Miradas de Reportero
Por Rogelio Hernández López
Cómo dijera un clásico, dos fantasmas recorren las platicas privadas de periodistas de tiempo completo en México: la precarización acelerada de quienes son empleados, free lance o microempresarios y la tendencia creciente en varias entidades de la república de solicitar fondos y políticas públicas para apoyar a los más debiles. Es en serio.
Dos casos que vienen
El 4 de agosto, se realizó un encuentro insólito en instalaciones del gobierno de la CDMX. Patricia Mercado y Juan José García Ochoa, secretaria y subsecretario de Gobierno recibieron a 19 reporteros, pero no era conferencia de prensa. La reunión, fue para que los informadores plantearan preocupaciones sobre su profesión y lo que esperan de la ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, cuya aplicación está varada por una controversia de la CNDH. Estaban dos diputados locales como invitados.
El miércoles 10 de agosto en la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México se realizó un foro público, también un tanto extraño porque era de consulta sobre la iniciativa de ley para proteger periodistas. Al frente estuvieron los diputados Raymundo Guzmán (PAN), Aquiles Cortés (PANAL), los periodistas Andrés Solís, Edmundo Cancino y Luis Eduardo Knapp, del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19.
En ambos casos saltó el tema de la utilización de recursos públicos para periodistas, más allá de crear mecanismos de protección ante riesgos.
En la CDMX un acuerdo fue crear una mesa de platicas entre el gobierno con periodistas para elaborar políticas públicas para quienes carezcan de recursos para salud, vivienda propia, capacitación continua. Tendrían también apoyo por desempleo y jurídico ante conflictos laborales o profesionales. Esto aplicaría preferentemente a empleados maltratados laboralmente, independientes o pequeños empresarios. La discusión aquí apenas comienza.
En Toluca las conclusiones formales fueron trabajar más en la definición del periodista para no limitar el derecho a la libertad de expresión de quienes no informen profesionalmente, pero a la vez acercarse mejor a los perfiles académicos de esta profesión; reconocer que ésta sea una actividad del interés público y que por tanto debe ser protegida, auspiciada y tutelada.
Y tutelar al periodista fue aquí el tema de fondo en otro debate que se armó en los pasillos, dentro y fuera del foro. Ese tema lo estimula, desde 2010, un sector de periodistas toluqueños. Ellos refieren como necesidad ingente la creación de un fideicomiso que atienda necesidades sociales (salud, educación, vivienda, etcétera). Otro sector se resiste aduciendo pautas éticas.
Los foros por la ley de protección proseguirán en el Estado de México, igual que la mesa entre periodistas y gobierno en la CDMX y con ellos el tema de cómo institucionalizar y transparentar el uso de los recursos públicos para ciertos sectores de periodistas.
Hay antecedentes
De las leyes con relación al periodismo aprobadas por congresos locales tres se conocen como de “Fomento” porque pretenden ayudar y transparentar los “apoyos” sobre todo a reporteras y reporteros. En su origen parecieron bien intencionadas.
Por ejemplo la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, publicada en 2002 y reformada en 2013. Cuenta con un fondo de 7 millones de pesos para 2015, repartible entre agremiados de organizaciones registradas y periodistas en lo individual. Pero, cada año aparecen más organizaciones en la entidad (en 2015 se registraron 44) y también son más recurrentes las quejas de que se beneficia a quienes no son periodistas.
Otro caso similar de “Fomento” es la Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja California, que entró en vigor antes de la guerrerense. Cuando fue reformada el 13 de Septiembre de 2013, organizaciones serias de periodistas demandaron que ya no se aplicara por fomentar la corrupción y porque su definición de periodista estimuló a que se anotaran como beneficiarios a funcionarios públicos en áreas oficiales de difusión.
La tercera de ese tipo se aprobó en 2012. Se llama Ley para el Desarrollo y Protección de los Periodistas del Estado de Morelos. Tiene casi los mismos contenidos e intenciones que las de Guerrero y Baja California. No ha sido promulgada por varias razones: periodistas jóvenes se oponen a que sea otra “ley del chayo”, porque “fomenta dependencia” y porque, dicen con razón, se necesita otro tipo de ley. La causa fundamental es que el gobierno de Graco Ramírez hizo cuentas y no le alcanzarían los recursos para conceder prestaciones sociales “que corresponden a las empresas donde trabajan los periodistas”, dicen que dijo.
¿Blasfemia?
Pareciera blasfémico razonar publicamente sobre el uso de los recursos públicos en el periodismo más allá del gasto publicitario. Son pocas personas las que, con seriedad exponen detalles de otros usos, menos legales y morales, del dinero publico y privado; recursos que se utilizan también para tener buenas relaciones con reporteros, directivos o dueños de medios no incomodos para el poder, aparte son los dineros que no se documentan.
Hablar de eso, que sí ocurre en la mayoría aplastante de municipios, estados y en la federación, parece prohibitivo en un país como este, donde los políticos y demasiados civiles usan un discurso formal para lo público y otro en circulos privados con lenguaje directo, llano y más verdadero. Es lo que llaman el doble lenguaje. Y también se practica entre periodistas.
Como quiera, ese otro debate seguirá, aunque sea en formas soterradas, porque es parte de un dilema permanente entre una buena cantidad de periodistas. ”Si el chayo no te corrompe agárralo”, se simplificaba hace años.
Pero hoy nuevas formulaciones han introducido ese tema a los debates entre informadores profesionales Si el periodismo es asunto de interés público por sus aportes a la sociedad y la democracia, el Estado debiera protegerlo de amenazas (como ya se hace federalmente y en 13 entidades), financiarlo (como se hace con medios públicos y mediante convenios de publicidad legales en todo el paìs y todos los niveles de gobierno).
Y, lo que pareciera una tendencia creciente es la demanda a que el Estado también tutele jurídica y económicamente a medios pequeños y periodistas con vulnerabilidades extremas por la precarización producida por un mercado aun dominado por corporativos de medios. Frente a esto hay alternativas jurídicas, económicas y de políticas públicas. Pero esa debe ser otra mirada de reportero.
Spanish