Las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Gobernación iniciaron el análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones para proteger a los periodistas, así como a personas e instalaciones contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En este sentido, los legisladores realizaron la primera audiencia pública con Frank La Rue, relator sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, quien reiteró que uno de los factores fundamentales para garantizar la seguridad de periodistas y de cualquier persona es erradicar la impunidad.
Lograr un nivel de eficiencia en el sistema de justicia, de investigación y procesamiento de los responsables de las agresiones, enfatizó, es fundamental para eliminar las amenazas.
A pregunta de los senadores, el Relator reconoció que los actos de violencia contra comunicadores tienen su origen en el crimen organizado, pero también, en un Estado federativo como México, “pueden venir” de múltiples niveles de autoridad. Dichas agresiones, agregó, normalmente se vinculan a las investigaciones de corrupción que los periodistas realizan.
Consideró que para resolver “el acoso judicial” se requiere la despenalización de la difamación y que esta figura no exista como delito sino como acción civil, porque no se puede utilizar para perseguir a quienes critican a los funcionarios públicos.
La Rue señaló que el uso de la fuerza pública, las posibilidades de penalización y la amenaza de cárcel son un elemento intimidatorio de la libertad de expresión.
En su turno, el senador panista Roberto Gil Zuarth preguntó cuáles han sido las experiencias en materia de medidas cautelares para la protección de periodistas y la libertad de expresión en el contexto internacional.
En respuesta, el funcionario refirió que para resguardar la integridad de los comunicadores se requieren acciones físicas y materiales de emergencia, medidas legales y de justicia y políticas de protección.
A su vez, la senadora Graciela Ortiz González, titular de la Comisión de Estudios Legislativos, manifestó que en México se ha evolucionado de tal manera que el Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el ejercicio periodístico, pero en algunas regiones el mayor riesgo proviene del crimen organizado.
Frank La Rue dijo que para proteger a los periodistas no se debe prejuzgar el origen de la violencia, porque la razón de esta medida parte de la idea que la labor del prensa es un servicio que facilita el ejercicio de un derecho de la sociedad.
La senadora Angélica De la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó al Relator sobre la necesidad de concebir al Internet como un derecho.
Para el senador priista Eviel Pérez Magaña es fundamental combatir la impunidad, a fin de garantizar los derechos de las personas que se dedican a informar a la sociedad, así como legislar en medidas de protección para periodistas.
En este panorama, La Rue reconoció el “esfuerzo monumental” que el Senado de la República ha realizado para proteger la integridad de los periodistas y pidió a la Cámara de Diputados seguir “esta iniciativa”.
De igual forma, hizo un llamado a los estados para que establezcan lo más pronto posible sus mecanismos locales de protección a comunicadores, con el objetivo de coordinar este tipo de acciones a nivel nacional.
Por otro lado, mencionó que no se puede hacer del Internet un “elemento de élites” en detrimento del resto de la población, “por el contrario debe ser un factor que busque elevar el nivel de vida de todos”.
Advirtió que ningún plan de desarrollo funcionará si no se contempla el acceso universal a la Red, por lo que debe existir la voluntad política para compartir tecnologías de comunicación y lograr la conectividad total de la población.
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