Guerrillero es una palabra que por décadas ha implicado una sentencia extrajudicial y condena a la persecución política, la desaparición forzada, la tortura, la prisión, la ejecución extrajudicial y el exilio, sin estar tipificada como delito en el Código Penal.
En la guerra contra los indígenas zapotecos de Loxicha, iniciada en 1996 por el etnocida Diódoro Carrasco Altamirano, bastaba el señalamiento de ser guerrilleros para ejecutar sentencias de muerte por parte de policías y militares en la Sierra Sur. La guerra se extendió a todo el Estado.
La aplicación de la fatídica “Ley Fuga” fue una de las prácticas recurrentes contra indígenas zapotecos que fueron ejecutados de manera extrajudicial, incluido el tiro de gracia, por policías y militares que sembraron el terror entre las pobres familias de las marginadas comunidades.
Hacer públicas todo tipo de atrocidades contra quienes eran acusados de ser guerrilleros significaba la persecución y el acoso policial abierto o encubierto por parte del Estado mexicano contra las y los periodistas honestos que solamente ejercían su derecho a informar.
Casi tres décadas después la guerra contra los indígenas no ha terminado y México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de igual modo que ejercer el derecho de ser personas defensoras de Derechos Humanos.
Frente al creciente poder del Ejército Mexicano por la vía legal e institucional desde la presidencia de la República encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado tiene patente de corso y los grandes proyectos neoliberales causan muertes y estragos.
Defensores de tierra y territorio como Samir Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala son asesinados por oponerse a proyectos neocoloniales como el Proyecto Integral Morelos sin que los crímenes sean esclarecidos.
Otro tanto sucede también con proyectos transnacionales en el sur del país y que no se circunscriben solamente al Corredor Interoceánico y el Tren Maya sino que se han venido imponiendo desde hace décadas a las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec por empresas extranjeras.
Fidel Heras Cruz fue asesinado el 23 de enero de 2021, era presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde contra megaproyectos, no ha sido el único caso ni en la única región del estado de Oaxaca. Se trata de una limpieza social de cualquier oposición.
La alternancia en Oaxaca no será garantía de cambio pues, los candidatos del partido en el poder seguirán al pie de la letra las instrucciones de su jefe supremo para imponer a sangre y fuego los proyectos de gran calado que siguen siendo parte del viejo Plan Puebla Panamá.
Frente a las masacres y ejecuciones extrajudiciales las promesas de justicia y creación de fiscalías especializadas no son garantías de nada en México, menos en el Oaxaca de Alejandro Murat. La impunidad y la corrupción son la norma en la Fiscalía que encabeza Arturo Peimbert.
En Oaxaca ya tuvimos, con el también represor Gabino Cué Monteagudo, la inoperante Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. Las Carpetas de Investigación solamente se acumulan y archivan ante la flagrante inoperancia de sus caros titulares.
¡No se mata la verdad matando periodistas!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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