Pide investigar agravios contra participantes en Código-DH y APPJ
Llama a proteger seguridad de quienes defienden a la ciudadanía
El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, manifestó este jueves su preocupación por las amenazas recientes contra el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH) y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), que consideró “un atentado contra la posibilidad de construir una sociedad donde se respeten y escuchen todas las voces”.
Llamó a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a investigar de manera pronta las amenazas con el fin de identificar de manera plena su origen, y a establecer medidas de seguridad para las y los participantes en esas organizaciones, con el fin de garantizar su integridad y las condiciones mínimas para ejercer su trabajo en defensa de los derechos humanos.
El martes pasado, Código-DH recibió en sus oficinas una llamada telefónica en la que el personal de la organización fue amenazado por acompañar procesos de comunidades en el Istmo de Tehuantepec que se oponen a la instalación de parques eólicos. En una segunda llamada, minutos después, fueron amenazadas personas vinculadas a la APPJ también relacionadas con ese movimiento.
En relación con el hecho, Arturo Peimbert recordó que diversas comunidades indígenas se inconformaron con el desarrollo en sus territorios de esos proyectos para generar energía eléctrica, por considerar que no fueron consultados para ello y por tanto no pudieron decidir al respecto de manera libre e informada, de manera acorde con los principios internacionales de los derechos humanos.
En nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Peimbert Calvo externó su solidaridad con Código-DH y con la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, y destacó la relevancia del trabajo de esas organizaciones para lograr que en Oaxaca impere una cultura de respeto a la diferencia y protección a los derechos humanos.
“No debemos echar en saco roto las amenazas”, dijo, y advirtió la necesidad de que el gobierno y la sociedad de Oaxaca asuman la protección de quienes defienden los derechos humanos.
Llamó la atención hacia la vulnerabilidad en la que trabajan defensoras y defensores de derechos humanos, tanto civiles como comunitarios, pues suelen enfrentarse a intereses de personas o instituciones con mucho poder y gran capacidad para movilizar recursos, e insistió en la necesidad de investigar a fondo las amenazas recientes como medida de protección a las labores por los derechos humanos.
“No podemos permitir que en Oaxaca actúen de manera impune quienes intentan limitar los derechos del pueblo”, concluyó.
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