Julisa Sánchez / Tucán
A más de tres años del cambio a la “Cuarta Transformación”, los señalamientos por presuntas irregularidades en obras ejecutadas durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa, como el Centro Cultural, citybus, la ampliación de la avenida Símbolos Patrios, etc., han perdido fuerza en la agenda pública.
Aunque en su momento el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz anunció revisiones y posibles investigaciones sobre el destino de recursos millonarios, hoy las denuncias parecen haberse enfriado. No se conocen procesos judiciales contundentes ni resoluciones que hayan llevado los casos hasta sus últimas consecuencias.
Para sectores críticos, “algo pasó” en el camino que frenó el impulso inicial hacia la rendición de cuentas.
• Del discurso a la omisión
El fenómeno no se limita al ámbito estatal, como ejemplo, en el municipio de Oaxaca de Juárez también existen antecedentes de denuncias contra administraciones pasadas que quedaron en el terreno del señalamiento político. Casos como el llamado “Encierro Primavera” y déficits financieros acumulados en distintas gestiones fueron expuestos públicamente, pero no derivaron en sanciones ejemplares.
La constante reiterada por la clase política, es que cada nueva administración denuncia a la anterior, pero con el paso del tiempo los expedientes se diluyen por así convenir a interés de grupo y la justicia no llega, y el resultado es una ciudadanía cada vez más escéptica frente a los discursos de combate a la corrupción.
• Sucesión anticipada y memoria política
Mientras los casos pierden intensidad mediática, el escenario político comienza a moverse rumbo a la sucesión. Nombres vinculados a grupos tradicionales resurgen en la conversación pública, reviviendo la memoria de sexenios encabezados por figuras como Diódoro Carrasco Altamirano, José Nelson Murat Casab, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y el propio Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
Apellidos que permanecen en la memoria colectiva de un pueblo que, pese a la riqueza cultural y natural del Estado, continúa enfrentando pobreza, rezago social y desigualdad estructural.
• ¿Hacia dónde va Oaxaca?
El futuro de Oaxaca dependerá de si el actual y los próximos gobiernos logran romper con el ciclo de denuncias sin consecuencias. La ciudadanía tiene el derecho de pedir cuentas claras a quienes elige para ocupar cargos públicos, recordando que el servicio público es para servir y no servirse.
Si las investigaciones no avanzan y los discursos sustituyen a la justicia, el desencanto podría profundizarse. Pero si se abren procesos transparentes, con auditorías independientes y sanciones reales, Oaxaca podría iniciar una etapa distinta.
Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿prevalecerá la rendición de cuentas o continuará la historia de señalamientos que se desvanecen con el tiempo?
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