Parafraseando a Castelao:Nos mean en la cara y tenemos que decir que llueve…
100 meses han pasado de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, es un delito de lesa humanidad del que son responsables los perpetradores inmediatos y las autoridades cómplices que prodigan impunidad.
Y, no nos engañemos, cuando digo autoridades cómplices me refiero tanto al presidente de la República como a las autoridades estatales y locales. Me refiero a la impunidad y al poder que se le ha prodigado al sexenio de Enrique Peña Nieto, y a los altos cargos militares.
Sin embargo, pareciera que no es del conocimiento popular que lejos castigar a los responsables, se les ha mantenido en la nómina gubernamental y en el caso del Ejército Mexicano, lejos de retirarlo de lo que han sido labores policíacas inconstitucionales, se les legitima.
Así, los entes gubernamentales del presente sexenio se convierten en cómplices de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la persecución y la represión contra los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en particular y contra el pueblo de México en general.
Porque, desafortunadamente no es el único caso: 188 meses llevan desaparecidos los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desde el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca. También aquí la responsabilidad es del Ejército Mexicano.
Esto es así porque, convertida la contrainsurgencia social en política de seguridad nacional, las autoridades federales y locales pasan a ser rebasadas por las hordas militares que, a lo largo de la historia han cometido todo tipo de delitos de lesa humanidad contra la población.
El estado de indefensión no puede ser menor cuando a los militares, lejos de investigar y castigar, se les premia con ascensos, condecoraciones y todo tipo de canonjías en el presente sexenio. Gobierno de izquierda y a favor de los pobres dicen que son.
Entonces, si así nos va con un gobierno que se dice de izquierda y cercano a las causas sociales, con un gobierno de la derecha la represión sería abierta y descarada y no de modo encubierto como sucede actualmente donde el crimen organizado domina el país.
Se afanan en negarlo pero es así, los grupos paramilitares operan impunemente, los policías y militares terminan enjuiciados en Estados Unidos ante la incapacidad o complicidad del gobierno de México. El peor bochorno fue el rescate del impune General Cienfuegos.
Oaxaca como laboratorio nacional, es un botón de muestra, históricamente los oficiales defensores de Derechos Humanos han pasado a ser policías del estado y el nada flamante Bernardo Rodríguez Alamilla no podía ser la excepción. Salomón Jara confirma la regla.
No hay ninguna diferencia respecto a los represores Diódoro Carrasco Altamilrano, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa: simples ambiciones personales y cumplimiento de los designios de quienes mandan de verdad.
¡Alto a la impunidad en México!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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