 26 el reportero Pedro Tamayo Rosas, de Tierra blanca Veracruz decidió desplazarse con todo y familia hacia Oaxaca luego de haberse salvado por un secuestro; el 27 del mes Ricardo Alemán informó en su columna haber recibido inumerables amenazas de muerte por sus textos que denuncian los vinculos con tráficantes de drogas y “el Campeón” (Julio César Chavéz); y al cerrar el mes reaparecío la campaña de descrédito en medios de prensa contra Carmen Aristegui, campaña que yo entiendo como vulnerabilización previa para otras agresiones mayores a las que ha padecido la periodista…. El nuevo ciclo de agresiones al ejercicio, ya comenzó.
Sí, ya inició el nuevo ciclo de agresiones a periodistas. Y, todos los casos ameritan la intervención del gobierno federal porque la mayoría de gobernadores han mostrado, durante 15 años, que no les preocupan los periodistas a menos que los critiquen.
Roberto Campa Cifrian es el responsable político y Sara Irene Herrerías la responsable operativa del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Y no han dicho una palabra publicamente por todos estos casos. Ambos, representan a una instancia federal que en lugar de crecer, palidece cada día ante las dimensiones del doloroso fenómeno que nuevamente va a la alza.
EL CICLO ANTERIOR
Para recordar y ubicar el perfil de este largo periodo, de agresiones a periodistas y medios, que comenzó técnicamente en el año 2000, refiero que la organización internacional Artículo 19 ha documentado una alza espectacular en el registro de ataques contra la prensa durante los 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Artìculo 19 documentó 1,092 agresiones (182 por año en promedio). Durante el actual periodo presidencial sus registros indican 330 agresiones en 2013; 326 en 2014 y unas 334 en 2015.
Los asesinatos y otras agresiones violentas, como es público, también las ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos /CNDH). De 2000 a la fecha este organismo tiene registrados 107 homicidios de periodistas y en los últimos 10 años registró a 20 trabajadores de medios desaparecidos; 48 atentados a instalaciones del 2006 a la fecha.
PREVENIR Y ACTUAR DE OFICIO
Campa Cifrian y Sara Irene Herrerías ofrecieron en octubre de 2015 que ahora si, el mecanismo federal de protección a periodistas abriría su Unidad de Prevención y que daría más atención a los casos y zonas de alto riesgo. Incluso comenzaron bien al realizar la primera reunión plenaria de su Junta de Gobierno en Veracruz.
Pero al poco tiempo ambos fueron absorvidos por otros asuntos de la amplísima e ingente agenda de los derechos humanos en México y sus operadores del mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos se enredaron con procedimientos burocráticos, desatendieron casos de periodistas desplazados de alto riesgo, prolongaron hasta en cinco meses la aplicación de medidas a otros periodistas y con todo ello, otra vez se fue haciendo nebulosa la presencia y efectividad del mecanismo.
Uno mi voz a las que han solicitado que el Mecanismo federal intervenga de inmediato ante varios gobernadores para exigirles y presionarles a que cumplan con la ley federal de protección y con los convenios que firmaron:
Nuevamente con Javier Duarte, gobernador de Veracruz –antes que se vaya– porque durante su gobierno ha sido el ciclo más letal en el país contra el ejercicio del peeriodismo.
Con Gabino Cue de Oaxaca porque como denunció la Casa de los Derechos de Periodistas ya son ocho los homicidios de trabajadores y directivos de medios de comunicación durante su mandato y su entidad se convirtió en la segunda más letal para la vida de informadores;
Con Graco Ramírez Garrido porque, como denunció el Foro de Periodistas de Morelos, ha mostrado total desinterés por el mecanismo estatal de protección a periodistas como lo prueba el que de los 10 casos de agresión que se presentaron en 2015 por lo menos en ocho se ha incumplido con las medidas mínimas solicitadas en un entorno de violencia creciente.
¿Cuántas agresiones, cuántos asesinatos necesitan ver Roberto Campa y Sara Irene Herrerías para actuar de oficio ante amenazas y agravios que, en la absoluta mayoría de los casos ocurren en los estados y son cometidos por políticos, policías locales y estatales y otros servidores públicos? ¿Cuándo veremos que tienen la decisión de actuar como manda la ley? O sea con oportunidad y efectividad. Subsecretario Campa usted tiene la palabra.
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