Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Hay un hedor a descomposición acelerada del poder político en el Estado de México. Tiene varios síntomas. El fenómeno más preocupante es el crecimiento de la violencia y la impunidad con que se cometen los delitos especialmente en sus zonas más pobladas: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Reyes La Paz y Toluca. El segundo es que, en lo que va de 2019, la violencia en esas zonas alcanzó a más periodistas que nunca, pero los autores son servidores públicos.
Las amenazas, abusos, demandas civiles, golpizas se multiplican contra reporteros mexiquenses, en grado tal que provocó lo inusitado: la unidad que no habían logrado en décadas.
El 10 de julio circuló un documento firmado por colegas del Valle de Toluca, del Valle de México y de la Zona Oriente. Eso es lo insólito.
Unitariamente decenas de periodistas emiten cinco demandas, pero también solicitan reacciones inmediatas del gobierno de Alfredo del Mazo, el de Andrés Manuel López Obrador, del Congreso de la Unión y el estatal, de las comisiones de derechos humanos y de los 125 alcaldes.
23 agresiones
Es que no habían sentido tal hostilidad en tan poco tiempo. Así lo registró la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, que el 9 de julio emitió un recuento:
“De agosto de 2018 a la fecha, la Codhem ha recibido 23 quejas por agresiones a periodistas, 16 de ellas en el presente año, 8 de las cuales se promovieron entre junio y julio, por lo que se advierte un incremento en cantidad y frecuencia del fenómeno en la entidad”.
Eso es lo que detonó el comunicado unitario de los periodistas mexiquenses que además acusan que: “el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz, “no han brindado la mínima atención a estos casos de agresión… no esperaremos un saldo trágico”.
Crisis del modelo prensa-poder
El modelo de relaciones del poder político mexiquense con la prensa y los periodistas también se descompone aceleradamente.
Ese modelo había sido extraordinario por décadas, en comparación con la mayoría de las entidades de la República, porque allí se fomentó la multiplicación al infinito de medios de prensa, con una dependencia extrema de los recursos públicos de la mayoría de los medios de todos los tamaños tanto del Estado como de los municipios con poder económico.
Parte de lo extraordinario del modelo Estado de México es la cantidad de medios y periodistas que sobrevivían hasta las elecciones de julio de 2017.
Formalmente, el padrón federal de medios reconoce 14 diarios impresos, el Congreso del Estado tiene vínculos comerciales con 120. Extraoficialmente, entre periodistas se comenta lo terrible que es el número de medios de prensa “fantasmas” (pocas páginas, mal diseñados, mal impresos y escaso tiraje). Cuando se incluyen a los que circulan en los 125 municipios pueden ser más de 600: “y eso, hasta este mes, porque siguen apareciendo periódicos digitales como hongos” nos dice realistamente uno de los reporteros históricos en Toluca.
Ese singular modelo mexiquense aceleró su descomposición desde la llegada del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza (septiembre de 2017). El tipo de relaciones se ha desconfigurado aceleradamente. Entró en crisis en varios aspectos, singularmente por la indefinición pública de las políticas de comunicación oficial diez meses después de iniciado este gobierno; pero más todavía en la opacidad y la virtual suspensión de los flujos del gasto de publicidad. “A la mayoría no les han revalidado convenios ni les pagan con los anteriores… eso también ocurre con muchos gobiernos municipales”, se repite estos días entre editores y reporteros.
La tercera crisis en las relaciones es que, con el sofocamiento hubo recortes y cierre de pequeñas empresas, decenas de periodistas despedidos, afloró más su maltrato profesional y, como efecto coalición, proliferaron los periódicos digitales que, ampliaron la competencia y por posicionarse buscan notas “vendedoras” especialmente de violencia e incumplimientos gubernamentales.
Esto también amplió la distancia y las tensiones entre medios y políticos. Los gobiernos tanto estatal como municipales están perdiendo una instancia de propaganda. Entonces, los periodistas se volvieron más incomodos y objetos de agresiones A eso hay que aunarle el ambiente de violencia delincuencial que no han podido frenar las autoridades.
Exigencias de protección.
Desde el 25 de abril de 2019, por peticiones y presiones de periodistas, la fracción mayoritaria del Congreso Local que encabeza Morena intenta una alternativa por la vía legislativa, pero se le imbricaron las tres crisis del periodismo: inseguridad, la de publicidad y la precariedad en los derechos laborales de reporteros y editores.
Ese día, la diputada Azucena Cisneros presentó una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, la quinta que en menos de 9 años se presenta en la cámara mexiquense. Ninguna avanzó más que en hacer foros, no solo por débil voluntad política del gobierno estatal y legisladores, sino porque otro freno fueron las confrontaciones entre grupos y corrientes de periodistas.
Para este julio de 2019, parece más probable que se apruebe una ley de protección a periodistas porque no la impulsa el gobierno del estado, sino la coalición de Morena.
Sin embargo, para que esa ley avance parece fundamental que las y los periodistas sigan unidos y con una agenda mayor a sus cinco puntos del comunicado.
Otras medidas necesarias
– Ante las contingencias de inseguridad para el ejercicio del periodismo, el Congreso y el Gobierno del Estado tienen que hacer una campaña de reconocimiento que esta actividad es del interés público para hacer valer el derecho de la gente a estar informada con libertad.
– Ya es tiempo también de hacer valer el código penal federal que sanciona a quien obstaculice, agreda o impida el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa (ignoro si hay esas penas en el código estatal). Tras cada agresión las asociaciones de periodistas pueden iniciar el procedimiento penal contra quien resulte responsable.
– Es indispensable que el gobierno estatal y muchos de los municipales difundan cuáles son sus políticas de comunicación, el tipo de relación que quieren con los medios y sus criterios de gasto en publicidad. Y, por supuesto, comenzar a cumplir sus compromisos previos de pago, antes de que desbrocen la gigantesca lista de clientes “fantasmas”.
– En el Congreso, la fracción mayoritaria con sus aliados, tienen que pensar no sólo en una ley sino en un andamiaje jurídico que atienda las tres crisis:
– Ley de protección cautelar para el ejercicio del periodismo;
– Ley del ejercicio del gasto público en publicidad del gobierno central y de los municipios, en la que tendrán que incluirse a los medios de prensa no lucrativos y éticos como alternativa al desempleo; y
– Modificaciones a leyes secundarias para conceder seguridad laboral y social a los periodistas más vulnerables, no para todos.
Es de esperar que la ebullición de las y los periodistas escale otro nivel de unidad, por ejemplo, un frente amplio permanente con un protocolo de autoprotección y para la reacción inmediata contra agresiones (red de redes) que haga reaccionar a los cuerpos de seguridad de inmediato.
Muchos saben que con una agenda común encontrarán aliados en otras organizaciones y de periodistas fuera del Estado de México. (rogeliohl111@gmail.com).
Spanish