El pleno del Senado avaló por 112 votos a favor una reforma a la Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
Resolvió que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser supeditados a la recepción de aportaciones, cuotas o donaciones.
Sin embargo, precisó que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
Los consejos de participación social conocerán el destino y la aplicación de estas cooperaciones.
En el dictamen enviado a la Cámara de Diputados se señala que el monto de las aportaciones voluntarias en 2010 ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos, y que hasta 2011, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagaban anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en el 97.7 por ciento de las escuelas.
Aunado a estas prácticas, la desigualdad y la pobreza impiden el acceso a la educación, por lo que 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad no terminan la primaria, 43.2 por ciento de quienes viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas, se indica en el texto.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, titular de la Comisión de Educación, señaló que a través de estas reformas las cuotas escolares no serán obligatorias sino voluntarias y no se podrá condicionar la aplicación de un servicio educativo, el ingreso, la permanencia, los exámenes o la retención de documentos de cualquier persona.
“No se va a privatizar la educación, los principios constitucionales de una educación pública, gratuita, laica y de calidad siguen siendo irrenunciables”, expresó.
El senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde, puntualizó que el objetivo principal es esclarecer la gratuidad del servicio educativo que presta el Estado, pues “no es objeto de esta reforma impedir la participación de los padres de familia con sus aportaciones, sino que sea estrictamente voluntaria”.
Indicó que el destino y aplicación de las prestaciones voluntarias que proporcionen los padres de familia, serán evaluadas por los consejos escolares de participación social y se prohibirá cualquier acto que condicione la prestación de servicios educativos.
En tanto, el senador del petista Manuel Bartlett Díaz afirmó que este ordenamiento no “expurga” el contenido privatizador de la reforma constitucional en materia educativa.
“Nuestro país requiere darle educación a todos y no sancionarlos y perseguirlos con una filosofía exclusivista, racista y clasista”, aseveró.
El senador del perredista, Fidel Demédicis Hidalgo, por su parte indicó que el servicio educativo no será condicionado a la entrega de cuotas de ningún tipo, “haciendo efectivo el derecho a la educación gratuita”.
Expresó que “solo a través de la educación lograremos el desarrollo pleno del país y los senadores estamos a favor de que México avance en un ámbito tan importante como lo es la educación”.
En la discusión en lo general, el senador priista Raúl Aarón Pozos Lanz dejó en claro que con esta reforma no se inhibe la participación de los padres de familia en el proceso educativo y en el fortalecimiento de las escuelas públicas.
Para el senador perredista Sofío Ramírez Hernández con la aprobación de esta enmienda se manda un mensaje a maestros y padres de familia de lo que será “el profundo debate” en torno a las modificaciones que se realizarán a leyes secundarias dentro de la reforma educativa.
También del PRD, el senador Benjamín Robles Montoya resaltó que “se da un paso sin precedentes” en la gratuidad en la educación y se constituye un “verdadero estímulo a la economía de los padres de familia y a la moral de los estudiantes”.
A su vez, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, mencionó que se brindará certeza jurídica a los padres de familia y a los alumnos, pues la enmienda garantiza el derecho a la educación.
La senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, consideró que el Senado da respuesta a las demandas de padres de familias, ya que no se permitirá que se condicione el acceso a la educción al pago de cuotas.
Senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, se pronunció a favor de que la reforma educativa se acompañe de una política de inversión en infraestructura y que ello redunde en el rendimiento escolar de los alumnos.
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