La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó dos dictámenes de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para solicitar diversos informes sobre las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California.
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que es preocupante que desde el 9 de marzo pasado, no se hayan liberado a 14 jornaleros del Valle de San Quintín, presos por presuntas afectaciones de patrimonio.
Dijo que, aunado al mejoramiento de condiciones laborales para los trabajadores agrícolas, la liberación de estos jornaleros ayudaría a destensar el ambiente de las negociaciones para solucionar el problema entre los productores y sus empleados.
Por su parte, la senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, coincidió en que los jornaleros presos deben obtener su libertad, y hasta el momento es un asunto pendiente que falta por resolverse dentro del conflicto laboral.
Expresó su confianza en que se dará continuidad a los acuerdos que han prometido las autoridades federales y locales a los trabajadores agrícolas; y adelantó que esta tarde se reunirá la comisión especial del Senado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Nava, para discutir la forma de pagar la fianza de los jornaleros presos.
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, dijo que los indígenas y los migrantes son los más vulnerables a padecer trabajo forzoso y, en ese sentido, los jornaleros de San Quintín son ejemplo de esclavitud y explotación.
Detalló que en México existen dos millones de personas “explotadas por el Estado, y tres millones explotados por un sistema económico consentido por el gobierno federal”.
En su intervención, el diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, señaló que los atropellos contra los trabajadores agrícolas han incrementado, y coincidió con la diputada del PT en que dos millones de jornaleros son explotados en el país.
Además, 30 mil trabajadores en San Quintín exigen mejores salarios y, sin embargo, los representantes de la Secretaría de Gobernación han mostrado poca vocación de diálogo para resolver el conflicto, pues cancelaron su asistencia a las mesas de negociación.
La diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, exigió a los gobiernos federal y de Baja California a que renuncien al uso de la fuerza pública contra el movimiento pacífico de los jornaleros agrícolas; porque, de lo contrario, corren el riesgo de que el conflicto escale a niveles incontrolables.
Comentó que, además de resolver el problema de los trabajadores de San Quintín, las autoridades deben vigilar todos los casos, a escala nacional, en donde se violan los derechos de los trabajadores agrícolas.
El primer dictamen exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California para que realicen investigaciones que permitan deslindar responsabilidades en la violación de derechos humanos, derivadas del uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas de San Quintín; y que remitan un informe sobre los resultados.
Asimismo, hace un llamado a la Comisión Nación de Derechos Humanos para que emita las resoluciones sobre las investigaciones iniciadas, con motivo de la probable violación a los derechos humanos de los jornaleros, y envíe un informe a la Comisión Permanente.
También, avaló un exhorto al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al gobernador de Baja California para que, a través de las dependencias competentes, en un término no mayor a 15 días naturales, remitan un informe sobre los compromisos adquiridos con los trabajadores.
Del mismo modo, los llama a implementar acciones para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos humanos de jornaleros en Baja California y en todo el país, según su ámbito de actuación.
En otro resolutivo, la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo en el marco del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada Baja California.
De acuerdo con el dictamen que fue aprobado por la asamblea sin discusión, el reporte deberá presentarse en un término no mayor a 15 días naturales.
Los legisladores afirmaron que es imprescindible mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, garantizar el respeto a sus derechos humanos, y contrarrestar altas tasas de pobreza, inseguridad alimentaria, accidentes, enfermedades e incidencias que los afectan.
Finalmente, se aprobó otro dictamen para solicitar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita al Congreso de la Unión un informe sobre el posible daño ambiental causado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván, en Veracruz.
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