David Ortíz.
En los recientes homicidios violentos realizados sobre la vía pública, en plena luz del día y en zonas concurridas o unidades habitacionales de Oaxaca, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), afiliada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), arriban a la zona cero para levantar las pesquisas necesarias e iniciar una nueva carpeta de investigación y así deslindar responsabilidades de quienes resulten responsables, para que estos sean procesados conforme el marco legal, sin embargo, últimamente han demostrado su frustración por la falta de resultados efectivos y que es extensiva a los familiares de las víctimas, orillándolos por medio de la intimidación y violencia a no ejercer presión en el proceso legal de investigar a los homicidas culpables.
Así mismo, los empleados gubernamentales, que poco conocen de los protocolos de seguridad y la libertad de expresión, prensa y opinión, derecho universal de todos los ciudadanos, extienden su frustración y manipulan los sentimientos de los familiares de las víctimas, generando repudio hacia los representantes de los medios de comunicación, corriéndolos de la zona del crimen y arremetiendo contra ellos, quienes últimamente han sido señalados, insultados y hasta agredidos físicamente mientras realizan su labor informativa sobre la impunidad e inseguridad de Oaxaca.
Al respecto, tan solo el 1 por ciento de los casos de investigación se han materializado, mientras que el 99 por ciento se mantiene en la impunidad, omisión grave por parte de los funcionarios públicos que laboran al interior de la Fiscalía, dependencia liderada por el exdefensor de los derechos humanos, Arturo Peimbert Calvo, quien recientemente fue llamado a comparecer por los diputados locales por el nulo desempeño a favor de la procuración de justicia de las miles de víctimas en el Estado.
Casos como las ejecuciones del Chef J. A. Alcázar, del magistrado E. Pacheco, el líder T. Martínez, el empresario L. Díaz, los periodistas H. López y J. I. Santiago, los motociclistas, el feminicidio de la exdiputada I. Gallegos, el secuestro y asesinato del empresario A. Castillo, los cuerpos maniatados y tirados a los ríos Salado y Atoyac, además de los delitos más frecuentes en Oaxaca que se siguen cometiendo como la extorsión, el fraude y el asalto, son crímenes que han lastimado a las familias oaxaqueñas, desestabilizado hogares y que no se han logrado resolver.
En tanto, la crisis de justicia no es nueva, es una herencia preocupante que han arrastrado gobiernos anteriores y que se legitima con los actuales, sin que nada cambie, mucho menos la voluntad de ejercer y hacer valer los derechos constitucionales a vivir en un ambiente de paz, seguridad y legalidad.
Finalmente, el reto para el gobierno entrante es grande, puesto que tendrá que demostrar que las leyes aún protegen a los más débiles y no a quienes agreden, dañan y atentan contra la vida humana, una problemática más que tendrá que resolver, si así es su voluntad, el Ingeniero Salomón Jara Cruz, en el próximo mes de diciembre y los siguientes 6 años de administración estatal.
¿Seguirán las mismas prácticas o habrá un verdadero cambio para la justicia en Oaxaca?
Juzgue usted amable lector.
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