#ReporteTucán
En los primeros nueve meses de administración de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, el
Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha dado muestras de firmeza, responsabilidad y sensibilidad en
casos de trascendencia social que en su mayoría involucran a mujeres, niñas, niños y jóvenes, en los
cuales se ha actuado con perspectiva de género y de infancias, así como con apego al debido proceso
en el compromiso institucional de garantizar que cada persona tenga la certeza de que sus derechos
serán defendidos y los delitos sancionados con rigor.
Como lo ha manifestado la Magistrada Presidenta, la firme aplicación de la ley debe ir acompañada
de un compromiso con la justicia social. No se trata solo de aplicar sanciones, sino de comprender el
contexto de cada caso y actuar con sensibilidad, escuchando a las partes involucradas y
considerando las circunstancias que rodean cada situación.
Sentencia ejemplar de 120 años
El pasado 23 de septiembre, por el delito de Violación Equiparada Agravada, cometido en contra de
dos menores de edad, hechos ocurridos en la población de Huautla de Jiménez, región de la Sierra
de Flores Magón, un hombre identificado con las iniciales J.P.D., fue sentenciado a 120 años de
prisión, además de imponérsele una multa económica superior a los 779 mil pesos y el pago
económico por concepto de reparación del daño en abstracto.
En la audiencia de debate se desahogaron diversas pruebas ofrecidas por el órgano acusador, como
es el Ministerio Público, las cuales consistieron en las declaraciones de las propias víctimas, la de su
progenitora, las de testigos de cargo, de agentes estatales de investigación y de los peritos en
psicología y en biología; por su parte, la defensa del sentenciado no ofreció pruebas.
Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Circuito Judicial de Valles
Centrales, que conocieron del asunto, encontraron pruebas suficientes para acreditar los delitos de
Violación Equiparada Agravada, así como para concluir que el acusado J.P.D. fue el responsable de
las agresiones sexuales hacia las víctimas en cuatro momentos diferentes, al interior del domicilio
que habitan.
Con esta sentencia ejemplar, se demuestra que se cumple con la impartición de justicia, como lo
espera la sociedad oaxaqueña, y que se imparte justicia con perspectiva de derechos humanos,
perspectiva de género y de infancias.
Se castigará ejecución extrajudicial
En el caso del homicidio, en su modalidad de ejecución extrajudicial -tipo penal recién creado en la
legislación oaxaqueña-, en agravio del estudiante Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y de
lesiones hacia Christopher J.R.M., el asunto fue judicializado el pasado tres de septiembre y fueron
vinculados a proceso dos elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, quienes
permanecen en prisión preventiva.
En estos momentos, el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y al
concluir el tiempo establecido la Fiscalía General del Estado deberá formular acusación para
continuar con las demás etapas del proceso penal; es decir, la intermedia, y posteriormente el juicio
oral, donde se sancionará a los responsables de los delitos.
Se concedieron cinco meses para el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público,
pugnando porque en todos los procesos se cumplan de manera eficiente los principios del debido
proceso, y que bajo el principio de igualdad procesal se les dé a todas las partes la oportunidad de
ejercer su derecho a la prueba y a la contradicción.
Cero tolerancia en casos de muertes de mujeres
En seguimiento al caso ocurrido en San Francisco Lachigoló, Tlacolula, un Juez de Control dictó
auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado al presunto agresor de una mujer
-médica de profesión- encontrada sin vida y con huellas de violencia, identificado con las iniciales
E.P.G., a quien se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo
que dure el proceso.
Los hechos sucedieron el pasado cinco de septiembre en un aserradero ubicado en esa comunidad de
los Valles Centrales, donde de acuerdo con las investigaciones la pareja de la víctima T. M. A. C., la
agredió con un arma blanca, para posteriormente ir a tirarla a un terreno, donde fue visto por la
policía estatal, que procedió a su detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
En la audiencia de término constitucional, que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2024, se
vinculó a proceso al imputado por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio agravado.
En caso de la saxofonista María Elena Ríos actuación conforme a derecho
En relación al caso de la saxofonista María Elena Ríos, en el proceso judicial que se sigue a Juan
Antonio V.C. por la presunta comisión de tentativa de feminicidio, en todo momento la institución
ha actuado conforme a derecho y respeto al debido proceso, tomando las medidas necesarias para
asegurar que se integre de manera efectiva la perspectiva de género en todas las etapas.
El proceso judicial continua y aún no se dicta sentencia a los acusados, quienes permanecen en
prisión preventiva. Sin embargo, la Magistrada Presidenta ha puntualizado que en este, como en
otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los
juzgadores.
En las diferentes etapas del proceso, se ha actuado conforme a derecho y respeto al debido proceso,
atendiendo la perspectiva de género, además de que han sido escuchadas cada una de las partes.
Actualmente, de forma responsable y escrupulosa, derivado de este caso, la Visitaduría General del
Consejo de la Judicatura investiga presuntos actos de corrupción de uno de los jueces que, en su
momento, tomó conocimiento de la causa.
Justicia para Majo
Otro de los casos en los que se intervino de manera inmediata fue el de ocurrido en San Francisco
Telixtlahuaca, a finales del pasado mes de febrero, donde la joven Majo que estaba acompañada de
sus dos hijas menores de edad, en una transmisión en vivo alertó con una señal de sus manos que
necesitaba ayuda porque estaba en peligro, por lo que personas que la veían avisaron a la policía que
detuvo al agresor.
En su momento, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violencia
familiar, al imputado identificado con las iniciales J.M.F.R., quien continúa su proceso privado de la
libertad.
En conclusión, la firme aplicación de la ley es esencial para un sistema judicial que aspire a ser justo
y equitativo. Sensible a ello, el Poder Judicial del Estado tiene la responsabilidad de ser un garante
de la justicia, actuando con integridad y determinación, y asegurando que todos los ciudadanos se
sientan protegidos y valorados en su búsqueda de justicia.
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