La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.
Con ello, se faculta al Congreso para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de secuestro, trata de personas y electoral.
Luego de dar cuenta que 19 congresos estatales respaldaron el proyecto, el presidente de la Comisión Permanente y del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, emitió la declaratoria de aprobación e informó que el decreto se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Arturo Zamora Jiménez destacó que por acuerdo de todas las fuerzas políticas se aprobaron normas para asegurar la tutela efectiva de los derechos de los mexicanos.
Con la reforma, agregó, se podrán generar ordenamientos procesales que sean asequibles y que permitan investigar el paradero de personas que han sido sujetas a desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado e incluso por actividades de particulares.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez acotó: “estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, acordes a los instrumentos internacionales”.
La legisladora del Partido Acción Nacional enfatizó que la credibilidad internacional de México en esta materia debe construirse sobre la base de una política coherente que garantice el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio.
En tanto, el senador Zoé Robledo Aburto dijo que la reforma constitucional “no es una victoria de los políticos y de quienes rechazaron durante muchos años” que la desaparición forzada se cometiera en nuestro país, sino que se trata de un triunfo de la sociedad civil, de las víctimas y de casos como el de Rosendo Radilla.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática hizo un llamado para que en septiembre, en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, dé inicio el trabajo para procesar las leyes reglamentarias en la materia.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Tomás Torres Mercado expresó que la aspiración de los ciudadanos es que quien gobierna lo haga respetando la ley y generando condiciones de tranquilidad y de paz para el desarrollo y la vida en comunidad.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, coincidió en que su aprobación permitirá al Estado mexicano atender a cabalidad los tratados internacionales en la materia, pero sobre todo cumplir con el compromiso de garantizar los derechos humanos de los mexicanos.
La Mesa Directiva dio a conocer que los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, aprobaron el decreto.
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