Gregorio García
Mediante un boletín, el gobernador de Oaxaca, Ing. Salomón Jara Cruz, informó sobre un “curso de sensibilización” que será la sanción a sus subordinados que agredieron y censuraron la protesta de la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz, el pasado 22 de julio durante la celebración de la fiesta máxima de los oaxaqueños en el Auditorio Guelaguetza, donde la acción gubernamental alcanzó al reportero Edwin Hernández.
En su reporte, el gobierno del Estado reconoció y aceptó la existencia de la agresión y la censura en sus actos, donde se identificó a la secretaria particular del Lic. Jesús Romero López, actual Secretario de Gobierno.
“Luego de realizar una investigación, hemos concluido que, en efecto, hubo responsabilidad de servidores públicos al obstaculizar la labor del fotoperiodista, además de intentar retirarle su acreditación. Ante esto, se determinó la suspensión de dichos trabajadores, quienes deberán recibir de manera obligatoria un taller de sensibilización sobre el respeto a la libertad de expresión y derechos humanos”, señaló en su comunicado la autoridad estatal.
Ante ello, la sanción para los empleados es considerada por los diversos sectores sociales como una burla, al tratarse principalmente, de violencia contra la mujer.
Cabe señalar que los mismos personajes que agredieron, como lo denunció el fotoperiodista en su momento, fueron los mismos sujetos que persiguieron, agredieron e intentaron apagar la exigencia de justicia de la ganadora del Ariel, Ángeles Cruz.
La protesta por la masacre en la comunidad de San Miguel El Grande y el reciente ataque donde quemaron viviendas y el cerro de esa comunidad, tuvo una reacción del ejecutivo estatal que movilizó la política estática de la primavera oaxaqueña.
Hasta el momento, sectores del gremio periodístico y social, esperan la renuncia inmediata de los protagonistas de una agresión a la Libertad de Expresión y de abuso de autoridad en el escenario internacional, La Guelaguetza.
Mientras tanto, la entidad se coloca en el semáforo rojo delictivo nacional por el alto índice de asesinatos en diversas comunidades, además de una severa crisis en salud ante la falta de medicamentos, infraestructura, personal e insumos que complican la atención médica al pueblo de Oaxaca.
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