Julisa Sánchez.
La entidad oaxaqueña presenta una grave crisis económica, educativa, de salud, de seguridad y justicia, sumándose a las dificultades de los ciudadanos el desorden y la falta de autoridad en el servicio del transporte público, tan solo en la capital oaxaqueña se calcula que son más de 30 mil unidades de transporte público, cifra que aumenta con las viejas unidades que hoy representa la primera ruta del Citybus.
En ese sentido, La Secretaría de Movilidad y Vialidad (SEMOVI) informó que en el pasado mes de mayo del 2019 habían hecho un registro de ocho mil 380 concesiones de transporte público en total, pero que convocaban a quienes no estaban dados de alta, hacerlo, lo que significa que no se cuenta con un registro exacto del número de unidades de motor que prestan sus servicios como transporte público, entre camiones, taxis, mototaxis y foráneos.
Además de las múltiples quejas sobre las irregularidades del servicio público prestado, las unidades chatarra, la alza de las tarifas, la falta de garantías para los pasajeros, el pésimo estado de las calles y carreteras, así como el mal uso de las concesiones de unidades que salen de su jurisdicción, donde han sido involucrados en actividades ilícitas como asaltos y extorsiones, sin un castigo a los responsables que portan dichos permisos, han hecho de la SEMOVI, a través de su titular Arturo López Sorroza, un simple observador de la corrupción y el desorden vial.
Otra de las situaciones que aqueja es la falta de aplicación de medidas de sanidad en los prestadores del servicio, sin ser desinfectadas, sin respetar el 50 por ciento de capacidad al interior del transporte, sin el uso del gel antibacterial y mucho menos la toma de temperatura del pasajero ni la sana distancia, se presta el servicio en las 8 regiones de Oaxaca bajo ninguna supervisión gubernamental.
Aunado a lo anterior, el pasado lunes 13 de septiembre las autoridades gubernamentales anunciaron el inicio de operaciones del Citybus, proyecto de gran inversión millonaria en tres ocasiones e iniciado en la pasada administración gubernamental de Gabino Cué Monteagudo y culminada parcialmente por el actual ejecutivo Alejandro Murat Hinojosa, sin embargo en el caso del periférico solo hay estructuras que obstruyen los carriles viales, mientras que en Pueblo Nuevo continúan sin atender los hoyancos, por mencionar solo algunas problemáticas viales, y que de dicho plan aún hay estaciones sin terminar y sin miras a culminar, provocando un caos vial en la zona, lejos de regularlo.
Por otra parte, la entrega al por mayor de placas, permisos, licencias y liberación de unidades de forma exprés a través de los “gestores”, empresas en donde se vincula a altos funcionarios de la SEMOVI, ha generado el despido de algunos servidos públicos al interior de la dependencia gubernamental, sin embargo, la corrupción es aún mayor.
Mientras tanto, las invasiones a las calles ocupadas como sitios, principalmente en la zona de la central de abasto y Centro Histórico, continúa avanzando, en donde al igual que los ambulantes, existen cuotas diarias y multas a los agremiados que no respondan a las condiciones y llamados de los concesionarios o lideres transportistas.
Cabe señalar que el transporte en Oaxaca ha sido sinónimo de violencia y de muerte, en los últimos años fueron ejecutados al menos 15 líderes del transporte público, casos que hasta el momento continúa en la impunidad.
Otras denuncias ciudadanas se resumen a la falta de señaléticas en los caminos, funcionamiento de los semáforos y pasos peatonales, mismos que no reciben el mantenimiento adecuado o son vandalizados ante la falta de seguridad pública.
Finalmente, la ampliación de carriles en la Avenida Símbolos Patrios, anunciada como una obra de beneficio social, ha molestado a los habitantes de la zona, debido a que lamentan que las autoridades solo buscan justificar el gasto millonario al erario a pesar de que tengan que derribar los árboles que se encuentran al margen de la importante arteria vial, sin primero conocer y atender los verdaderos problemas que aquejan a los ciudadanos, por lo que las marchas, protestas, carreras ciclistas y bloqueos no se han dejado esperar hasta que los funcionarios públicos competentes hagan caso al respecto.
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