Carlos García
Por si algo faltara en el Estado de Oaxaca, el 20 de Marzo se dictó una sentencia por demás temeraria, por parte de los magistrados electorales de nuestra entidad, en la que argumentando un control de convencionalidad, ordenan al Instituto Electoral de Oaxaca, pagar una indemnización de 2.3 millones de pesos, vinculando al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas para ello.
El asunto lejos de ser paradigmático, constituye una muestra de la voracidad de los ex consejeros electorales y actuales funcionarios del gobierno estatal, Juan Pablo Morales García y Víctor Leonel Juan Martínez.
IGNORANCIA Y OPORTUNISMO EN LA SENTENCIA QUE ORDENA EL PAGODE 2.3 MILLONES DE PESOS
Es sabido, que cuando existe una reforma constitucional, se cambian las estructuras de los órganos, ese es el objeto de una reforma de naturaleza constitucional. Desapareciendo las estructuras viciadas y creando una nueva. Me pregunto y someto a reflexión, ¿Cuándo amigo lector, ha escuchado, que por ejemplo a nivel federal, los ex consejeros del IFE, ahora INE, Luis Carlos Ugalde o Leonardo Valdéz Zurita, hayan solicitado el pago de una indemnización? ¿Porque no terminaron los 9 años por el que fueron designados como consejeros electorales? pues nunca, porque son conocedores de las cuestiones constitucionales y saben que no tienen derecho a ello.
En Oaxaca, de todos es sabido, que no existe una voluntad clara para que se queden como magistrados electorales los actuales, por la falta de calidad de su trabajo principalmente, por lo que con este precedente, pretenden cobrar una cantidad equivalente, si el Senado de la República decide no confirmarlos como magistrados, ¿A qué le suena esto? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Que los oaxaqueños tenemos que pagar con nuestros impuestos la voracidad de los ex consejeros electorales y magistrados? Por una sentencia ilegal que necesariamente debe combatirse por el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas.
¿Dónde está el deseo de servicio de estos consejeros y magistrados? Pareciera que los nombramientos los ven como un negocio y no como un servicio al pueblo. Todavía quieren indemnización, si ganan más de 80 mil pesos al mes.
CONFLICTO DE INTERÉS DE JUAN PABLO MORALES GARCÍA.
No es posible amigo lector que el Director del IEEPO, Moisés Robles, no obstante el juicio entablado por parte de su Coordinador de Asesores, Juan Pablo Morales García, en contra del IEEPCO y vinculando a Finanzas y Congreso del Estado, lo sostenga en tal puesto.
Es claro que este servidor público está litigando en contra del gobierno al que supuestamente sirve, generando un claro conflicto de interés, ya que puede usar la influencia que tiene como parte del gobierno Estatal, para inclinar la balanza y lograr el pago ilegal que solicita.
Es paradójico, que alguien que se dice luchador social como Víctor Leonel Juan Martínez, quiera dañar las finanzas del estado con un pago cercano a los 2.5 millones de pesos, amigo lector, supuestos luchadores de la democracia se han convertido en lastres para la economía estatal.
QUEBRANTO PATRIMONIAL AL ESTADO DE OAXACA SI SE PAGAN LAS INDEMNIZACIONES.
Si no se combate hasta la última instancia posible, la ilegal sentencia dictada por los Magistrados Camerino Eleazar Madrid, Ana Mireya Cruz y Cordero Aguilar, el propio congreso del estado y secretario de finanzas incurrirían en una omisión y por tanto, podían ser sujetos de una responsabilidad civil y penal por daños patrimoniales a nuestra entidad. Ya que si la tendencia se sigue, ya son 4, 6 millones de pesos que tienen que pagar a Juan Pablo Morales García y Víctor Leonel Juan Martínez, y si no confirman a los magistrados, al ser 6, serían otros 12 millones de pesos más, en total hablamos de más de 16 millones de pesos, por una sentencia planeada, consensada y que dañara patrimonialmente a nuestro estado.
¿Amigo lector, usted qué opina?
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