En los últimos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, fue exhibido en redes sociales en una escena captada en una sala de espera realizando un acto considerado poco higiénico. El episodio, que en la vida cotidiana podría parecer un desliz menor, cobró dimensión pública por la responsabilidad y el simbolismo del cargo que ostenta.
El hecho se suma a otro momento previamente difundido, en el que sus subordinados le limpiaban el calzado con servilletas, imagen que también generó críticas por lo que proyecta en términos de jerarquía y cultura institucional. Más allá de lo anecdótico, lo que está en discusión es el mensaje que se transmite desde la cúspide del Poder Judicial.
A ello se agrega otro desacierto que ha generado controversia: la decisión de no utilizar la toga tradicional de ministro en actos oficiales y, en su lugar, mandar confeccionar diseños propios. La toga no es una prenda ornamental ni un simple protocolo; es un símbolo de igualdad entre pares, de solemnidad y de apego a la tradición jurídica.
Alterarla o prescindir de ella no es un detalle menor, porque en el ámbito judicial los símbolos comunican continuidad institucional y respeto a la investidura.
La SCJN no es una oficina administrativa más. Es el máximo intérprete de la Constitución y el último resguardo de los derechos fundamentales. Su presidencia no solo coordina trabajos jurisdiccionales; representa la sobriedad, la rectitud y el equilibrio que exige la justicia en un país profundamente lastimado por la desconfianza institucional.
En la función pública, la forma también es fondo.
La investidura no se suspende en una sala de espera ni se redefine según el gusto personal. Se porta siempre. Porque quien encabeza el máximo tribunal no actúa únicamente a título individual: encarna a una institución que exige respeto, disciplina y ejemplo.
No se trata de moralismos ni de exageraciones. Se trata de coherencia. La justicia demanda credibilidad, y la credibilidad se construye con congruencia entre discurso y conducta. Si desde el Poder Judicial se exige respeto a la ley y a las instituciones, ese respeto debe comenzar por la imagen que proyectan quienes lo encabezan.
Los pequeños actos revelan grandes valores. Tirar basura en la calle, escupir en la banqueta o comportarse sin cuidado en espacios públicos son conductas que durante generaciones se señalaron como faltas de cultura cívica. Cuando esas escenas involucran a quien ocupa la más alta magistratura judicial, el mensaje deja de ser individual y se vuelve institucional.
En tiempos donde la justicia enfrenta cuestionamientos y presiones, el ejemplo es una herramienta poderosa. La autoridad no se impone; se honra. Y la investidura no es un accesorio que se pone, se quita o se rediseña al gusto personal: es una responsabilidad permanente.
Porque cuando se debilitan los símbolos, también se debilita la confianza. Y sin confianza, la justicia pierde su fuerza moral, que es, al final, su mayor sustento.
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