Cientos de mujeres y niños migrantes que solicitan asilo humanitario en Estados Unidos son encerrados en dos prisiones en el sur de Texas. Sería la antesala “diplomática” para su deportación si no fuera por el trabajo legal de colectivos de abogados y activistas. En el Camino acompañó a un grupo de ellos en su tarea cotidiana de defenderlos. Esta es la historia
Texto y fotos: Martha Pskowski
Dilley, Texas.- En este lugar, los hoteles y remolques parecen superar en número a las casas. Es abril. Hoteles y estacionamientos para casas rodantes se llenan de la fuerza laboral de esta comunidad cercana a San Antonio y que vive de sólo dos actividades: la extracción de gas shale, mediante el controvertido método de fracking, y la administración de prisiones privadas.
Dilley es una pequeña comunidad en el sur de Texas, cercana a la popular ciudad de San Antonio y que a primera vista parecería un pueblo cualquiera de Estados Unidos. Pero no es así.
El sitio alberga una prisión estatal y, desde 2015, al South Texas Family Residential Center, el centro de detención de inmigrantes más grande del país.
En este lugar el gobierno estadunidense concentra a las mujeres y niños que huyen de sus países en busca de asilo humanitario para salvar sus vidas. La mayoría proviene de Centroamérica, Sudamérica y de lugares tan lejanos como Siria.
Su estancia en el lugar forma parte de un proceso de “selección” por parte de las autoridades estadunidenses, que tienen la última palabra sobre el destino final de estas familias: O las recibe en su territorio, con las restricciones de un refugio humanitario, o las envía de regreso a sus comunidades para enfrentar la amenaza de muerte que les obligó a huir.
Es por esto que, desde la llegada de las primeras familias migrantes a Dilley, en marzo de 2015, un pequeño pero decidido grupo de abogados y activistas se estableció en el pueblo con la intención de proveer asesoría legal a las familias detenidas.
CARA surge de la unión de cuatro organizaciones que apoyan a migrantes y que realizan trabajo pro-bono (gratis) para defenderlos: Refugee an Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC) y el Consejo Americano de Inmigración.
Su trabajo en el centro de reclusión es fundamental. La mayoría de las mujeres y niños en este lugar jamás ha roto alguna ley en Estados Unidos. Están detenidos por buscar asilo en el país.
Casi todos, dice Katie Shepard, abogada de CARA, “han pasado meses, y gastado todos sus ahorros, y todo para terminar en Dilley”.
“En lugar de brindarles el refugio, al cual estamos obligados bajo las leyes internacionales y domésticas, los encarcelamos innecesariamente.”
La batalla contra las cárceles
Dilley se encuentra a la mitad del camino entre San Antonio y la frontera con Laredo, Texas. Es un largo camino recto, con nada más que torres petroleras y paraderos de tráileres como paisaje.
El diseño de la cárcel de migrantes y su ubicación en este pueblo apartado, no son accidente.
La prisión de esta comunidad es el tercer experimento en cuanto a detenciones familiares en los últimos años. Activistas y abogados han jugado roles en la clausura de los primeros dos proyectos y ahora, si tienen éxito, Dilley tendrá el mismo destino.
La primera instalación destinada a mantener a familias inmigrantes detenidas, en 2006, fue la cárcel de Hutto en Taylor, Texas.
Hutto era administrada por la empresa Corrections Corporation of America, la cual también se encarga de Dilley. Abogados con sede en Austin y otros activistas pro-inmigrantes, consiguieron que se clausurara el centro de detención familiar de Taylor después de una intensa campaña.
Entonces, en el verano de 2014, Estados Unidos recibió una inusual oleada de niños y mujeres centroamericanos, que se convirtió en una intensa crisis mediática para el presidente Barack Obama.
Más de 60.000 menores fueron detenidos en la frontera sur de ese país, la mayoría en busca de tramitar un eventual asilo que los reuniera con sus familias.
Las leyes estadunidenses facilitan que los menores extranjeros en condición irregular puedan permanecer en el país, mientras se realiza un juicio que define su situación.
En los hechos significa quedarse: en Estados Unidos sólo hay 300 jueces migratorios para resolver miles de casos cada mes.
En ese escenario, el vicepresidente Joe Biden advirtió que ninguna mujer que viajara con niños sería candidata para recibir asilo. Y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió “mandarlos de regreso”.
Entonces, ante la emergencia humanitaria –catalogada así por organizaciones internacionales- la Casa Blanca reactivó la inapropiada detención familiar.
“Rostro humano”
El gobierno se puso la meta de deportar a las familias dentro de los primeros 10 o 15 días después de su captura, aun si ninguna de sus razones para pedir asilo hubiera sido escuchada.
Una de las primeras consecuencias de esta decisión es la cárcel de Artesia, que el Departamento de Seguridad Interior (DHS en inglés) abrió en medio del desierto de Nuevo México y a más de tres horas de El Paso, Texas, la ciudad más cercana.
En el lugar se encerró a 500 mujeres y niños. Abogados de varias partes del país documentaron meticulosamente cada caso para asegurar que se respetara la ley de asilo y evitar expulsiones arbitrarias. Además, denunciaron el pésimo estado de las instalaciones carcelarias, donde mujeres y niños por igual eran forzados a usar trajes de presos sin acceso a servicios telefónicos para contactar a sus familias o abogados.
Artesia fue clausurado el 15 de diciembre de 2014 y su lugar fue ocupado por el centro de reclusión de Karnes, en el sureste de San Antonio, que se convirtió en el nuevo destino de las familias migrantes detenidas.
Al mismo tiempo se empezó a construir la cárcel de Dilley, inaugurada en marzo de 2015. Las dos prisiones se ubican a más de una hora al sur de San Antonio, en la despoblada zona rural de Texas, lejos de abogados y defensores que puedan representar a las familias detenidas.
No fue casualidad, dice Ian Philabaum, jefe de proyecto de CARA. La construcción de Dilley fue una respuesta a la imagen negativa que acumuló su antecesora en Artesia.
Por lo mismo se buscó darle al nuevo centro un rostro “humano”, donde las familias contarían con servicios médicos, más espacio y sin la necesidad de utilizar uniformes. La idea, dice el abogado, fue “aparentar que la detención de familias no es tan mala”.
En Dilley se pueden alojar hasta 2,400 personas, aunque ahora la población se estima en unos 900 internos. Karnes tiene 500 detenidos y está en proceso de ampliación para mantener 800.
Las migrantes “guerreras”
Ana Camila Colon, abogada de CARA, define a las mujeres que defiende para evitar su deportación: “Son valientes, son guerreras. Esa es la razón por la que han llegado hasta aquí”.
En el abanico de sus clientes se encuentran familias de El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Ecuador, Brasil, Siria.
La abogada y sus compañeros conocen bien las historias de las mujeres y niños que pasan por aquí. Lo saben porque les ayudan a preparar las entrevistas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) para conseguir asilo.
El 91% de las mujeres representadas por CARA pasa la prueba de miedo razonable, un examen que aplican agentes de migración para determinar si existen razones suficientemente creíbles para que una persona sea asilada por riesgos a su vida.
Miles de mujeres y niños se entregan voluntariamente en la frontera para solicitar refugio cada año. ICE permite a casi todos los que se entregan en la frontera ir directamente con sus familias para seguir sus procesos legales. Aunque encuentren otras dificultades para pedir asilo, no tienen que pasar por un centro de detención.
Hasta ahora el ICE nunca ha explicado el proceso para decidir quién es enviado a centros de detención.
Otras de las familias detenidas en Dilley están aquí por cruzar sin documentos a Estados Unidos y, después solicitar asilo.
En enero llegaron familias detenidas en Atlanta, Georgia, lejos de la frontera con México. Entre ellas se encuentran Soledad Villegas y Evelyn de León Sandoval, ambas de Guatemala. Comparten una habitación en “La Casa”, un albergue de la asociación RAICES ubicada en San Antonio que provee ayuda a mujeres liberadas de la detención. Las dos mujeres llegaron aquí después de viajar más de un mes, huyendo de la violencia.
La raíz del miedo
Villegas es una delgada mujer de 25 años originaria de Huehuetenango, con ojos grandes y cabello largo amarrado hacia atrás. Su hijo de 3 años está sentado a su lado en la mesa de la cocina, sus ojos me siguen para todos lados. El niño sonríe tímidamente justo antes de esconder su cara en el pecho se su madre.
Ella dejó Guatemala acompañada de su esposo y su hijo el 28 de febrero pasado, después que las pandillas de Maras mantuvieran secuestrado a su hijo por varios días. Cuando fue liberado la familia se marchó, con el plan de quedarse en México.
Pero cuando estaban en Chihuahua, al norte del país, recibieron un breve y contundente mensaje en su cuenta de Facebook. “Sabemos que cruzaron, ahí los estaremos esperando”, decía.
En ese momento decidieron separarse. La mujer se encaminó a la frontera para entregarse al ICE con su hijo. De su esposo nada sabe, aunque confía en que logró cruzar a Estados Unidos.
“La parte más difícil es cuando mi hijo llora en las noches, buscando a su papa, y no sé qué decir”, confiesa.
Soledad Sandoval es tímida, pero poco a poco, mientras sus dos hijos juegan y dibujan en la habitación contigua en las oficinas de CARA, cuenta que abandonó Guatemala para huir del insoportable abuso de su esposo.
Llegó a México con los niños y sin dinero para contratar un coyote, pero en Tapachula encontró a un hombre que les ofreció ayuda para llegar al norte.
La engañó. El sujeto los llevó a su casa junto con una mujer de Honduras, y los mantuvo presos durante los siguientes ocho días. Las dos mujeres sufrieron constantes abusos sexuales; escaparon cuando el hombre salió a conseguir comida.
Soledad sabe que el proceso para recibir asilo será largo y difícil, “pero prefiero pelear contra el sistema legal de Estados Unidos que contra el padre de mis hijos”, dice.
Historias como éstas son comunes entre las mujeres que llegan a las prisiones de Dilley y Karnes. Son mujeres que han sobrevivido a extorsiones, violaciones, abuso doméstico o amenazas contra ellas o sus hijos. Y a pesar de su miedo genuino a regresar a sus países de origen las mujeres enfrentan una posibilidad real de ser deportadas.
Por eso, proyectos como el de los abogados de CARA son fundamentales; sin ellos las mujeres no tendrían posibilidades de tener abogados que les ayuden en el proceso de buscar asilo.
El primer paso
Desde el principio, el grupo que conforma CARA tomó la decisión de asesorar a todas las personas en detención.
Con ello “inmediatamente nos convertimos en un jugador más en la mesa porque podemos defender en masa para contrarrestar la habilidad del gobierno para deportar en masa”, explica el abogado Stephen Manning.
Cada semana nuevos voluntarios llegan a las oficinas de la organización para tomar los casos pendientes. Durante una semana de abril, por ejemplo, un grupo de ellos consiguió preparar a 175 mujeres para sus entrevistas de Miedo Razonable o Creíble y aceptar otros 150 casos nuevos.
Es quizá el momento más importante en la petición de asilo, porque quienes no superan el examen pueden ser deportadas. Cuando eso sucede el grupo pide una segunda entrevista o bien la revisión del caso por un juez de migración, algo que en la mayoría de los casos resulta exitoso.
Uno de los retos permanentes para CARA, al igual que para otros abogados pro-asilo y pro-inmigración en Estados Unidos, son los clientes cuya situación de peligro en sus países de origen no encaja en las categorías establecidas en las leyes para otorgar asilo: que exista un problema de persecución religiosa, racial, política o social.
La mayoría de los solicitantes de Centroamérica y México suelen ser clasificados como “persecución basada en pertenencia a un grupo social”, sin embargo la jurisprudencia en estos casos es limitada.
El patrón más notable este año ha sido el incremento en los casos de mexicanos, que huyen de la violencia desatada entre carteles de droga en los últimos años.
Durante los primeros tres meses de 2016, CARA brindó asistencia legal a 100 familias mexicanas, casi todas provenientes de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Una diferencia notable con 2015, cuando el grupo de abogados sólo tuvo 40 de estos casos, que son difíciles de defender, dice Katie Shepard.
La clave del negocio
El consorcio Corrections Corporation of America (CCA), opera la prisión de Dilley y más de 65 centros de detención y correccionales en todo Estados Unidos. El grupo GEO, a su vez, es dueño de Karnes.
La detención de familias es un negocio altamente lucrativo para los dos consorcios, pues de acuerdo con el Homeland Security, cada detenido le cuesta al gobierno federal 343 dólares al día.
Con ese estimado, multiplicado por los 900 detenidos actualmente en Dilley, el gobierno federal paga más de 300,000 dólares diariamente por la atención a estas personas.
Lo más grave es que poco se sabe de la vida tras sus paredes, pues el acceso a las prisiones privadas es particularmente difícil para la prensa. La petición de esta reportera para recibir un recorrido o una entrevista con ICE fue rechazada.
Historias acerca de las condiciones en el interior se filtran cuando las mujeres liberadas hablan con los periodistas, o a través de miembros de CARA quienes organizan campañas en línea con base en las quejas de sus clientes.
La desinformación acerca de los derechos de las mujeres detenidas es la norma y, sin la ayuda de CARA, no recibirían ninguna información acerca de sus peticiones de asilo.
De acuerdo con el abogado Philabaum “los oficiales de ICE siguen manteniendo a estas mujeres con temor, lo cual es la continuación del miedo que las orilló a abandonar sus países en primer lugar”.
Villegas relata cómo una noche, en Karnes, su hijo estaba enfermo pero un guardia comenzó a gritarle y a jalonearlo del brazo. Ella reportó el incidente. “Venimos escapando de la violencia y que alguien venga y nos trate de la misma manera está mal”, dice.
Además, este 2016 ha notado un aumento en el número de niños y recién nacidos que están detenidos en las instalaciones. Sólo durante marzo, por ejemplo, la organización encontró a 101 niños menores de 2.5 años en esta condición.
Dentro de la prisión es común ver mujeres amamantando o a voluntarias intentando calmar a un bebé mientras su madre asiste a la junta de consulta legal.
Un futuro “sobresaturado”
Las mujeres y niños liberados de Dilley se encuentran en el umbral del proceso que les permitiría quedarse en Estados Unidos.
El primer paso lógico es buscar la forma de reunirse con sus familias en su nuevo país, pero incluso este sencillo proceso puede resultar complicado para quienes han pasado por un largo sufrimiento.
Por ejemplo muchas mujeres que fueron víctimas de violación interrumpen su embarazo en San Antonio; otras necesitan urgentemente asesoría legal y la mayoría, además, apoyo psicológico.
Las manos de ayuda no son suficientes, confiesa Andrea Meza, abogada de RAICES. “Estas mujeres tienen una gran necesidad de apoyo legal, pero hay una gran escasez de servicios”, señala.
Otro caso es el de los menores migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza. Ellos tienen acceso a abogados pro-bono y otros servicios, pero si las autoridades estadunidenses descubren que viajan con algún familiar el ICE determina que no son elegibles para un eventual asilo.
Cuando estas familias prueban que sus peticiones de asilo son legítimas, de acuerdo con Meza “son vulnerables y carentes de recursos”.
El trabajo de los abogados y activistas ha logrado frenar un poco las deportaciones de familias de inmigrantes, pero el flujo de detenidos enviados a Dilley y Karnes no cesa.
Los miembros de CARA –como otras organizaciones civiles- están convencidos que las redadas y deportaciones masivas pretenden disuadir a los migrantes de Centroamérica.
La estrategia no parece funcionar. Cada semana los activistas reciben nuevos casos, sobre todo de mujeres que se encuentran en la disyuntiva de enfrentar la muerte en sus países o arriesgarse a viajar a Estados Unidos.
Es un flujo que no se detiene, ni siquiera por el controvertido Plan Frontera Sur que implementó el gobierno mexicano en 2014: miles de centroamericanos llegan cada semana, más desesperados que nunca, a México.
Obama insiste en que su estrategia de deportaciones se enfoca en inmigrantes con historial criminal. Pero con su discurso el presidente estadunidense parece querer ocultar a los miles de mujeres y niños enviados a campos de detención, cuando lo único que buscan es asilo en Estados Unidos.
Quedarse para poder seguir con vida.
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