Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Es muy probable que al confirmar los presupuestos que tendrán para 2020 cundirá el desaliento entre quienes dirigen los medios públicos principales. Tendrán que esperar otro año –si aguantan– para que sean considerados estratégicos dentro del cambio de modelo de la comunicación política del gobierno que ha optado por los recortes publicitarios drásticos y el choque sistemático con los medios privados convencionales.
Lo que puede salvar a los medios públicos principales de la acostumbrada mendicidad anual es que en 2020 se apruebe una ley que los considere como sujetos jurídicos de interés público no lucrativos, para que puedan tener obtener otro tipo de ingresos, estos autogenerados por venta de espacios, tiempos, servicios y otras actividades.
Mientras tanto serán muy malas noticias para quienes trabajan en canal 22 el confirmar que les recortarán 30 por ciento del presupuesto autorizado en 2019; a los de televisión educativa 10 por ciento y 3.34 por ciento al que se pretende sea rector de los medios publicos: el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM).
Habrá también malas noticias para los que laboran en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en Canal Once que recibirán incrementos menores a la inflación esperada: 1.06 y 2.67 por ciento respectivamente.
Y habrá un poco de aliento entre trabajadores y directivos de Notimex y Radio Educación que sí obtendrán un incremento de 5.45 y 6.16 por ciento respecto a los que recibieron el año anterior.
En todos los casos será muy difícil, por no decir imposible, su desarrollo como medios y por tanto mejoría de sus trabajadores. Los recursos asignados apenas les alcanzan para la operación cotidiana y con precariedades crecientes.
En el fondo, este maltrato presupuestal a los medios públicos significa suspender, una vez más, la ampliación del derecho a la información y que la libertad de expresión sea mejor informada.
Alerta de Amedi
Por eso y más, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) lanzó una alerta publica el 19 de noviembre.
“Actualmente –anotó la directiva de la Amedi– las instalaciones de los medios públicos se encuentran en estado deplorable, la infraestructura carece de mantenimiento y no ha sido modernizada, mientras que los equipos de transmisión y el parque tecnológico sufren de obsolescencia.”
Este comunicado se emitió en la víspera –y fue parte del jaloneo—de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para 2020. Se dirigió a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y las dependencias competentes. Ahí, se machacó la función estratégica que debieran cumplir estos medios:
“Cabe recordar que los medios públicos deben ser un contrapeso de la programación que ofrecen los medios electrónicos comerciales. Contribuyen al derecho a la información, la libertad de expresión, la pluralidad de contenidos, la diversidad de expresiones y la multiculturalidad. Tienen un compromiso constitucional con la calidad de los contenidos, la veracidad informativa y la promoción de los derechos fundamentales, cada vez más comprometidos.”
Los mendigantes
En este 2019 se elevó esa importancia estratégica de los medios públicos en México. Apenas inició el intento de quebrar el modelo de comunicación social, de mutuas conveniencias y de muchas opacidades, entre gobernantes con los medios privados. Son muy frágiles todavía las tres medidas nodales: recortar otra vez el gasto público publicitario, las conferencias presidenciales matutinas y sobrevalorar el activismo en las redes socio digitales, que producen demasiado ruido mediático y desconcierto porque producen más propaganda y diatribas porque no tienen intención de informar como si lo hacen los periodistas profesionales.
Para el nuevo modelo, que apenas atisba una configuración, se ofrecieron políticas públicas para reducirles vulnerabilidades a las y los periodistas profesionales y apenas hay dos promesas; también y e ofreció ceear un sistema de medios públicos similar a los de países más desarrollados, pero no se han informado avances de esa promesa.
En contraste, lo más concreto es que se decidió seguir castigando los presupuestos de los medios públicos principales que cada año tienen que prácticamente limosnear para que no les castiguen más.
Por ejemplo Canal 11 tuvo 643 millones en 2013 y para 2020 ejercerá 544.7; Canal 22 que en ese año tuvo 232 millones bajará a 155.7.
Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano le han ido reduciendo desde 2018 los 643 millones y para 2020 quedará en 607.3 millones de pesos.
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en 2017 le autorizaron 254 millones y ahora le asignaron 160 millones de pesos. (ver tabla).
Si hay salida
Ya se ha referido en esta columna que desde 1985 el periodista Miguel Ángel Granados Chapa se anticipó en proponer que el Estado mexicano disminuyera la contradicción principal del modelo de comunicación social que permitió la concentración de la propiedad de los medios, el acaparamiento del gasto publicitario y la mercantilización extrema de las noticias. Modelo que deformó y obnubiló el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa.
Las decisiones del gobierno actual de bajar el gasto federal en publicidad de más de 8 mil millones a la mitad en 2019 y recortarlo a 2 mil 200 millones para 2020, aunada al “dialogo circular” de las mañanas son apenas atisbos de un modelo alternativo.
Para el nuevo modelo debería considerarse la conveniencia de que la nueva ley de gasto publicitario asimile la vieja propuesta de reconocer jurídicamente a la prensa no lucrativa como sujeto de interés público.
Esa ley que debería ser general, es decir para los tres niveles de gobierno, normaría la transparencia del gasto público publicitario y, a la vez, especificaría derechos y obligaciones para los medios no lucrativos. Los medios privados quedarían fuera de esta ley y su el plano mercantil en que se encuentran.
En la prensa no lucrativa entrarían los medios públicos y sociales, comunitarios, medios impresos o digitales propiedad de asociaciones civiles de periodistas no mayores de 20 personas. En todos los casos tendrían que operar sin fines de lucro para obtener preferencia presupuestal y/o publicitaria del sector público.
En el caso de los medios sociales, donde quedarían las asociaciones de periodistas, si debieran tener varias obligaciones: una propuesta editorial de cercanía con sus poblaciones y/o coberturas especializadas, pero además contar con códigos de ética profesional con los defensores autónomos de la información y de los públicos.
Eso sí sería democratizar la información de interés público más allá de ese dialogo circular y disminuir la publicidad en medios convencionales convencionales que, por voluntarismos, decisiones que harán agua de no institucionalizar en leyes la participación de los distintos actores en la comunicación social y política para los nuevos tiempos.
Spanish