Debanhi Escobar fue asesinada en el norteño estado de Nuevo León en México y, constituye uno de los casos más visibles que exhibe la brutal complicidad e impunidad con la que opera el crimen organizado desde y con las más altas esferas gubernamentales en todo el país.
Estamos cansados de esperar que el Estado mexicano emprenda la senda del Estado de Derecho; que los funcionarios cumplan con lo que ordena la Constitución, los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y nos garanticen la vida y la libertad.
Hace muchos años que “Las muertas de Juárez” exhibieron la vulneración de Derechos Humanos que sufren las mujeres en particular y todos los mexicanos en general y ni la sentencia en el caso “Campo algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumple.
Del centenar de personas asesinadas diariamente en México, son feminicidios los que corresponden al rubro de las mujeres pero, ni en el ámbito de las investigaciones ni en los escasos expedientes que concluyen con una sentencia se abordan con estricta perspectiva de género.
Las mujeres han sido siempre parte del botín de guerra donde los militares y policías se han convertido en el ejércitos de ocupación, ejército que desde que tengo memoria llegaban a la Sierra Sur de Oaxaca para perseguir, asesinar, saquear, detener, torturar y fabricar delitos.
Los paramilitares, sabedores del miedo que se le tiene a ir contra el Ejército Mexicano, se disfrazaban de militares para cometer sus fechorías, en la ranchería de Río Seco, Zoquitlán asesinaron al señor Antonio Aragón. Contaban con la protección de una banda de narcotraficantes.
Zonas liberadas para siembra de mariguana, espacios donde las campañas de erradicación encabezada por el Ejército Mexicano, policías federales y estatales no entraban y donde posteriormente continuaban con la cadena de tráfico y distribución a la Unión Americana.
El negocio no tenía que ver solamente con los gobiernos estatales, el gobierno federal era parte del jugoso negocio de las drogas, negocio que pasó a fortalecerse con el florecimiento del mercado de la cocaína procedente de Centroamérica, el cultivo y procesamiento de amapola.
Año 2000: como parte de la guerra contra los indígenas Loxicha iniciada en 1996 por Diódoro Carrasco Altamirano que, como gobernador de Oaxaca fue parte del turbio negocio de la droga, después de la desaparición forzada y dos años de prisión política fui trasladado al CEFERESO # 1.
Diódoro Carrasco, premiado con la Secretaría de Gobernación, ordenó el traslado, otros 10 indígenas zapotecos padecían en ese penal de máxima seguridad. En el lado derecho de mi celda estaba preso el General Gutiérrez Rebollo, en el izquierdo el General Jorge Mariano Maldonado.
El genocida Ernesto Zedillo Ponce de León había nombrado al General Gutiérrez Rebollo, atendiendo indicaciones del gobierno norteamericano, primer zar antidrogas de nuestro país, de igual modo que el General Jorge Mariano Maldonado Vega, estaban acusados de narcotráfico.
El Cártel de Los Zetas ha sido uno de los cárteles de la droga mexicanos más sanguinarios, sus integrantes fueron soldados de élite entrenados para combatir al crimen organizado, terminaron siendo parte de ese negocio. En el 2006 supimos que trabajaban con Ulises Ruiz Ortiz.
No, yo no creo en la inocencia de los generales, incluido el General Salvador Cienfuegos Zepeda, tampoco en la inocencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Hace 91 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Hemos denunciado siempre la injusticia y enfrentado la corrupción: los gobiernos, los gobernantes son parte y cómplices del crimen organizado, las fiscalías operan con y a favor de los criminales. No seremos parte de ese cómplice silencio. Somos y estaremos siempre con el pueblo.
¡Vivas las queremos!
¡«Libertad, igualdad, fraternidad»!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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