Por Rogelio Hernández López
–¿Qué hará esta organización promotora y defensora de los derechos de los periodistas frente al tema de dos colegas que se reunieron con la Tuta?… Desde que Carmen divulgó el video están perdiendo todo: su credibilidad, sus relaciones, su trabajo… Sin fortalezas están expuestos a la denostación pública y tendrán más vulnerabilidad ellos y sus familias que el resto de los periodistas de Michoacán, que de por sí están jodidos….” ¿Son defendibles o no lo son?—
Esas y otras fueron las expresiones que vertimos en una reunión de asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) el miércoles 24 de septiembre, dos días después de que el noticiero de Carmen Aristegui en MVS difundiera, no sólo el video de la reunión con el presunto jefe del grupo llamado Caballeros Templarios, sino también dos conversaciones que tuvo ella con Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, como procedimiento más para confirmar que para equilibrar la revelación que los afectaba.
Desde esa mañana, sobre todo en redes sociales, fue creciendo un domo de comentarios alrededor de esa reunión, la mayoría descalificadores de los dos periodistas michoacanos y uno que otro reprochando la difusión del vídeo. Era la nota del día. Llamó la atención de todo tipo de públicos, Conmovió. Sacudió y creó una atmosfera descalificadora de los dos periodistas
Durante todo ese día este reportero, coordinador de protección de la CDP, fue requerido por colegas de Michoacán y de otras entidades que buscaban lógica a la noticia, que no querían sumarse a la oleada de comentarios negativos contra los dos periodistas pero que tampoco podían aceptar fácilmente el hecho de mirar a dos colegas departiendo, casi amablemente, con Servando Gómez Martínez, (a) “La Tuta”.
Muchos periodistas fuimos puestos frente al dilema de aprobar o descalificar la difusión del video por el clima público que ya los estaba condenando (como corruptos y delincuentes y de paso a sus empresas) sin ningún juicio legal, como suele hacerse en los climas mediáticos. –“Es que ese hecho, así visto nos pega a todos”– me aseguraba una veterana reportera del sureste mexicano.
Las posiciones entre periodistas se dividieron. Los menos, comenzaron a reprochar públicamente a Carmen Aristegui por la difusión del video. Sobre todo los colegas de Michoacán buscaron fórmulas para la defensa pública de sus colegas, a quienes conocen de muchos años y dicen que no pueden ser acusados como delincuentes. (La mayoría de estas expresiones aquí referidas fueron anexadas al muro de este reportero: www.facebook.com/rogelio.hernandezlopez).
DILEMAS PERMANENTES DE LOS PERIODISTAS
Los periodistas profesionales en general, en todos los medios y plataformas, cuando difundimos noticias tenemos que enfrentarnos a dilemas permanentemente. Muchas decisiones se han convertido en pautas éticas en el mundo:
¿Podemos convertir en noticia todo hecho, conversación, documento, grabación o video?
¿Se tienen fuentes acreditadas y confiables para toda la información que vamos a difundir?
¿Cómo verificamos la veracidad de la información?
¿Cómo contextualizamos para aplicar los criterios de novedad, interés público, trascendencia?
¿Es mayor el beneficio social de informar que afectar a los involucrados?
Esos dilemas y otros seguramente tuvieron Carmen Aristegui y sus reporteros antes de difundir el video. Más en concreto debieron ponderar si su origen no demeritaba la fuerza de la noticia; si el servicio social de informar lograría más beneficios frente a las consecuencias negativas que desataría contra los periodistas señalados y el periodismo en general de Michoacán. Incluso debieron considerar el posible daño al perfil de alta credibilidad que ha logrado el propio noticiero. Estoy seguro que valoraron todo eso.
Creo, que en lo general la difusión del video como noticia y las entrevistas a los señalados fueron un trabajo periodístico profesional para reflejar hechos reales e irrefutables, pero también creo que fue incompleto porque no se ofreció información de contexto suficientemente, ni de los antecedentes de los periodistas señalados que podrían haber indicado que eran víctimas y no cómplices. Esa insuficiencia hizo que la noticia resultara, en cierto modo, infortáculo (como acuñó Mariano Cebrian cuando se juntan información y espectáculo) porque el cariz de la información se encaminó a impactar a los sentidos para crear una percepción, a dramatizar sin explicar (morbo) y también tuvo un sentido inquisitorio (torquemadista) contra los periodistas que desfavoreció sus derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la seguridad de ellos y de sus cercanos, a pesar de que uno de ellos rogó que no se difundiera por su seguridad y de su familia.
SÍ, SON DEFENDIBLES LOS PERIODISTAS MICHOACANOS
Me parece que faltó una mínima aproximación al contexto del periodismo michoacano (incluso con ayuda de buscadores en Internet) que indicara las condiciones tan adversas en que se ejerce en esa entidad. Más aún, en días previos a la nota hubo varios actos de periodistas denunciando esta situación. Por ejemplo, el 10 de septiembre, una cantidad considerable de mujeres y acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para presentar un extenso documento y a pedir ayuda por la situación que atraviesan. Sus datos:
“…en la última década han sido asesinados cuatro periodistas: Jaime Arturo Olvera Bravo, Gerardo Israel García Pimentel, Miguel Ángel Villagómez Valle y Martín Javier Miranda Avilés”.
Hay cuatro “Desaparecidos: José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa.
Han sufrido “persecución los periodistas Ángel Méndez Flores del municipio Aquila y Antonio Ramos Tafolla de Nueva Italia”.
“En el Valle de Apatzingán los periodistas locales fueron secuestrados por el crimen organizado, intimidados y obligados a la autocensura.
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos registra que actualmente existen siete quejas de periodistas que están siendo investigadas.
“La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República indica que tiene 17 averiguaciones abiertas en Michoacán, sin que ninguna haya arrojado resultados sobre detenciones y sentencias.
“A ello hay que agregarle decenas de agresiones, golpes y maltrato a reporteros, reporteros gráficos y camarógrafos en las movilizaciones sociales. Además de despojarlos de sus instrumentos de trabajo como cámaras fotográficas, de video, grabadoras, libretas y teléfonos celulares”
En ese ambiente trabajan las y los periodistas de Michoacán, incluidos Eliseo Caballero José Luis Díaz Pérez, quienes ya comenzaron a explicar públicamente en medios michoacanos solidarios por qué llegaron a esa reunión con La Tuta, las presiones que han vivido.
Y sí, por todo esto y más, creo que sí son defendibles la mayoría de periodistas de Michoacán. Y en particular ya veremos qué acusaciones hace la PGR, a los dos señalados en el video, acusaciones que, aquí sí deben probarse para son culpables de algo punible. Y esa, será otra etapa. Miradas de reportero.
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* Reportero desde 1977. Coordinador del Programa de Protección a Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas; integrante del Consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de gobernación. Consejero Editorial de varios medios de prensa.
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