El 7 de mayo de 2016 el Instituto Nacional de Migración detuvo un autobús de pasajeros en la frontera de Tabasco y Chiapas. Interrogó a 20 personas pero sólo detuvo a uno, el joven de 18 años Maximiliano Gordillo Martínez. Desde entonces nadie sabe de él. El gobierno dice: no me culpen. No detuvimos a nadie
Texto: Alberto Nájar
Casi todos los días de sus 18 años de edad Maximiliano Gordillo Martínez los vivió con sus hermanos, padres, primos y vecinos de Tzinil, una ranchería de apenas cien casas en el municipio de Socoltenango, Chiapas.
Nunca viajó más allá de Comitán, la única que ciudad que conocía. Nunca se separó de sus hermanos, ni dejó de ayudar a su papá con la coa para sembrar unas mazorcas.
El joven jamás había tenido ganas de dejar su tierra. Hasta que en su pueblo los jóvenes y varios adultos empezaron a emigrar para buscar trabajo en Michoacán, Veracruz o Playa del Carmen.
En ese momento le dieron ganas de conocer, dice su padre Arturo Gordillo López. Y sobre todo de ganar unos pesos más para su familia.
A las seis de la mañana del sábado 7 de mayo se fue del pueblo con un amigo, tan joven como el muchacho pero que ya había viajado antes al centro turístico, en la costa caribeña de Quintana Roo. Toda su familia, los padres y cuatro hermanas, lo despidieron con una oración.
Maximiliano estaba emocionado, recuerda su padre. “Vio que todos los jóvenes y los señores estaban saliendo, le dio la ilusión de ir a chambear (trabajar) también a él”.
El muchacho nunca llegó a Playa de Carmen. A las 10 de la noche del sábado el camión de la línea 9 Estrellas en que viajaban –una compañía de viajes de muy bajo costo- fue detenido en un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) en la población de Chablé, Tabasco, en la frontera con Chiapas.
El amigo que le acompañaba, de quien por seguridad no se conoce públicamente su nombre, dice que los agentes bajaron a varios jóvenes del autobús y exigieron documentos de identidad.
Maximiliano sólo traía su acta de nacimiento y una copia de su Clave Única del Registro de Población (CURP), pero le dijeron que era guatemalteco y llevaba documentos falsos y lo detuvieron junto con otras personas.
El autobús siguió su marcha. Al día siguiente Arturo Gordillo recibió una llamada del compañero de su hijo.
“Estaba muy asustado, dijo que lo fuéramos a recoger a Comitán porque migración lo había regresado”, cuenta.
“Estábamos tristes pero como somos mexicanos dijimos: está bien, porque mi hijo conoce Comitán, ha ido a pasear. Pero esperamos tres días y nada, empezamos a preguntar a todas las casetas migratorias, en Tapachula, Tenosique, Palenque y todos decían que no estaba”.
Desde entonces nada se sabe de Maximiliano. El INM alega que en la caseta de Chablé no se detuvo a persona alguna la noche del 7 de mayo, pero el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas afirma que se trata de una desaparición forzada.
El caso fue denunciado en la delegación en Tabasco de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero no hay avances. Ni siquiera se ha ubicado la investigación en el área correspondiente, es decir, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció medidas cautelares para la familia y el único testigo. El Centro Fray plantea incluso tocar las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, Maximiliano sigue sin aparecer.
En el sureste del país el retén migratorio de Chablé es famoso, porque muchos indígenas que lo cruzan son detenidos o sufren maltrato y extorsiones de los agentes del INM.
No hay uno que se salve, dicen activistas como el sacerdote José Luis Bezares Selvas, de la parroquia de Santa Cruz de Socoltenongo. “Jóvenes de varias comunidades son detenidos en Chablé dizque porque son guatemaltecos, incluso los que llevan sus credenciales de elector”, dijo en conferencia de prensa.
Todos son extorsionados. Algunos entregan 200 pesos, pero otros –especialmente extranjeros- son obligados a pedir miles de dólares a sus familias.
Eso en los casos que se conocen. La carretera federal 186 es la principal vía para comunicar el sur de Chiapas con la Península de Yucatán, un camino que desde hace veinte años recorren con frecuencia jóvenes tzotziles que ayudaron en la construcción de la Riviera Maya.
También por allí las bandas de tráfico de personas mueven centroamericanos, sobre todo mujeres que son víctimas de esclavitud sexual en la zona turística de Cozumel, Cancún y Playa del Carmen.
En los últimos años con el Plan Frontera Sur, primero, y después con la llegada de migrantes de Cuba, Haití o África el flujo de personas en situación irregular aumentó.
El resultado ha sido más violencia en una zona que tradicionalmente ha sido controlada por el cartel de Los Zetas. Y el INM ha registrado algunos casos de agentes suyos que entregan migrantes a la banda.
No está claro si éste es el caso de Maximiliano. Hasta ahora el Instituto sólo dice que ninguna persona fue detenida en la caseta de revisión de Chablé.
Pero al mismo tiempo se resiste a entregar al Centro Fray Bartolomé los nombres de los agentes que trabajaron en la zona ese 7 de mayo, algo fundamental para saber qué pasó con el joven Maximiliano.
El joven que vio la captura es un testigo fiable, dice Mario Ortega del Centro. “Su versión de los hechos es muy muy precisa, no sabía el nombre de la caseta de migración donde los detuvieron pero la describió como es”.
“Obtuvimos el testimonio del chofer y dice que sí los detuvieron en esa caseta, y que es algo rutinario del INM”.
* * *
En Playa del Carmen Maximiliano quería trabajar como jardinero, algo que conoce bien porque en la parcela de su familia ayuda a su padre con las cosechas.
Es lo que siempre ha querido hacer, dice su padre. “Le gusta la agricultura, sembrar maíz y frijol. Pero nosotros podemos tener muy poco con la coa y el machete, no tenemos maquinaria”.
Por eso se animó a viajar tan lejos por primera vez en su vida, dice su mamá Antonia Martínez López. “Se fue a buscar trabajo por la pobreza que hay. Tenía una semana parado el corte de caña y por eso pensó en irse para allá”.
Maximiliano y su amigo se fueron a Comitán y de allí abordaron el autobús a Playa del Carmen. Catorce horas después de salir de su casa fue detenido.
Los agentes del INM detuvieron el vehículo y bajaron a 20 personas, sobre todo jóvenes. A Maximiliano lo encerraron en una celda junto con otras siete personas que ya estaban detenidas. De los interrogados en el autobús, el joven fue el único que se quedó.
Fue todo lo que supieron de su destino, dice Arturo Gordillo. Cuando después de tres días no regresó empezaron a buscarlo en los puestos del INM de la zona.
Nada. “La primera vez que fui le pregunté al agente de migración si allí detienen gente que lleva acta de nacimiento y CURP. Me dijo: ‘Nosotros detenemos a toda esa agente, la mandamos a Tenosique (Tabasco), pero preguntamos allí y dicen que no llegó nadie”.
Pero en esa caseta había más personas detenidas por el INM. “Dicen que los mandaron a Tenosique pero la verdad es que no sabemos qué pasó con ellos”.
Maximiliano fue el primer hijo de Antonia y Arturo. Además de él en la familia sólo hay otro varón, un niño de 10 años de edad. “Se enfermó de tristeza porque su hermano no ha vuelto”.
Lo peor, como otros miles de casos de desaparecidos acumulados en México, es la incertidumbre de no saber qué fue de ellos. Y en el caso de la familia de Maximiliano es aún peor.
Socoltenango es uno de los municipios más pobres de Chiapas. Los jóvenes y adultos sólo encuentran trabajo en la siembra de autoconsumo y a veces en el corte de caña. Pero sobre todo en la migración.
A diferencia de otros casos, la familia del joven encontró apoyo en la diócesis católica de su comunidad. Eso les permitió difundir la desaparición de su hijo, pero no pueden descansar hasta que regrese, dice Antonia.
“No sabemos de él ningún aviso, ni nos han dicho a dónde lo llevaron, dónde lo dejaron. Es tan grande el dolor”.
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