Julisa Sánchez
Los representantes del pueblo, también conocidos como legisladores o diputados, no tienen una obligatoriedad para rendir cuentas, como es el caso de los servidores públicos, que realizan las famosas pasarelas en el recinto legislativo para entregar sus “informes” de trabajo, mismos que son “seriamente” cuestionados, pero no sancionados.
¿Quién debe pedir cuentas a los Diputados de Oaxaca?
Recientemente este cuestionamiento alcanzó un máximo en las distintas redes sociales y grupos de WhatsApp definidos en política y denuncia ciudadana, al ser compartida una información que involucra en temas de tráfico de influencias y corrupción, a los familiares de la Diputada local y Presidenta del Congreso de Oaxaca, Mariana Benítez Tiburcio.
La investigación periodística de “Estado 20”, exhibe documentos a través de los cuales se contrató a empresas de asesoría fiscal y financiera a municipios de Oaxaca, por montos millonarios.
Pero el cuestionamiento ciudadano no queda ahí, ya que los actos de corrupción y delitos alcanzan a otros diputados, como la aprehensión del pasado 4 de noviembre del año 2021, contra el ex diputado Gustavo Díaz Sánchez, “El Gato”, recluido en el penal de Veracruz por delitos federales.
De la misma manera, una de las legislaturas con mayor desprecio popular fue la 64, ya que la mayoría de los curules eran ocupados por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que olvidaron los principios de “no robar, no mentir, no traicionar”, al aprobar una deuda millonaria de más de 3 mil 500 millones de pesos, mismos que serían aplicados para la reconstrucción de escuelas y obras pendientes del Gobierno de Alejandro Murat, sin embargo, hasta el momento, ese recurso millonario no es visible en su destino.
El llamado a cuentas a los diputados, se extiende también a los señalamientos de colocación de administradores en municipios claves, como es el caso de San Antonio de la Cal, donde vinculan el ejercicio del poder y recursos desde el recinto legislativo.
Hasta el momento, los legisladores no se han pronunciado ante los recientes señalamientos de corrupción y delincuencia de sus homólogos.
Así mismo, los funcionarios públicos se han vuelto cómplices del tráfico de influencias, al acceder o callar los dedazos para designar a los “ganadores” en los altos puestos que supuestamente son de elección en convocatoria abierta, donde diversos ciudadanos pueden participar y según conocimientos y experiencia pueden obtener el puesto, pero desafortunadamente ya todo está designado desde un inicio, muchas veces coludido por los otros poderes del Estado.
Tampoco, nadie revisa los altos sueldos, dietas y privilegios con los que viven los servidores del pueblo, así como aumentos, vacaciones, múltiples asesores, instalaciones de lujo y servicios privados como el gimnasio, aunque no lo usen, todos estos derroches del erario público que son propuestos y aprobados fácilmente por ellos mismos, sumándose la reelección.
Ante ello, el cuestionamiento ciudadano es tratado de silenciar con una dosis de bienestar, antídoto que cada día tiene menos efecto ante las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
Mientras tanto, la crisis económica, de salud, seguridad y justicia, continua ante la falta de proyectos legislativos y compromiso social para rescatar a Oaxaca.
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