Julisa Sanchez / Tucán
En una decisión que ha encendido las alertas sobre el retroceso democrático en Oaxaca, el Congreso local bajo la dirección de Benjamín Viveros, aprobó la desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado, dejando a la ciudadanía sin una institución que fiscalice el uso del poder y los recursos públicos.
La medida fue aprobada por la bancada morenista sin consulta ciudadana ni debate público, en una sesión opaca que contradice los principios que el propio organismo defendía: rendición de cuentas, transparencia y participación social.
Organismos civiles, académicos y ciudadanos ya advierten que la eliminación del órgano representa un golpe directo a la democracia, la rendición de cuentas y el derecho a saber de los oaxaqueños.
¿A quién le estorba la transparencia?
Desde su creación, el órgano había sido incómodo para gobiernos y funcionarios que encontraron en los mecanismos de acceso a la información una amenaza a sus actos discrecionales. En lugar de fortalecerlo, los legisladores eligieron borrarlo del mapa institucional, en momentos donde crecen las denuncias por corrupción, malversación de fondos, y uso indebido de programas públicos.
El mensaje es claro: el poder no quiere ser vigilado.
• Retroceso disfrazado de reestructuración
Bajo el argumento de “reingeniería administrativa” y supuestas duplicidades, los diputados justificaron la desaparición como un acto de eficiencia. Sin embargo, no se ha presentado ninguna alternativa viable ni se garantiza que los derechos ciudadanos queden protegidos por otras instancias.
El vacío institucional pone en riesgo el derecho de los oaxaqueños a preguntar, investigar, exigir y conocer cómo se maneja el presupuesto, cómo se otorgan los contratos públicos, y quiénes se benefician del poder.
• Oaxaca: más oscuro, más vulnerable
La desaparición de este órgano se suma a una larga lista de acciones regresivas que fortalecen la opacidad: designaciones a modo, concentración del poder, simulación legislativa y ahora, la eliminación de uno de los pocos mecanismos de control ciudadano.
En un estado que enfrenta pobreza, violencia, impunidad y corrupción estructural, quitarle al pueblo la posibilidad de ver, saber y exigir es condenarlo a seguir en la oscuridad.
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