Decepciona incapacidad institucional: abogados
Familiares Bety Cariño y Jyri Jaakkola, acompañados por los abogados Karla Micheel Salas y David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. –tras la detención de Mauro Vásquez Ramírez, uno de los 14 implicados en el asesinato de los activistas– denunciaron que autoridades federales cerraron el caso.
“Ayer, la Procuraduría General de la República nos notificó formalmente que el expediente había sido reservado; en seis años la PGR no tuvo la capacidad de integrar los delitos y de procesar a las personas responsables. Es lamentable y triste que la principal autoridad de investigación de delitos en este país haya renunciado a su obligación y haya decidido cerrar el caso, a pesar de los testimonios y las evidencias ”, señaló el defensor David Peña.
Por su parte, Turo Jaakkola, hermano de Jyri, evidenció que el proceso ha sido lento, que las autoridades abren y cierran el caso, y que se ha tornado complicado y cansado para la familia; pidió se actúe con celeridad.
“Sólo con la presión esta rueda de la justicia se mueve. No entendemos cómo gira y de repente se vuelve a parar. Sólo se mueve con la presión internacional. Nos preocupa que se vuelva a parar y se detenga.”
Finalmente, David Peña lamentó que haya acuerdos políticos en la continuidad del proceso legal y penal. “Consideramos un riesgo que el caso pueda inmovilizarse si el Partido Revolucionario Institucional llegara a la gubernatura. Sabemos que ha habido expresiones de algunos grupos vinculados al PRI, expresiones que se han solidarizado con este grupo paramilitar. El tema no puede estar supeditado a temas políticos. Sabemos que este caso armado sigue funcionando, no con la fuerza de hace años, está mermado, y que sigue recibiendo dinero del Gobierno estatal y federal por vía de ramo 28 y 33. No vamos a detener el caso si el PRI regresa a la gubernatura.”
La decisión de la PGR se comunicará a los relatores de la ONU(para la Libertad de Expresión; para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos; para Pueblos Indígenas; y de Ejecuciones Extrajudiciales).
“Esperamos que en los informes anuales el Gobierno mexicano rinda cuentas a los organismos de Naciones Unidas sobre esta lamentable, triste y decepcionante decisión de la PGR sobre los hechos del 27 de abril”.
Hoy se realizó una audiencia de imputación para informarle a Mauro Vásquez Ramírez los cargos en su contra, entre ellos homicidio y lesiones graves.
El 27 de abril de 2010, a las 14:40 horas, en el paraje “Los Pinos, en el camino de la Agencia Municipal de la Sabana a San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, las víctimas viajaban en una Suburban, pero la carretera había sido bloqueada con piedras, por lo que descendieron para fotografiar; fueron atacados con armas de fuego de distintos calibres, ocasionándoles la muerte.
A seis años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sólo cuatro de los 14 inculpados han sido detenidos: Rufino Juárez Hernández, Elías Cruz Merino, Fausto Vásquez Martínez y Mauro Vásquez Ramírez.
Continúa vigente, desde el 25 de septiembre de 2012, la orden de aprehensión en contra de Antonio Solano Vásquez, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García, Julio
César Martínez Morales, Daniel Martínez López, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz, Ramiro Domínguez García, Cirino Ramírez López o Cirino López Ramírez.
En el caso de Anastasio Juárez Hernández, también señalado como uno de los responsables, murió en un enfrentamiento en junio de 2011 entre los MULT y UBISORT.
La PGR ha elevado la ficha roja para la detención de los imputados, quienes podrían estar en Estados Unidos.
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