Aprietan de más a los medios públicos

Horroriza la ignorancia e insensibilidad que, sobre la comunicación política, padecen quienes planean el gasto público en el actual gobierno federal. Siguen castigando a los medios que podrían ser sus mejores aliados.

Parece que los “planificadores” del gobierno federal no ponderan suficientemente la importancia estratégica que tienen los medios de difusión del sector público, relevancia que crece en tiempos de escasez de tribunas y espacios para informar bien a la gente.

Para 2017, esos “administradores” otra vez ya condenaron a los medios públicos a sufrir otra reducción presupuestal. Un recorte monumental se consumará, pero no sólo por la contingencia financiera actual, sino porque la concepción burocrática minusvalúa a estos medios que han castigado todo el sexenio.

Las primeras alertas del nuevo golpe presupuestal que viene a los medios públicos las emitieron dos personajes de muy alta credibilidad: el periodista Jorge Meléndez Preciado (director del periódico especializado Unión de Periodistas) y el acreditado investigador académico en temas de comunicación, Gabriel Sosa Plata. Sus datos estremecen, sobre todo a los trabajadores de estos medios.

Desde la mitad de septiembre Gabriel Sosa Plata escribió y habló en sus espacios de colaboración de las disminuciones que han sufrido y las que se planean:

Canal 11, de aprobarse el proyecto de los “planificadores”, tendrá el año entrante el presupuesto más bajo de su historia reciente, 419 millones de pesos; cuando al inicio del sexenio (2013) tuvo 643. Desde entonces le fueron quitando: en 2014 le restaron 30 millones, en 2015 tuvo lo mismo; en 2016 le recortaron 130 millones y para 2017 le quitarán otros 63 millones.

Un castigo similar sería para Canal 22. De acuerdo a los números de Sosa Plata se planeó que tenga 170 millones en 2017, cuando su presupuesto en 2013 fue de casi 232 millones.

“Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano –dice el investigador– se le destinaron en 2016 casi 427 millones y le quitarán casi la mitad en 2017, 200 millones de pesos.”

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) que en 2016 había logrado un total para gastos de 234 millones de pesos, ahora le restarán 61 millones.

Jorge Meléndez Preciado, el dirigente y formador de periodistas ofreció días después las mismas cifras e interpretó que con los recortes “los más torturados son el sector cultural y los medios de difusión públicos. Resultan claramente, los patitos feos del gobierno, los instrumentos incómodos, a los que se les desprecia por una clase política que insisten en salir, a cualquier precio, en las televisoras comerciales o aparecer en medios impresos de mediana circulación…”

Para quien lo ignore, el sector público todavía no es competidor preocupante para el sector privado en el mercado de la información de interés público. No compite nada en impresos y podría incrementar su presencia en medios electrónicos, anotó este reportero en un ensayo difundido en diciembre de 2014.

Atraigo los datos de entonces para perfilar a los medios públicos:

En impresos, el gobierno federal y los gobiernos estatales no cuentan con medios informativos impresos masivos, salvo periódicos y gacetas oficiales. Eventualmente mandan imprimir folletería propagandística. En contraste, los periódicos impresos privados al iniciar 2015 eran, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, 1, 225 (579 diarios y 646 revistas impresas).

Para evaluar la relevancia de los medios electrónicos públicos, hay que contrastar que en 2015 se registraban 578 estaciones de señal abierta de televisión (aparte las de señal restringida); que en radio eran unas 1,053 emisoras en el país y la mayoría usufructuadas por pocas empresas concentradoras.

Los medios públicos tenían entonces el siguiente perfil estadístico según informa en su sitio web el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (antes OPMA, ahora SPR):

A fines de 2014 existían alrededor de 56 sistemas de radio y televisión pública que integran la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Educativas y Culturales.

De televisión pública eran 32 emisoras, de las que 24 pertenecen a gobiernos locales de entidades estatales; 4 con carácter federal que son operadas desde el D.F. (Canal 22 de la SEP, Canal 11 del IPN, y “Una Voz Con Todos” que opera el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); 4 dependen de universidades públicas (UNAM, Sonora, Nuevo León y Guadalajara), destacan las del sistema del Estado de México, canal 21 del DF y los canales de los poderes legislativo y judicial. Recien comenzó a trasmitir el canal de la Asamblea legislativa de la CDMX.

De radio, según los datos de SPR “en el ámbito federal, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es la instancia encargada de administrar más de 20 estaciones a nivel nacional; entre ellas destacan las siguientes: La B Grande de México, Opus, Reactor, Horizonte y Radio Ciudadana, en la ciudad de México y estados aledaños. El IMER tiene una fuente de financiamiento alterna por servicios de producción e ingeniería a terceros, así como la posibilidad de recibir patrocinios.

Por separado funciona Radio Educación, con una cobertura metropolitana en la ciudad de México y 16 estados de la república y por vía satelital a todo el territorio nacional, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sur de Estados Unidos.

Adicionalmente16 estados cuentan con estaciones de radio operadas por gobiernos locales, tanto en AM como en FM. Hay también más de 50 radiodifusoras universitarias que requieren modificar su tecnología si quieren ampliar sus espectros. Destacan Radio UNAM, Radio UdeG e Ibero 90.9.

Localmente, existe un sistema de 21 radiodifusoras culturales que transmiten en 32 lenguas indígenas.

Y, todos estos medios públicos seguirán siendo castigados presupuestalmente en 2017, porque son menospreciados por los burócratas “planificadores”.