Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Cuando la colega periodista de Nayarit me consultó, el 23 de octubre, primero me reí porque el asunto es tan inverosímil que parecía broma; luego me sacudí como reportero porque es un hecho insólito, una gran noticia, debido a que no había ocurrido en México; pero después me preocupé igual que las y los colegas nayaritas que se unieron contra el suceso.
Juzgue usted lector tres aspectos del tema: primero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, inició un procedimiento de oficio, o sea sin petición directa; segundo, su procedimiento es contra medios y periodistas del estado, les pide ejemplares, listas de reporteros y que violen su secreto profesional o procederá a detenerlos; tercero, su causa son presuntos delitos de género. De locos.
La llamada de la reportera nayarita Norma Cardoso–Enlace en esa entidad de la Casa de los Derechos de Periodistas– mostraba algo de preocupación porque quería consultar sobre una carta que preparaban colegas porque les habían corrido el rumor que la PGR citaría a periodistas. Hablamos entonces de confirmar la nota con la fuente directa o ver alguno de los citatorios para saber qué responder.
La noche del miércoles 26 periodistas preocupados ya había reunido varios de los citatorios que envió a varios medios de prensa Carla Elena Solís Echegoyen, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.
Y se alarmaron, redactaron la protesta en forma de carta abierta y la firmaron 138 periodistas para hacerla circular al día siguiente. Lo hicieron y reventó eso que parece increíble.
Reacción amplia
El jueves 27 circularon el documento y salieron a la calle en manifestaciónes con la exigencia a la PGR que respete la libertad de prensa; durante el día creció el número de inconformes y sumaron más firmas de solidaridad entre cientos de reporteras y reporteros en buen número de entidades de la república. Y la inconformidad sigue creciendo.
Por mi lado consulté abogados y lo menos que dijeron es que la funcionaria de la FEPADE debió calcular que con su procedimiento parece desconocer el marco legal que protege la libertad de expresión:
La Constitución Política en sus artículos 6 y 7; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos.; el Código Penal Federal, el Código federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley de Imprenta. Todo ello protege el ejercicio del periodismo y el Secreto Profesional de los periodistas.
El investigador Luis Moral Padilla, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, escribió hace tiempo al respecto:
“Las reformas más recientes al Artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y a la fracción 29 del Artículo 225 del Código Penal Federal en México tipifican como delito el que un Agente del Ministerio Público o cualquier servidor público obligue a los periodistas y demás beneficiados con esta reforma a revelar su fuente de información usando la incomunicación, la intimidación o la tortura”.
Y tal parece, agrego yo, que la funcionaria tampoco entiende los fueros y linderos de la Fepade porque quiere apoyarse en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, cuando su marco legal de aplicación directa está en otro lado, por ejemplo las normas de la PGR que indican la función específica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que es el organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales. (Así, por favor, bien subrayado).
La carta de los periodistas dirigida al Presidente Peña Nieto, al gobernador Córdova Vianello, al nuevo procurador Cervantes Andrade y al ombudsman nacional, González Pérez, dice lo siguiente:
“La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, dio inicio a la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-NAY/4001751/2016., atendiendo a una denuncia “anónima” por la supuesta violencia política y de género ejercida en diversos medios de comunicación contra las Consejeras Estatales Electorales, las CC. Irma Carmina Cortés Hernández, Claudia Zulema Garnica Pineda, Ana Georgina Guillén Solís, del OPLE.
“Conforme a lo anterior, la Fiscal Orientadora Adscrita a la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la FEPADE, la licenciada Karla Elena Solís Echegoyen, ordenó la comparecencia con carácter de obligatoria y bajo el apercibimiento de que en caso de no presentarse se haría uso de la fuerza pública contra directores de medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales; asimismo, el día 25 de octubre, dispuso que en término de 24 horas hábiles se remitieran con carácter CONFIDENCIAL periódicos y grabaciones, así como el padrón de los reporteros y colaboradores que trabajan en los diferentes medios a su cargo, señalando la relación que guarda cada uno de ellos con el mismo, afirmando que en caso de no atender lo anterior se atuvieran a consecuencias legales que esto implicaría.
“La Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa, el Derecho a Informar y el Derecho a estar Informados, por mencionar algunos, son derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México forma parte, que protegen el ejercicio de Periodistas que son coartados por la integración de la carpeta de investigación, supuestamente por violencia política de género hacia las servidoras públicas, por parte de un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación, con fuentes fidedignas, por informar (de) su pretensión de ganar 90 mil pesos mensuales.
“Por ello, los periodistas del Estado, nos solidarizamos con nuestros colegas y rechazamos la conducta de las Consejeras del IEE Nayarit, de coartar sus derechos garantizados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras normas relativas a la materia.
¡Qué país!, no deja de sorprender. Las y los colegas esperan congruencia de los destinatarios de su Carta, pero quizá sea mucho pedir.
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