Al pueblo en general
Al Magisterio Oaxaqueño
A los sindicatos independientes
A las organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos
A los periodistas y medios de comunicación
Hace 22 años, cuando Diódoro Carrasco Altamirano era el poderoso Secretario de Gobernación, de manera ilegal, cruel y arbitraria fui trasladado al primer penal de máxima seguridad en México. Ese mismo día, la Policía Federal Preventiva entró violentamente a las instalaciones de la UNAM.
Era para nuestras familias una nueva desaparición forzada pues, conmigo trasladaron también a Felipe de Jesús Antonio Santiago, él había estado desaparecido durante nueve meses junto con Marcelino Santiago Pacheco y enfrentaban la prisión política diodorista.
Para mí, quedaba muy cercana la desaparición forzada y los 25 días de torturas físicas y psicológicas a partir del 15 de julio de 1998 antes de presentarme mediante expediente judicial prefabricado, con hojas firmadas en blanco, ante las autoridades en la ciudad de Matías Romero.
Desde entonces se inició la persecución y el ataque permanente contra mi familia, incluida la segregación e incomunicación en aquella prisión regional, las limitaciones a las visitas y en el exterior la vigilancia, seguimiento y presiones de todo tipo a mi esposa, familiares y amigos.
La guerra desatada contra los indígenas zapotecos de la Región Loxicha por el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano en Oaxaca y desde el nivel nacional por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León alcanzaba al magisterio y a organizaciones sociales.
Nueve indígenas zapotecos más encontramos en aquel penal de máxima seguridad, llevaban años sin tener visita de sus familiares y aunque tenían defensa legal, el Estado Mexicano los sometía a una indefensión y represión brutales. La detención y tortura fue para todos.
Tuvimos que enfrentar el peor sistema carcelario mientras las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos solamente ratificaron que estaban al servicio del poder político mientras los pobres y los indígenas eran despojados de sus derechos más elementales abiertamente.
La persistencia de nuestras familias, de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, del magisterio democrático y de nuestros abogados logró que en tres años de batalla legal, quince meses en penal de máxima seguridad, alcanzara la libertad el 11 de mayo de 2001.
Continuar acompañando a presos, familiares y comunidades de la Región Loxicha fue una decisión personal y familiar pese a los peligros de enfrentar al poder político y económico, a los cacicazgos locales y regionales. Era exponerse a la permanente amenaza.
Estuvimos en la revuelta popular contra el sanguinario Ulises Ruiz Ortiz en el año 2006 acompañando al Magisterio Oaxaqueño, exigiendo que cesara la vieja represión contra los indígenas de los Loxicha y la libertad para los presos políticos que cumplían 10 años tras las rejas.
Acompañamos a los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez que fueron desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 siendo Procurador General del Estado el represor y actual prófugo de la justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Alertamos sobre los riesgos que implicaba la llegada del represor Gabino Cué al poder en 2010 y enfrentamos la continuidad de la política de tierra arrasada a nivel estatal y federal con Enrique Peña Nieto, guerra contra el pueblo que continúa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por todo esto, saludamos la iniciativa de reorganización y articulación social ya que es urgente terminar el paramilitarismo y narcoparamilitarismo estatal y nacional que deja miles de muertos en nuestra patria, casi 600 feminicidios en el fatídico sexenio de Alejandro Murat en Oaxaca.
¡Uníos!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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