Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda realizaron la primera mesa de trabajo para discutir con representantes de organizaciones civiles, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propuesta de Ley 3 de 3, como parte del análisis de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los senadores integrantes y representantes de organizaciones civiles debatieron si es plausible utilizar la intervención telefónica para combatir las redes de corrupción, y añadirla a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, o es posible que se utilice desde la Ley de Telecomunicaciones, donde quedó asentada para utilizarse en casos de crimen organizado.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, criticó el planteamiento relativo a la intervención telefónica para detectar redes de corrupción, pues a decir del senador esto viola la Constitución, ya que prohíbe expresamente la injerencia en comunicaciones telefónicas.
Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que estas acciones no son hechas de forma individual, sino con el uso de redes sistémicas, “no podemos pensar que un acto de corrupción que termina lastimando en 10 mil millones de pesos, es un acto de un individuo que se los encontró ahí de paso y los jaló a su cuenta bancaria”.
El senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, consideró necesario ajustar dicho planteamiento para evitar que se trasgreda el texto constitucional. El objetivo es combatir la corrupción, si no se ajusta a la Constitución, se pueden rescatar algunas partes de la propuesta ciudadana, reiteró.
En su turno, la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el problema de la corrupción en México es muy grave, y cuesta 4 por ciento del Producto Interno Bruto; y además propicia desconfianza.
“Creo que descalificaciones, como vinieron a violar la ley y embaucaron a 600 mil ciudadanos, no abona. Debemos, como senadores de la República, estamos obligados, que estamos al servicio de la ciudadanía, buscar cómo resolver los cuestionamientos planteados y el cómo sí, no el cómo no”, abundó.
El senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que lo que más agravia, actualmente, a una sociedad es un tema de redes; por lo que no puede haber un marco constitucional y legal que no atienda los temas con eficiencia.
Dijo que el sistema constitucional de México sí está atendiendo las intervenciones telefónicas y las redes de corrupción. Detalló que debe haber un énfasis en los estados, en el contacto de lo público y lo privado, y tendrá que revisarse la forma de contrataciones y las reglas de contacto para inhibir esta conducta.
Zoé Robledo, senador del Grupo Parlamentario del PRD, explicó que en la Ley 3 de 3 se refiere la utilización de un usuario simulado, y la dota de diferentes herramientas de investigación, como: medios de grabación, registros ocultos y la intervención de comunicaciones; y se debe discutir si estas herramientas son válidas para las autoridades investigadoras.
Abundó en que mediante el artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones se podría autorizar que las autoridades utilicen la intervención telefónica para combatir la corrupción.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró necesario plantear que la autoridad correspondiente sea la encargada de hacer la investigación sobre las redes y de ser necesario intervenga las comunicaciones, ya que el principal problema no es la corrupción, sino la impunidad.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez, dijo que no se debe satanizar la intervención de llamadas, pues la ley de forma clara plantea que se requerirá de la autorización de la autoridad administrativa y que ésta se sujetará al proceso y a lo que señala la ley de telecomunicaciones.
Refirió que tan sólo en la presente administración el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reveló que en 2015 se ejecutaron 255 acciones de intervención legal de comunicaciones para tareas de inteligencia relacionadas con amenazas a la seguridad nacional; en el 2013 se incrementaron las intervenciones en un 247 por ciento más respecto al 2012.
El senador René Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que todos los legisladores tienen el mismo interés de atacar el cáncer de la corrupción; y se beben buscar caminos que permitan abatir este delito.
Se debe discutir si la intervención telefónica es una herramienta válida para combatir la corrupción, a la luz del marco legal constitucional que existe, o si hay una forma para utilizarlo dentro del marco de la ley, y sí es así, plantear la posibilidad de la modificación constitucional.
Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano Para la Competitividad, señaló que se necesita un buen sistema de protección a testigos y denunciantes, así como esquemas de recompensa y plataformas eficaces para denunciar actos de corrupción. También sistemas eficaces de auditoría e investigaciones especiales que encuentren casos sin la necesidad de denuncias.
Asimismo, unidades especializadas de investigación con profesionales; y autoridades autónomas, es decir, que cuenten con una base legal que subraye mandato y responsabilidades, asegurar que el personal sea seleccionado con base en criterios objetivos, que tengan salarios competitivos, proteger al personal responsable de procesos disciplinarios frente a amenazas, que tenga autonomía en la selección de casos que investigará y que reciban entrenamiento constante, detalló.
José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que para resolver el problema de corrupción es importante tener autoridades con capacidades de investigación idóneas; porque el delito no sólo se presenta bajo conductas individuales, sino mediante redes, y prácticas sofisticadas.
Dijo que en el caso de las intervenciones telefónicas o las visitas domiciliarias que se proponen en la llamada Ley 3 de 3, el sistema debe ser muy cuidadoso para que se cuide que haya facultades suficientes para investigar, y por otra parte se enfrenten los problemas que suponen la ley que actualmente existe. “El problema no es la ley, sino que existe una regla que impide que, en responsabilidades administrativas, podamos tener investigaciones eficaces”, dijo.
A la mesa de trabajo para discutir la Ley 3 de 3, también asistió Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
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