Blindar fronteras y deportar a los niños migrantes, no resolverá el problema: los devolverá a sus países, donde quedarán, de nuevo, atrapados en la espiral de pobreza y violencia.
Por: Ángeles Mariscal
“Esta es la tercera vez que lo intentamos, ahora sí tenemos que llegar”, lanzan dos jóvenes guatemaltecos mientras caminan presurosos sobre las vías del tren en la ciudad de Arriaga, Chiapas, para dirigirse al “Hotel Lupita”.
Con ellos va su “guía”, otro joven que con dificultad les sigue el paso a los migrantes, acostumbrados caminar presurosos. A unos diez metros, otros dos integrantes del grupo de traficantes de personas, a bordo de una motocicleta, vigilan que no se dispersen, se desvíen o sean interceptados.
Camino al lugar donde esperarán hasta abordar los vagones del tren que se adentra al territorio mexicano uno de los jóvenes, casi niños, narra que pagaron a los traficantes 3 mil 500 dólares cada uno, que ese costo incluye “tres intentos”, y ya llevan dos. Es decir, en dos ocasiones anteriores trataron de cruzar México, pero fueron detenidos y deportados. Si en esta nueva ocasión no logran llegar a Estados Unidos, los traficantes quedarán exentos y darán por concluido el “servicio”.
Llegar hasta aquí, Arriaga, a unos 300 kilómetros desde la frontera con Guatemala, implicó esquivar 12 puestos de control fijos, retenes móviles y el puente fronterizo. En cada uno de estos lugares con personal migratorio, aduanal, marinos, militares y policías federales, estatales y municipales.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, sostienen que blindar las fronteras y efectuar la deportación masiva de niños y niñas migrantes en respuesta al éxodo -que en lo que va del año ha llevado a 52 mil menores de edad a cruzar hacia Estados Unidos-, es sólo una medida reaccionaria que no solucionará el problema de fondo que los obligó a salir de sus países.
Endurecer las fronteras, añaden, no impedirá que migren nuevamente, y lo único que logrará es incrementar el costo del viaje y los riesgos. Además de que al regresarlos a sus comunidades vuelven a quedar atrapados en la espiral de violencia de la que trataron de escapar.
“Si los deportan la situación de estos niños se va a agravar. Los vuelven a un contexto de violencia donde pueden perder la vida. El contexto de estos niños es que están saliendo de la violencia social y política, están huyendo de ser reclutados por las pandillas”, advierte Diego Lorente, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Fronteras blindadas.
El 27 de junio pasado, en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en República Dominicana, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua, firmaron la “Declaración especial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos de América”.
En el documento se plantea que para contener la oleada humana, esa nación ofreció a los países expulsores “ayuda humanitaria” y para el desarrollo, a cambio de adoptar medidas que van desde iniciar una campaña mediática para desalentar la migración, hasta blindar la frontera sur con retenes, destacamentos militares y puestos de control.
Ese mismo día el Embajador de Estados Unidos en México, Antony Wayne, visitó Chiapas para tratar el tema de la niñez migrante. Ante sus ojos los militares mexicanos hicieron una demostración de los operativos de vigilancia en el sur del país.
Al término de la gira, la Embajada de Estados Unidos informó que “la cooperación con México para mejorar la prosperidad económica y la seguridad en áreas cerca de la frontera sur es prioridad para el gobierno de los Estados Unidos (…) los esfuerzos de Chiapas tendrán un impacto significativo sobre la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos”. Es decir, celebraba que de alguna manera su frontera comenzará ahora desde el sur de México.
En tanto, el presidente Barack Obama pidió al Congreso un fondo de 3 mil 700 millones de dólares, para atender el problema. Una parte sería destinada a la asistencia, otra al transporte para la deportación y reintegración en sus países de origen, otra más a investigar las pandillas que tramitan la inmigración ilegal, otra para incrementar la seguridad en la frontera.
Diez días después, el pasado 7 de julio, mientras personal de Seguridad Interna y del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizaban un recorrido en la frontera entre México y Guatemala, los presidentes de éstos países ponían en marcha el blindaje de la frontera y con el argumento de buscar desarticular las bandas de traficantes, anunciaron el aumento de retenes y el registro de información biométrica de los visitantes.
Esta estrategia deja en evidencia que militarizar la frontera México-Guatemala para detener en esta región el paso de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, fue el acuerdo entre el gobierno de esa nación y los países expulsores, a cambio de recibir “ayuda humanitaria” traducida en recursos millonarios.
Devolverlos al incendio.
Defensores, especialistas y funcionarios relacionados con migrantes coinciden en alertar que la deportación masiva e indiscriminada de niños, niñas y adolescentes no es la solución.
“Se les deporta y ¿qué pasa? Sólo se les vuelve a la situación de la que huyeron. Los vuelven a un contexto de violencia donde pueden perder la vida. La realidad de estos niños y niñas es que están saliendo de la violencia social y política, están huyendo de ser reclutados por las pandillas, están buscando un trabajo, una oportunidad en la vida. Así que van a volver a intentar llegar a Estados Unidos una y otra vez, van a enfrentarse a todos los riesgos del camino y a la violencia institucional”, sostiene Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Con 19 asesinatos por día, Honduras es considerado el país más violento del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud tiene una tasa de 91.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar mundial de tolerancia, que es de 8.8; El Salvador le sigue en segundo lugar con una tasa de 69.2.
En la región centroamericana, la mitad de sus habitantes viven en pobreza, destaca Honduras con un 65 por ciento, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Se disparó la migración por la falta de oportunidades de trabajo, por la violencia del crimen organizado. Tenemos un problema estructural que no se va a resolver con soluciones provisionales. Tenemos que buscar una solución estructural, comenzando con el fomento de los valores en la familia, y políticas publicas de fondo”, reconoció Marco Tulio Hueso Guerra, cónsul de Honduras, uno de los países afectados por la migración de sus niños y jóvenes.
En la oficina del consulado de Honduras Karen Yamileth y Yesi, dos hermanas de 6 y 3 años de edad, esperan a que las autoridades puedan dar con su comunidad de origen y, con suerte, con algún familiar. Ellas quedaron a la deriva en medio de la nada. Fueron abandonadas en una vereda por la mujer traficante que las llevaba, al intentar cruzar el centro de revisión migratoria ubicado a uno 120 kilómetros de la frontera, a la altura del municipio chiapaneco de Mapastepec. Al ser detenidas no sabían con exactitud el nombre completo de sus padres, ni el de su comunidad de origen. Sólo sabían que venían de Honduras y querían llegar con su madre a Estados Unidos.
En los últimos meses, añade el cónsul, es usual encontrar a niños y niñas como ellas, abandonadas por sus traficantes, que luego son aseguradas por autoridades migratorias mexicanas. A veces son tan pequeños que apenas saben hablar y para dar con sus pueblos de origen se les pregunta qué comen o compran en la pulpería de su localidad.
Los planes de las niñas, o de sus padres, terminaron con un retén policiaco puesto de improviso como parte de las acciones que gobiernos centroamericanos, mexicano y estadounidenses acordaron para frenar el éxodo de los niños migrantes: el blindaje de las fronteras.
“Hay que atacar las causas que han provocado la migración masiva. Si la causa es la pobreza extrema y la violencia, el crimen organizado, las pandillas; entonces es ahí donde se debe ayudar. Eso no se va a dar el corto plazo. Respetamos el blindaje de Guatemala y México, pero como gobierno, nosotros por nuestra parte, debemos blindar a la población para que no regresen”, reconoce el cónsul de Honduras, país que hoy es el principal expulsor de migrantes.
Los responsables de los albergues de migrantes ubicados en los municipios chiapanecos de Huixtla y Arriaga rechazan, como el cónsul, el blindaje de las fronteras.
“Poner más retenes y militarizar la frontera llevará al migrante por caminos más peligrosos donde más fácilmente es presa de abusos y violaciones. De eso sólo sale ganando el coyote que cobrará cada vez más. Cuando México habla de seguridad nacional, está hablando de la seguridad de las instituciones, porque la seguridad de las personas no le interesa”, agrega el padre Heyman Vázquez, director del albergue para migrantes “La Santa Cruz”, en Huixtla.
“Si no se cambian las políticas de los países expulsores, nada va a cambiar para los niños y niñas, para los miles de adolescentes que están saliendo de sus países porque ahí no tienen futuro. Y al blindar la frontera sur de México lo único que se logra es acorralar a los migrantes: por un lado estarán los militares y policías, y por otro los grupos dedicados al secuestro, al robo, a la violación”, afirma Carlos Bartolo Solís, director del albergue “Hogar de la Misericordia”, ubicado en Arriaga.
Revisión de caso por caso
Directores de albergues y activistas de diversas organizaciones como la Casa del Niño Migrante “Todo por Ellos”, el Centro de Dignificación Humana y la Misión Scalabrinianas, pidieron un “cambio de enfoque” en la política migratoria de Estados Unidos, de México, y ahora también de Guatemala.
Argumentan que están basadas en la seguridad y no en los derechos humanos. Su propuesta es analizar con detenimiento la situación de cada uno de los niños y niñas que serán deportados, otorgarles la protección internacional, y en el caso donde se encuentre en riesgo su vida o su integridad, darles el estatus de refugiado.
Sin embargo, con el pacto que hicieron los países expulsores con Estados Unidos para blindar la frontera sur a cambio de recursos para sus naciones, esa posibilidad está cada vez más lejana, reconocen.
Mientras, el éxodo de los niños y adolescentes no se detiene.
“Pa´delante, pa´delante, ya sólo pa´delante”, repite incesante Luis Gabriel, un joven de 17 años que transita por la ruta fronteriza, junto con otros dos adolescentes originarios de Puerto Cortés, Honduras.
Para ellos y ellas, el riesgo del reclutamiento forzado, la amenaza de muerte de las pandillas, el vacío de oportunidades de desarrollo, no hay vuelta atrás.
Fuente: http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/
Spanish