Buscan derogar o modificar decreto que les impide usar agua
Exigen ser consultados como establece el derecho internacional
Conagua viola derechos humanos y desacata a tribunal federal
El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, anunció este miércoles que la institución a su cargo actuará “al límite de sus posibilidades” en apoyo a las demandas nacionales e internacionales de las y los indígenas oaxaqueños afectados por un decreto presidencial de hace casi 50 años que hoy les impide disponer de agua en el centro del estado.
A través de un comunicado, el defensor hizo también un enérgico llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dejar sin efecto el decreto de veda del acuífero de los Valles Centrales del 14 de julio de 1967, en tanto realiza una consulta entre las comunidades indígenas de la región acerca de dicho mandato, y con base en los resultados proponga su modificación o derogación.
Expuso que una investigación de la Defensoría, hecha pública en febrero pasado, concluyó que la aplicación del decreto presidencial viola los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del que gozan los pueblos indígenas de México a la luz de la Constitución y de diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país.
En el estudio “también se hizo evidente la violación al derecho humano al agua y a otras prerrogativas relacionadas, como a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a la participación en la vida cultural de las comunidades, lo que hoy afecta a miles de mujeres y hombres de la zona central del estado”, señaló en el comunicado distribuido hoy.
A partir de la emisión del informe, continuó, “esta Defensoría ha llamado de manera reiterada y pública a la Comisión Nacional del Agua a que deje momentáneamente sin efecto el decreto de veda”, pero “nuestros exhortos no han sido escuchados por la dependencia federal”.
Dijo que la falta de respuesta de la Conagua también va en sentido contrario a una sentencia federal de 2013, según la cual, en el rechazo a la exigencia de las y los indígenas “es evidente que se transgreden el cúmulo de derechos humanos de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca”.
Peimbert reconoció que la Defensoría está facultada por ley para conocer de violaciones a derechos humanos imputadas sólo a autoridades estatales o municipales, lo que excluye acciones del ámbito federal, pero advirtió que la Constitución mexicana establece que las normas de derechos humanos deben interpretarse a favor de la protección más amplia de esas garantías.
Este precepto “obliga a la Defensoría a hacer cuanto esté en sus manos para evitar que se continúe la violación a los derechos humanos de los miles de oaxaqueñas y oaxaqueños afectados por el decreto de veda”, externó.
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