Un decreto para regularizar a miles de inmigrantes chinos ha causado una intensa polémica en Panamá. Los opositores dicen que es ilegal y representa competencia desleal a los trabajadores locales. En el fondo, existe el temor a la oleada de migrantes no tradicionales que se acerca a Latinoamérica
Texto: Alberto Nájar Fotos: Mónica González
Llegaron hace más de 160 años. Con las manos –literalmente- ayudaron a construir lo que en su momento fue la máxima obra de ingeniería de América. Pero ahora no los quieren más.
Es la comunidad china de Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, que enfrenta una oleada de súbita xenofobia en su país adoptivo.
Muchos parecen olvidar que gracias a la mano de obra de estos migrantes fue posible terminar, en 1914, el canal interoceánico que ha sido su principal fuente de ingresos.
La razón de la inconformidad son dos decretos del presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, para regularizar a miles de extranjeros que llegaron en los últimos años. Uno de ellos, el número 168, se refiere específicamente a los ciudadanos chinos donde les otorga mayores facilidades para obtener un permiso de residencia temporal que al resto de los beneficiados.
Desde el pasado 3 de junio, cuando se publicaron los decretos, empezó una ola de inconformidad entre abogados, sindicatos, artesanos, profesionistas y hasta vendedores callejeros.
Los opositores dicen que la regularización es ilegal porque una decisión presidencial no puede pasar por encima de las leyes de migración. Es, añaden, una competencia desleal a trabajadores panameños y de otras partes de Centroamérica que radican en el país.
Las autoridades insisten en que se trata de proteger a muchos extranjeros que viven casi en la clandestinidad, y quienes frecuentemente son víctimas de abusos y esclavitud.
Las nuevas migraciones
En el fondo la polémica revela un añejo problema que Panamá no ha logrado resolver: una eficiente política hacia los miles de extranjeros residentes en su territorio.
Y también es una muestra de los problemas que empiezan a presentarse en Latinoamérica con la llegada de migrantes no tradicionales, como africanos, árabes o asiáticos.
No es que el método de viaje sea distinto pues de hecho utilizan las mismas rutas de cubanos y centroamericanos, e incluso y a veces recurren a las mismas bandas de traficantes de personas.
La diferencia es el perfil de estos nuevos migrantes pertenecen a las nacionalidades restringidas en Europa y Estados Unidos, es decir, que su tránsito por los distintos países es estrictamente vigilado.
Pero no es todo. Los gobiernos de países receptores, especialmente la Casa Blanca, ejercen una mayor presión política a sus vecinos del sur para contener esa oleada migratoria. En lugares como México la experiencia se reduce a una palabra: violencia.
Aunque los agentes migratorios, soldados o policías no van a impedir su viaje.
Los casos de chinos que pretenden ingresar a Panamá por aeropuertos o embarcaciones regulares son analizados por un consejo de seguridad y migración, que analiza una por una las solicitudes de visado.
Por eso es que muchos entran sin documentos. El censo de 2010 reveló que entonces había 14 mil 158 extranjeros nacidos en China. Ahora se estima que son más de 20 mil, y la mayoría llegó de forma irregular.
Proyectos mineros, las nuevas atracciones
El primer registro de chinos en Panamá se ubica en 1856, cuando llegaron 750 personas y se instalaron en barrios marginados de la ciudad capital.
Como en otros países del continente el flujo de estos migrantes nunca se detuvo pero a partir de 1904, cuando empezó la construcción del canal interoceánico, el número aumentó exponencialmente.
No existen registros de cuántas personas llegaron para participar en la obra, pero es claro que la mayoría se quedó en el país. De hecho los censos de población revelan que hasta el 6 por ciento de los 3.5 millones de panameños tienen origen o algún vínculo familiar con esta población.
En los últimos años se produjo una nueva oleada de migrantes, aunque esta vez el polo de atracción son dos proyectos mineros. Uno de ellos, llamado Cobre Panamá, pretende extraer más de 320 mil toneladas del mineral en los próximos 34 años y para ello necesita contratar a 7 mil trabajadores en su construcción. El 24 por ciento de ellos son extranjeros, incluidos originarios de China.
Al mismo tiempo en la vecina Nicaragua una empresa de este país construye otro canal para comunicar los océanos Pacífico y Atlántico. Como sucede en otros casos de obras grandes, los responsables de la construcción llegaron con cientos de empleados chinos.
Por eso, el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez emitió los dos decretos extraordinarios para regularizar a los extranjeros que viven sin documentos migratorios en regla en el país.
Uno de ellos, el 168, se refiere exclusivamente a los ciudadanos chinos, algo que provocó una intensa polémica. El Colegio Nacional de Abogados, por ejemplo, dice que contraviene las leyes de migración vigentes en el país.
“No puede venir un decreto menor, como en este caso del Ejecutivo, a hacer un proceso de regularización por encima del marco de la ley”, dice María Isabel Sarabia, presidenta de la Comisión de Migración del Colegio.
Una de las críticas es que a los chinos se les conceden más facilidades para su regularización que a otros extranjeros. Para obtener un permiso de residencia de dos años, por ejemplo, deben presentar recibos de pago de impuestos, inscribirse al sistema de seguridad social y pagar las cuotas correspondientes, así como presentar comprobante de domicilio.
Si no tienen pasaporte no hay problema. Los chinos pueden presentar una declaración jurada de alguna persona que los conozca, además de una carta de no antecedentes penales. Para concluir el trámite es necesario pagar 2 mil 500 dólares.
La cuota para el resto de los extranjeros, especialmente venezolanos y centroamericanos, es de sólo 500 dólares pero ellos deben demostrar una estancia de por lo menos un año en el país.
Uno de los requisitos que no pueden evitar estas personas es la presentación de cartas de empleo, y en los casos de quienes estén casados deben llevar actas matrimoniales para que se certifique la legalidad del enlace.
Discriminación y competencia desleal
La abogada Sarabia insiste en que establecer un decreto exclusivo para personas chinas puede ser un acto de discriminación para el resto de los extranjeros.
Pero además representa más problemas, uno de ellos la competencia desleal para los trabajadores panameños y de otras nacionalidades que ya se encuentran en el país.
La condición de clandestinidad de muchos chinos, además de la obligación de pagar los más de 10 mil dólares que suele costar el viaje, les obliga a aceptar abusos y maltratos.
“No va a trabajar el que más capacitado esté, nacional o extranjero, sino el que menos va a cobrar, el más vulnerable”, explica la abogada.
“Se les exime de presentar un certificado médico de buena salud lo cual también es un principio de seguridad en salubridad. Son cosas básicas, aparte que crear una norma por encima del decreto provoca excepciones que pone a Panamá en un lugar peor”.
Es el otro problema. “Panamá se encuentra en lista gris de trata de personas y estamos en nivel de vigilancia mundial sobre el tema”, dice Sarabia.
“Los chinos son una buena migración pero en materia de trabajo son víctimas de trata de personas, por eso no tienen sello en el pasaporte porque entran al país por puntos sin control. Además son una población restringida, para cualquier trámite deben pasar por el consejo de seguridad inclusive para entrar como turistas”.
Capítulos que se repiten
Panamá siempre ha recibido a migrantes, pero en los últimos años se presentó una oleada de personas que huían de la crisis económica de Venezuela.
Algunos estudios refieren que existen unos 150 mil residentes venezolanos en el territorio, y el flujo puede aumentar conforme la situación de su país empeore.
Son tantos los extranjeros sin documentos en el país, que distintos gobiernos emprendieron programas conocidos como “Crisol de Razas”, una jornada de varios días donde los solicitantes en situación irregular podían conseguir un permiso de residencia.
No está claro el número de personas beneficiadas con este programa. El subdirector del Servicio Nacional de Migración, Miguel López Cedeño, dice que fueron 57 mil, aunque otros mencionan una cifra mayor.
De hecho los opositores a los nuevos decretos aseguran que hay más de un millón de extranjeros en condición irregular, la tercera parte de la población total de Panamá.
Ha sido tanta la controversia por los crisoles de razas que en 2014 el entonces presidente Ricardo Martinelli dijo que no habría más jornadas como éstas.
Pero ahora, los críticos al nuevo programa de regularización dicen que en el fondo se trata de lo mismo, con un nombre distinto.
Aunque existen críticas a lo que medios locales califican como “invasión de venezolanos”, lo cierto es que provocan menos controversia que los chinos.
Es algo que muchos señalan como xenofobia, pero que los opositores a su regularización rechazan con vehemencia.
Una de ellas es Rebeca Yanis, secretaria de la junta directiva de la Asociación de Profesionales de Panamá, quien ha declarado: “El tema es mucho más profundo, no es cierto que hay xenofobia en Panamá, soy hija de varias nacionalidades pero tenemos que velar por los que ya están aquí, nacionales y extranjeros que cumplen con la ley”.
Es la excusa para la controversia. “Se lanzaron sin consultar los decretos que atentan contra los derechos y la seguridad de los trabajadores panameños”, insiste.
Los opositores promovieron un juicio ante la Corte Suprema para echar por tierra las disposiciones presidenciales, pero el asunto tardará meses en resolverse.
Mientras, la comunidad china del país centroamericana guarda silencio ante la polémica. Al final, dice un vocero que prefiere quedar anónimo, “ya lo hemos vivido. Estos capítulos se repiten muchas veces en la historia de nuestro exilio”.
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