· Autoridades deben comprometerse a disminuir niveles de esa práctica, exigen
· Aumenta número de personas dentro del umbral de pobreza, exponen
· Organismo autónomo rindió su tercer informe anual de actividades
La impunidad es el incentivo para que se sigan vulnerando derechos humanos, por lo cual las autoridades deben asumir su compromiso de disminuir los alarmantes niveles de esta práctica, señaló el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al presidir la ceremonia pública en que el organismo rindió su tercer informe anual de actividades.
Las y los consejeros del organismo autónomo recalcaron que el Estado tiene que entender que su responsabilidad en materia de derechos humanos no sólo implica el reconocimiento jurídico, sino su implementación, su protección práctica y eficaz.
Las consejeras Martha Julia Avendaño Córdova y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Arturo Peimbert Calvo, fueron representados por el consejero Rodríguez Alamilla en la lectura del mensaje conjunto durante la sesión pública celebrada este lunes 17 de agosto.
El mensaje del Consejo Ciudadano de la Defensoría reconoce que hay avances en materia de derechos humanos, pero pese al progreso alcanzado, hay un aumento en el número de personas dentro del umbral de pobreza, lo que significa violaciones a derechos elementales como la vida, alimentación, salud o educación, pues por su condición esas personas no pueden acceder a dichas prerrogativas.
En la voz de Rodríguez Alamilla, el Consejo Ciudadano externó que son constantes en nuestra sociedad la discriminación, la intolerancia y la violencia, que se han vuelto lacerantes, especialmente este año, en el que México ha vivido una serie de violaciones graves a los derechos humanos que marcan un punto de no retorno respecto a la exigencia de justicia de las víctimas.
El representante del Consejo Ciudadano sostuvo que esta coyuntura histórica nos exige cambiar la manera como entendemos nuestra realidad; “las estructuras de poder y las formas como nos relacionamos nos obligan a cambiar las reglas de nuestra convivencia, es un punto de inflexión respecto al destino del país”, explicó.
Rodríguez Alamilla, a nombre del Consejo, puntualizo que desapariciones forzadas, tortura, así como asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, son algunos hechos de los que la sociedad ha sido testigo en este periodo, hechos ante los que el Consejo no puede callar ni olvidarlos. “Para no repetir los errores del ayer y del presente, debemos recordar lo sucedido en nuestro país para exigir justicia”, insistió.
Ante las más de quinientas personas asistentes a este tercer informe de actividades Bernardo Rodríguez Alamilla recalcó que la justicia explica el porqué de los abusos, expone la complicidad, pero sobre todo frena la impunidad, al dignificar y restituir la humanidad a quienes han sido víctimas de los abusos y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.
A nombre del Consejo Ciudadano, Rodríguez Alamilla manifestó un llamado a los actores gubernamentales para que la toma de decisiones se implemente en función de estándares internacionales de derechos humanos, y no como resultado de agendas de grupos de presión, pues con frecuencia importa más el poder de los grupos fácticos que el derecho de las personas.
El Consejo Ciudadano reiteró en su mensaje que la autonomía financiera de la Defensoría es un pendiente serio, pues los recursos financieros que el Congreso otorga a esta institución debieran ser suministrados de manera inmediata, y no como sucede ahora, que las actividades del organismo están sujetas a los tiempo de la Secretará de Finanzas del gobierno estatal.
El consejero Rodríguez Alamilla detalló que la Defensoría tiene insuficiencia de recursos materiales y financieros que permitan dotar al personal de los viáticos suficientes para que se trasladen a otras regiones sin que esto signifique un menoscabo a su presupuesto personal.
El mensaje del Consejo Ciudadano no omitió señalar que, pese a las actuaciones de la Defensoría, la ausencia de resultados sustantivos, más contundentes, motiva la persistencia de la desconfianza hacia este organismo entre sectores de la ciudadanía, movimientos o personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos.
El mensaje suscrito por las y los integrantes del Consejo Ciudadano reconoce que hace falta un trabajo articulado entre las diferentes áreas de la Defensoría para que operen con mayor coordinación e integración para mejorar su eficacia, y llama a las autoridades a colaborar para que las medidas cautelares, alertas tempranas y recomendaciones emitidas por la Defensoría tengan efectos concluyentes.
Al terminar la lectura del mensaje del Consejo Ciudadano, un hombre que se identificó como empleado de la Judicatura estatal exigió subir al podio para manifestar su desacuerdo con el trabajo de la institución, y de forma inesperada exigió que Oaxaca se independice y convierta sus ocho regiones en otros tantos estados de un nuevo país.
Enseguida, un grupo de sexoservidoras de la comunidad lésbico-gay-transexual-travesti-intersexual aprovechó el foro para denunciar los peligros que corren en su oficio, incluyendo la denuncia de Melisa Mijangos, defensora de derechos de personas con preferencias sexuales diversas, quien aseguró haber recibido varias amenazas de muerte por su actividad.
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