Familiares de las víctimas y GADH anuncian envío del caso ante la
CIDH.
El día de ayer el Juez Integrante del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca
ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de
Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) encarcelados por su presunta
participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta
Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa,
respectivamente.
Los sujetos que desde ayer se encuentran en libertad, fueron acusados de homicidio
calificado con ventaja, alevosía y premeditación; al haber participado en la
emboscada armada en contra de una misión civil de paz en las inmediaciones del
Municipio de San Juan Copala el 27 de abril de 2010.
En ese ataque fueron asesinados los dos activistas, por impactos de bala de alto
calibre, resultando heridas varias personas más del grupo de veinte que integraban
la caravana de misión humanitaria entre los que se encontraban otros activistas y
defensores de derechos humanos y algunos periodistas.
Tras la emboscada las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por
miembros de la UBISORT en caso de que se atrevieran a denunciar los hechos.
Esto ocurrió durante las horas en que también los mantuvieron en cautiverio. Desde
entonces, tanto los representantes jurídicos de las víctimas (GADH), como los
testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección
para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia EsparzaCariño.
Sin embargo, todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto
federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de
protección a testigos ni víctimas en México”, pese a que, tanto a nivel federal como
estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.
La solicitud de protección para las víctimas y los testigos, tenía como finalidad el
que ellas y ellos pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo
condiciones mínimas de seguridad, dado que el grupo paramilitar UBISORT sigue
operando con total impunidad en Oaxaca manteniendo su poderío económico y
armado prácticamente intocado.
La complicidad entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el grupo paramilitar ha
sido evidente a lo largo de estos 12 años pues la investigación judicial tardó cuatro
años en iniciarse, de las 14 órdenes de aprehensión libradas solo se
cumplimentaron siete de ellas, destacando que previamente tanto el líder del grupo
paramilitar Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su
libertad por estos mismos hechos.
El día de ayer fueron puestos en libertad Daniel Martínez López, Antonio Solano
Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez Y Elías Cruz Merino debido a que en el juicio
que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las
víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en una
alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.
Es importante resaltar que el grupo UBISORT sigue asediando a las comunidades
triquis bajo la protección de las autoridades estatales que le ha permitido consolidar
un gran poder político-territorial en la región.
Ante la noticia de la liberación de los últimos presuntos responsables del homicidio
de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y la inviabilidad de encontrar justicia en el país,
anunciamos que las familias de las víctimas y su representación jurídica han
decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
instancia ante la cual solicitarán se admita el caso Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero
Jaakkola, Personas Testigos y Familiares.
Llama la atención que a 30 días de la visita de Europarlamentarias a nuestro país
para dar seguimiento al caso se presente esta liberación. Ante este acto culminante
de 12 años impunidad, el GADH presenta la campaña mediática ¿A quién protege
el gobierno? que buscará sumar pronunciamientos de solidaridad a nivel nacional e
internacional, para exigir #QueSeRompaElSilencio y se castigue a los responsables
de este crimen.
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH)
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Familias Jaakkola- Esparza Cariño
Ciudad de México a 8 de septiembre de 2022
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