Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
El próximo martes 14 de julio ocurrirá en la ciudad de México una especie de reunión cumbre para examinar los protocolos de actuación para la protección de periodistas en México.
Se necesita saber qué está fallando porque los agravios al periodismo mexicano siguen a la alza. Según el informe semestral de Artículo 19, cada semana de 2014 se registraron 6 en promedio y en lo que va de 2015 el índice ascendió a 9 ataques semanales. Ya se rebasaron con mucho los indicadores, de por sí atroces, del sexenio de Felipe Calderón.
El encuentro será abierto como foro. Participarán los representantes del Mecanismo federal de protección a cargo de la Secretaría de Gobernación, de la fiscalía especial de la PGR, de la oficina de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Artículo 19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de varias organizaciones civiles. La convocatoria es de la Revista Zócalo, Reporteros sin fronteras y la Comisión de los derechos humanos del Distrito Federal.
Las instancias del gobierno federal, al igual que esas y otras organizaciones han generado en cinco años, un sinfín de protocolos, manuales, guías, prontuarios, tanto para su actuación en casos de agresiones o amenazas como de recomendaciones para la prevención. Pero, todo ello parece insuficiente. Con este texto intento hacer un aporte modesto para los consensos de esa reunión.
Aunque parezca utópico es necesario plantear un reenfoque de todos los programas y planes gubernamentales y civiles de protección al periodismo y tratar de hacer sinergias en un solo sentido. Un punto de partida es dejar de observar a los periodistas como víctimas potenciales y asimilarlos en todos los programas como sujetos activos que pueden y deben ser actores en la construcción de respuestas. Es decir que se defiendan ellas y ellos con organización, capacitación profesional, con otras prácticas en su ejercicio y que tengan el respaldo de todos los que hoy quieren protegerlos.
UNA ESTRATEGIA COMUN
En buen número de colegas conocen mi hipótesis planteada en el “Prontuario de recomendaciones para fortalecer a periodistas vulnerables de México” que editaron Freedom House y la Casa de los Derechos de Periodistas:
“Las causas de origen de la violencia contra periodistas son estructurales. Los agravios contra periodistas se facilitan por al menos seis vulnerabilidades que padecemos” derivadas del régimen mercantil y monopolizado de la prensa que impide el desarrollo de medios pequeños y produce la pauperización del periodismo no industrializado. A lo que se aúnan esas rémoras autoritarias de gobernantes para tener el control del periodismo profesional, especialmente de investigación, prácticas que se aposentaron en los gobiernos de los estados y en los municipios”. De allí provienen la mayoría de agravios.
Por tanto, se deben buscar respuestas de esa envergadura, estructurales, entre las que tienen que estar, por supuesto las de tipo policiaco y cautelar. La hipótesis y propuesta se pueden consultar en https://freedomhouse.org/sites/default/files/Prontuario%20para%20fortalecer%20a%20periodistas%20vulnerables%20de%20M%C3%A9xico.pdf
La estrategia que hemos venido proponiendo a colegas de diversas entidades es que adopten metas de lo que podría convertirse en un Plan de protección integral para el ejercicio del periodismo, una agenda común de los periodistas con objetivos precisos para reducir sus vulnerabilidades: por deficiencias profesionales, por maltrato laboral y bajas prestaciones sociales; ante los agravios; frente al régimen legal deficiente y malas prácticas de servidores públicos, y esa horrorosa atomización organizativa, que también promueven los políticos.
Si se puede. Las y los colegas del país interesados en estos temas –que no son pocos– saben bien que la mayoría de los objetivos de un plan así sólo se pueden alcanzar a mediano y largo plazo. No obstante, en varias entidades, entre dificultades e incomprensiones de otros colegas, ya avanzaron en la formación de redes de reacción rápida cuando registran agravios, en la creación de asociaciones y colegios profesionalizantes, en el impulso de políticas públicas y leyes estatales de protección integral, en alianzas con centros de educación superior, en la promoción constante de talleres y cursos para elevar capacidades periodísticas.
En la mayoría de las entidades donde han avanzado en algunas de estas metas se han reducido los registros de violencia en su contra. Nayarit, Colima, Chiapas, Baja California, Querétaro, Durango, Hidalgo. Saludo desde aquí las recientes asociaciones civiles de Quintana Roo y Michoacán …Pero falta mucho.
En esa concentración de actores involucrados en la protección a periodistas del martes 14 de julio, el tema central será la revisión de los protocolos de actuación. Pero seguro que saltará la pregunta ¿qué más se puede hacer? Y más de uno de los asistentes sabremos que se necesitan alternativas integrales y viables.
Entre todas las carencias, una oquedad pesa demasiado. En todos lados las y los colegas saben lo mismo que reclamamos desde las organizaciones: la indefinición y falta de energía del Presidente de la República frente a este problema. Una posición del gobierno federal enérgica impactaría a los gobernadores que, en lo general, también son socarrones frente a
las denuncias de los periodistas. Lo más que hacen es condenar de palabra alguno que otro homicidio.
Y ¿qué tal si comenzamos por intentar una sola metodología del monitoreo y análisis de los agravios a periodistas, para homologar un solo diagnóstico y abonar para una sola estrategia, así fuese solamente entre las instancias de gobierno? Hace unas semanas escribí una reflexión para la revista de análisis del sindicato de trabajadores de la UNAM donde invité a esta casa de estudios a incorporarse a la elaboración de una metodología para la captura de datos e interpretación de las causas de los agravios a periodistas.
Esto es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13 monitoreos y diagnósticos diferentes por usar metodologías distintas, según el origen nacional y la agenda de intereses del grupo evaluador. Todos arrojan resultados numéricos diferentes.
De estos, cinco son de organismos internacionales: Artículo 19, Reporteros sin fronteras, Freedom House, Centro Internacional para Periodistas y el Comité de Protección a Periodistas (ICFJ y CPJ, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones de origen mexicano que intentan diagnosticar son cuatro: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de información de la Mujer (CIMAC), Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
Del Estado mexicano son cuatro las instancias que tampoco logran un diagnóstico común: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE); la Comisión Especial de Seguimiento a los Agravios contra Periodistas de la Cámara de Diputados y su similar en el Senado. Estas últimas ya se restringen solo a comunicados de condenas ante agresiones graves.
Y, la instancia oficial que debería tener el diagnóstico más riguroso para guiar su trabajo es el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se instaló en octubre de 2012, pero ni siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención, Control y Análisis que ordena la ley.
Esta es la aportación a la reunión del 14 de julio de este reportero.
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