Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Por fin escuché a Enrique Peña Nieto referirse directamente al tema de los asesinatos de periodistas el 31 de marzo, cuando se han registrado 44 crímenes durante 4 años y 5 meses de su mandato.
Dijo “debe el país hacer rediseño para fortalecer los mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos en el ámbito federal y local”.
Rediseño. Conste. Es palabra presidencial. ¿Cuándo y cómo ocurrirá esa reestructuración de los instrumentos del gobierno federal? ¿Cuánto más tendremos que esperar para mejorar, aunque sea un poco, la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos?
Aunque su oración fue muy corta anunció algo que ya podría estarse fraguando porque confirmó lo que ya venían diciendo otras personas de su gobierno vinculadas al tema:
Reforzaremos: Campa
El 23 de marzo cuando cundió la noticia del tercer crimen de periodistas en menos de un mes (de Miroslava Breach en Chihuahua) el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián fue atajado por periodistas y ofreció lo que ya es una demanda generalizada. “El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos será sometido a revisión”, ofreció.
Los hechos recientes de agresión a integrantes de estos grupos –dijo– muestran la necesidad de revisarlo, de reforzarlo. Aunque aclaró que la periodista no estaba registrada en el mecanismo de protección ni se había detectado alguna alerta, foco rojo o situación de riesgo.
Mecanismo sin dinero
Otra señal de que se calcula subsanar las insuficiencias del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores fue la amplia explicación que dio a diputados federales su responsable, Patricia Colchero el 10 de abril. El fondo para proteger se acabará en cuatro o cinco meses porque el Congreso no autorizó fondos para este año, advirtió
El Mecanismo, explicó, resguarda a 509 integrantes de estos gremios a nivel nacional, y el fondo se agotará entre septiembre y octubre próximos, o incluso antes, en caso de seguir en aumento la tendencia de solicitudes de protección.
“Había un fondo que no se devolvió, y la probabilidad es que (los diputados) vieron esta bolsa y consideraron que con eso se subsanarían los gastos, pero la verdad es que no se calculó la tendencia al alza en las solicitudes de protección, tanto para periodistas como para defensores de derechos humanos”, punzó funcionaria de la Segob.
Diputados, aliados solo de palabras
Sobre la evolución de los presupuestos del Mecanismo, el analista Eduardo González informó en Milenio que en 2012, al iniciar el Fideicomiso que maneja el Fondo de Protección, tuvo 400 millones
de pesos y que los recursos han ido bajando anualmente: para 2013 le repusieron 127 millones; para 2014 fueron 118 millones; para 2015 la cantidad fue de 102; en 2016 siguió menguando porque sólo fueron 82 millones. Y para 2017, nada.
O sea, comenta este reportero, las y los legisladores se alarman y son solidarios con los periodistas agredidos o y asesinados únicamente en el discurso, pero no en sus funciones. Esperaríamos que se sumaran al consenso de reestructurar el Mecanismo, porque se debe modificar la ley respectiva para garantizarle recursos.
Ahora sí, habló el Presidente
El 31 de marzo, dos semanas antes de que ocurriera el cuarto asesinato de periodistas en este año (del reportero Máx Rodríguez Palacios de La Paz, Baja California) el presidente se vió rodeado de esa atmósfera de criminalidad, violencia e impunidad que le dibujó, otra vez, el ombudsman nacional en su informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En esa atmósfera el presidente de la república declaró brevemente que los agravios para los periodistas y defensores de derechos humanos son “una afrenta a la sociedad en su conjunto”.
“El país –añadió– debe hacer rediseño para fortalecer los mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos en el ámbito federal y local”.
Demandó corresponsabilidad
El agregado que hizo Peña Nieto de local también debiera sacudir y obligar a realizar acciones a los alcaldes y gobernadores, que en la mayoría de los casos han sido omisos, sobre todo de las entidades más violentas contra las dos poblaciones.
“Es una responsabilidad que exige corresponsabilidad”, anotaron todas las noticias en los portales web ese mismo día y al siguiente en los impresos.
Esto es lo más preciso y directo que ha dicho Enrique Peña Nieto en los casi 4 años y medio de su administración sobre la atmósfera de agravios e impunidad. Antes había externado felicitaciones genéricas por un día del periodista no institucionalizado o bien había ofrecido garantías para la libertad de expresión y las tareas de los medios, pero así en abstracto.
Así, con esos avisos de revisión y próxima reestructuración del instrumento federal para proteger a periodistas y defensores, se abre una pequeñísima esperanza de que hagan algo distinto.
De haber una visión de Estado para este tema, esperaríamos una estrategia de verdad, un plan que reduzca la vulnerabilidades estructurales de los periodistas y los medios con pocas fortalezas, un plan involucre a los gobernadores y sus procuradores (Conago), a las dos coaliciones de alcaldes, a los congresos locales (Copecol) que involucre con políticas públicas transversales a los secretarios de Educación, del Trabajo, de Gobernación, de Economía, de Desarrollo Social, a las universidades. Y por supuesto que un plan estratégico debe poner, en primer lugar, una sacudida a la PGR y su inútil fiscalía especial.
Eso sí sería aplicar la palabra y el peso de la figura presidencial para hacer valer lo que significa “corresponsabilidad” Un sector de los periodistas responderíamos en el mismo nivel para que todas y todos podamos ejercer el periodismo con libertad y con seguridad. Los beneficios serían para todos los mexicanos. ¿Cuándo comenzamos?
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