Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por el Ejército Mexicano debiendo cumplir órdenes del más alto nivel del Poder Ejecutivo. Enrique Peña Nieto como Presidente de la República era el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
El rescate de los tribunales norteamericanos y posterior exoneración por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una clara muestra del poder del ejército.
Poder que se impone sobre los poderes civiles de la República desde hace décadas, llegando a constituir una verdadera dictadura militar amparada en la partidocracia y cometiendo delitos de lesa humanidad contra la población civil en una guerra de exterminio.
La desaparición forzada de personas y demás delitos de lesa humanidad no prescriben pero en México se brinda la más alta protección, impunidad y encumbramiento a los perpetradores, personajes nefastos como Diódoro Carrasco han sido premiados con altos cargos públicos.
Cuatro gobernadores han ocupado el poder en Oaxaca después de iniciada la guerra contra los indígenas Loxicha en 1996 en el sexenio del también genocida Ernesto Zedillo Ponce de León y todos han continuado con la guerra y el saqueo contra el pueblo de Oaxaca sin excepción.
Cuando la campaña política para el relevo gubernamental bombardea de falsos mensajes a los oaxaqueños y por protección e impunidad, Alejandro Murat permitirá una tersa alternancia al candidato del partido de estado, las víctimas de la represión sabemos que no habrá justicia.
Si Andrés Manuel López Obrador es incapaz de cumplir sus promesas de campaña y lejos de acotar el poder político, económico e impunidad del Ejército Mexicano permite su expansión, las bandas criminales, el crimen organizado y sus jefes políticos van a seguir operando.
Se ha comprobado a lo largo de la historia en México: el ejército no es la solución de la inseguridad ni garantía de respeto de los Derechos Humanos, son el problema y los principales violadores de la Constitución, convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Las guerras en distintas partes del mundo lo evidencian cada día, el ejército se convierte en una máquina de destrucción que genera altos gastos para su mantenimiento, aprovisionamiento y modernización pero también por los daños causados a la vida e infraestructuras.
Así como a nivel mundial la humanidad, los pobres y desvalidos de las naciones atacadas posiblemente no tengan el menor asomo de justicia, los mexicanos corremos el riesgo de que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra no sean castigados por ningún tribunal.
El alto costo en vidas humanas que las naciones han pagado en las dos guerras mundiales, los millones de víctimas anteriores y posteriores deben enseñarnos que la guerra es el camino equivocado y que nuestra vida, la vida del planeta solamente existirá apostando ya por la paz.
Trabajemos en la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas de los problemas que aquejan a la humanidad pues no sólo es el cambio climático, las desigualdades entre ricos y pobres, la discriminación por el color de la piel y el origen. Hay riesgo de guerra nuclear.
¡Alto a la guerra! ¡Alto a la impunidad!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos humanos
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