El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que será la próxima semana, el 18 de febrero, cuando se concrete una reestructuración de fondo en su gabinete. En su discurso habló de “cambios profundos”, de escuchar a la sociedad, de combatir el nepotismo y la corrupción, y de reencauzar la gestión pública, particularmente en los centros urbanos. El mensaje fue contundente en la forma, pero limitado en el fondo.
A las puertas del cuarto año de gobierno, el mandatario no priorizó un tema clave: el plan de trabajo para el cierre de su administración. No aterrizó cuál será su magna obra ni explicó cómo pretende revertir el rezago histórico que mantiene a Oaxaca en los últimos lugares de desarrollo a nivel nacional, una posición que el estado arrastra desde hace décadas y de la que aún no logra salir.
Sectores estratégicos como salud, seguridad pública, infraestructura, educación y bienestar comunitario siguen sin recibir respuestas claras y resultados tangibles. Las comunidades, especialmente fuera de los discursos oficiales, continúan esperando acciones que vayan más allá del anuncio y la narrativa política.
Mientras tanto, los funcionarios que dejarán sus cargos lo hacen sin rendición de cuentas, pese a los múltiples señalamientos por corrupción, abusos de poder y manejo discrecional de recursos públicos, muchos de ellos de dimensiones estratosféricas que no se tradujeron en beneficios reales para Oaxaca. La impunidad parece ser el punto de coincidencia entre quienes se van y quienes permanecen.
Llama la atención que, pese al reconocimiento tácito de abusos por parte de subordinados, no se haya detallado la apertura de auditorías en dependencias clave como Gobierno, Turismo, Seguridad, Trabajo, Educación, etc., áreas sensibles tanto por su impacto social como por los cuestionamientos que arrastran. El gobernador fue tajante al invocar los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar. Sin embargo, esos principios requieren acciones verificables, no solo consignas.
Si el mensaje del Ejecutivo estatal es honesto y los cambios anunciados no se limitan a simples enroques o ajustes cosméticos, Oaxaca, en sus ocho regiones, aún podría tener una oportunidad real de encaminarse al desarrollo. Pero el tiempo político se acorta y la paciencia social también.
El 18 de febrero no solo marcará una fecha de cambios administrativos; será también una prueba de credibilidad. Hoy, todo el gabinete está bajo escrutinio. Mañana, lo estará el propio proyecto de gobierno.
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