David Ortiz / #ReporteTucán
La reciente designación de Leonardo Bartolo Jiménez como Director de Seguridad Pública y Vialidad en San Jacinto Amilpas, anunciada por el Ayuntamiento como parte de una “reestructuración integral”, genera más preguntas que certezas frente al contexto real de la corporación policiaca municipal y los antecedentes inmediatos que obligaron a la salida de su antecesor.
Si bien el nuevo funcionario cuenta con una trayectoria extensa en distintas áreas del servicio público y de seguridad, el problema de fondo en San Jacinto Amilpas no ha sido únicamente la falta de experiencia en el mando, sino un patrón reiterado de abusos a los derechos humanos cometidos por elementos de la policía municipal.
Diversas denuncias ciudadanas señalan agresiones, particularmente contra mujeres, uso excesivo de la fuerza y prácticas intimidatorias que erosionaron gravemente la confianza social y que culminaron en la destitución del anterior Director de Seguridad Pública.
En ese sentido, el discurso oficial que habla de respeto a los derechos humanos y de la seguridad como “eje prioritario” resulta insuficiente si no viene acompañado de acciones claras, verificables y estructurales.
Hasta ahora, el gobierno municipal ha mostrado una preocupante necedad en insistir en la implementación de operativos viales y de alcoholímetro sin que sus elementos cuenten con la capacitación adecuada, ni con los protocolos mínimos de actuación policial.
Esta situación no solo expone a la ciudadanía a posibles abusos, sino también a los propios policías, que operan sin la preparación ni el respaldo institucional necesario.
Más grave aún es que dichos operativos se han realizado sin cumplir los lineamientos de coordinación y autorización establecidos por instancias estatales. De acuerdo con la propia Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGO), la realización de operativos viales y de alcoholímetro requiere la participación y aval del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), así como la coordinación con la Policía Vial Estatal y el Gabinete de Seguridad. Estos lineamientos no son sugerencias: son obligatorios. Ignorarlos implica una actuación fuera del marco normativo y una abierta irresponsabilidad administrativa.
La insistencia del edil Alejandro Díaz Díaz en mantener estas prácticas, pese a las observaciones y al historial de abusos documentados, refleja una visión autoritaria de la seguridad pública, centrada más en la simulación de control que en la construcción de una policía profesional, capacitada y respetuosa de la ley. Nombrar a un nuevo director, por sí solo, no resuelve un problema estructural si no se revisan a fondo los métodos, la formación de los elementos y la relación de la corporación con la ciudadanía.
San Jacinto Amilpas no necesita únicamente cambios de nombres o discursos institucionales; requiere una política de seguridad basada en la legalidad, la coordinación interinstitucional y la rendición de cuentas. Mientras el gobierno municipal no reconozca los errores cometidos, no atienda las denuncias por violaciones a derechos humanos y no se someta a los marcos normativos estatales, cualquier “reestructuración” seguirá siendo percibida como un intento de maquillaje político, lejos de garantizar la seguridad y la paz social que se prometen en los actos oficiales.
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