La tarea de nombrar a los migrantes muertos

Una pulsera, el resto de un pantalón, algún rasgo guardado en la memoria del sepulturero, son las posibilidades para identificar los restos de migrantes que yacen en los panteones del sur de México. En el 2012 foreneses argentinos iniciaron un proyecto para recuperar los cuerpos, ahora se espera devolverles su nombre.

Por Ángeles Mariscal

Fotos Moysés Zúñiga

Gabriela Vázquez Chilel, originaria de Guatemala, se toma de la mano con el resto de las madres de migrantes desaparecidos en México y juntas oran alrededor de una fosa común.

Están en el cementerio de Arriaga, Chiapas. Oran como lo hacen desde hace 10 años cuando comenzaron a cruzar el país en busca de sus hijos.

Saben que algunos de los cuerpos que yacen en tumbas sin nombre podrían ser de migrantes que cruzaron la frontera camino a Estados Unidos. Por eso, cada año durante el recorrido que hace la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, repiten el ritual.

“Mi corazón me dice que están vivos. Cuando ellos mueran, yo lo voy a saber”, dice Gabriela Vázquez, sostenida de sus presentimientos. Ella busca dos hijos, Esteban Salvador Pérez Vásquez y José Vinicio Pérez Vásquez, quienes partieron de Guatemala en 2010. Apenas cruzando México, perdió el contacto con ellos.

 En 2012 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ocupó de un tema ignorado por los gobiernos de México y Centroamérica: los migrantes desaparecidos y los cadáveres no identificados a lo largo de la ruta migrante. Con organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, el EAAF se propuso rastrear esos restos anónimos para tratar de devolverles un nombre. El proyecto fue bautizado como Proyecto Frontera y la primera etapa del proceso de extracción e identificación genética se llevó a cabo en 2012. Hoy, las organizaciones están a la espera de que se continúe este año.

El esfuerzo que se hizo con el financiamiento del EAAF, se concretó en la creación del Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados que incluye el registro genético de 73 cuerpos exhumados en ese estado y el registro genético de 800 familiares que buscan a los suyos. Sin embargo, éstos no han sido coincidentes y a la fecha, no se ha logrado devolver el nombre a ningún cadáver.

Mapear los panteones

 –Acá hay como 44 cuerpos. Los vamos acomodando en las orillas porque ya no hay mucho espacio -señala Don Jesús Paniagua, sepulturero desde hace 15 años en el panteón municipal de Arriaga, antiguo punto de partida del tren.

–¿Habrá algunos que sean migrantes?

–Algunos sí, porque murieron en accidentes del tren cuando intentaban subir o se cayeron. De otros no sabemos porque sólo nos los mandan para enterrarlos, ya envueltos en bolsas, no sabemos ni quiénes son- explica.

La realidad de éste cementerio es compartida con casi todos los de la ruta migrante a lo largo del país: cuerpos enterrados en fosas comunes sin ningún tipo de registro que permita o facilite su posterior identificación.

El EAAF, como parte del Proyecto Frontera, mapeó el cementerio de Tapachula para ubicar los cuerpos anónimos. En los pasillos, entre las tumbas y en la fosa común, ubicó casi 200. Su única guía fue la memoria de los sepultureros. El mapeo se repitió en Ciudad Hidalgo, el primer punto de entrada de los migrantes.

Del total de cuerpos mapeados, el presupuesto del EAAF sólo alcanzó para obtener el ADN de 73 cuerpos del cementerio de Tapachula, los cuales están bajo resguardo del Servicio Médico Forense de esa localidad. Los restantes serán exhumados cuando haya recursos económicos y un nuevo convenio de participación con la Procuraduría de Chiapas, instancia que autoriza las exhumaciones y coadyuva en ellas.

El padre Alejandro Solalinde considera que los cuerpos anónimos pueden ser de migrantes muertos en accidentes o por violencia en el camino, pero también de aquellos que se quedaron a vivir en México sin lazos de solidaridad y al morir nadie reclama.

Hay casos más grave, señala el sacerdote, cuando los migrantes son asesinados y sepultados en fosas clandestinas.

“Aquí al albergue vienen y me dicen: mire Padre, encontramos a un migrante muerto así y asa. Sólo le pusimos piedras encima y le venimos a avisar porque no queremos tener problemas”, señala Solalinde.

 La responsabilidad de los países 

En Guatemala, el país de origen de Gabriela Vázquez, la mujer que busca a sus dos hijos, no hay un banco oficial de datos forenses de los familiares de migrantes desaparecidos, a diferencia de Honduras y El Salvador, donde el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro) de Honduras, y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide), han empujado su creación.

La falta de corresponsabilidad de los gobiernos centroamericanos dificulta aún más la posibilidad de identificar los restos anónimos encontrados a lo largo de la ruta migrante en México.

Hasta el momento, explica Aldo Ledón Pereira, de la organización Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes, que trabajó en el proyecto del EAAF, el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes sólo tiene alrededor de 800 expedientes con los registros de ADN de familias de migrantes desaparecidos, originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El proceso de identificación opera cuando las familias denuncian la desaparición y presunción de muerte ante este Banco. Se hace una carpeta de datos forenses, su filiación, su carta genealógica y la ruta que siguió hasta su ausencia. Luego se sacan muestras de ADN de la familia, en espera de cruzar la información con los registros de los cuerpos que se van identificando genéticamente, esperando encontrar la coincidencia.

Este trámite es gratuito para las familias, aunque solo el proceso de obtención de muestras y patrones de ADN tiene un costo de más de 2 mil dólares. El gasto actualmente se subsana con las donaciones que recibe el EAAF.

El trabajo por hacer es aún titánico. No se sabe cuántos cuerpos de migrantes hay sepultados en fosas comunes en el país, menos en las clandestinas. Pero se calcula que unos 20 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México en los últimos 10 años, según datos del Movimiento Migrante Mesoamericano hechos con base en las denuncias de familiares a organizaciones en la región, aunque sólo en unos 2 mil casos las familias han seguido el proceso de búsqueda. Esta cifra de desaparecidos implica lograr un registro de los cuerpos enterrados sin nombre a lo largo de la ruta migrante, en fosas comunes y clandestinas, y registrar los datos genéticos de las familias que los buscan.

A la falta de capacidad técnica, se suma la inseguridad de los lugares donde podrían estar los entierros clandestinos.

 El camino de la identificación está iniciado

Pese a este contexto adverso, Ledón es optimista y cree que el camino para la localización e identificación de cuerpos está iniciado en Chiapas. La apuesta es que las autoridades mexicanas y centroamericanas hagan lo propio: que el registro de cuerpos se continúe y replique en todo el país y que las autoridades de los países de origen lleven un registro de la búsqueda y datos genéticos de familiares.

“Uno de sus últimos puntos de contacto de las y los migrantes fue en la frontera sur. Por ello el Equipo Argentino vio esta entidad como un punto estratégico para construir el primer banco de datos forenses que atendiera a la migración local y trasnacional”, explica.

Para realizar las exhumaciones y registro genético de los cuerpos, el EAF y organizaciones coadyuvantes requirieron la autorización legal y participación de la Procuraduría de Chiapas.

Al exhumar los cuerpos encontraron que la mayoría de ellos sólo había sido puesto en bolsas negras y amarrado con cuerdas; sólo en algunos casos, cuando las bolsas eran verdes, se podía asumir que venía de algún hospital. No había ningún otro elemento para saber las condiciones en que fallecieron.

Como parte del Proyecto Frontera, el EAAF propuso un protocolo para el registro de cadáveres sin identificar. De momento éste sólo se sigue en el panteón de Tapachula, donde a los cuerpos de personas no identificadas se les anexa el número de averiguación previa y datos ministeriales sobre su muerte.

Ahora la tarea es lograr que la Procuraduría de Justicia de Chiapas reactive el programa y se logre exhumar y registrar los datos genéticos de los cuerpos ya ubicados en los panteones de Tapachula y Ciudad Hidalgo, aquellos que mapeó el EAAF.

De momento no han recibido una respuesta. La voluntad política sexenal es una traba, por lo que se debería avanzar hacia una legislación.

“Exigir el Derecho a la Verdad y Derecho a la Justicia es la premisa principal con la que opera este proyecto. Es un derecho de las familias de migrantes el saber qué pasó, cómo y porqué murieron sus hijos, sus madres, sus padres. Luego tiene que venir el acceso a la justicia para que no se naturalice el que ser migrante irregular sea sinónimo de abusos, violaciones a los derechos humanos, muerte y desaparición”, explica Ledón.

Mientras eso no ocurra, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos seguirá recorriendo el país en busca de sus hijos y se detendrá en las fosas comunes de los cementerios a elevar una oración por los que ahí yacen sin nombre, esperando, como Gabriela Vázquez, la mujer de Guatemala, que entre ellos no estén sus hijos.