Hace 25 años la guerra de exterminio contra los indígenas ya recorría las comunidades de la región zapoteca de los Loxicha. Diódoro Carrasco Altamirano, entonces gobernador del estado de Oaxaca, incrementó los ataques contra la población indígena.
Era una guerra anunciada y, con el pretexto del combate a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, EPR, se implementó la política de tierra arrasada cumpliendo órdenes de las más altas cúpulas políticas y militares del país. Es para el estado un tema de Seguridad Nacional.
La guerra genocida no ha parado en Loxicha, ahora bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, Jefe de las Fuerzas Armadas, el falso discurso de respeto a los Derechos Humanos da paso a las acciones encubiertas y la violación permanente de los Derechos Humanos en México.
La población enfrenta directamente a las fuerzas armadas bajo otras modalidades de una guerra de ocupación donde las fuerzas de seguridad, los militares ocupan paulatina pero inexorablemente, política y territorio mediante la legalización creciente de la militarización.
La militarización aplica para todas las regiones indígenas en particular y para todo el país en general, viene acompañada de la paramilitarización sociopolítica que se manifiesta en todas las vertientes del crimen organizado. Indefensión total de pueblos y comunidades indígenas.
Los viejos habitantes de los territorios enfrentan peligros de todo tipo y son víctimas, en muchos casos mortales, del ejército, las policías, los paramilitares, los narcotraficantes y hasta de la guerrilla. Ya no se trata solamente del viejo aislamiento e incomunicación.
Los pueblos y comunidades indígenas han sido explotados siempre, cuando no el viejo cacique que los esclaviza, roba sus tierras y cosechas y hasta los quema, son ejércitos y policías que los persiguen, torturan, encarcelan y los obligan al desplazamiento forzado.
La desaparición forzada de personas es otro flagelo que enfrentan los países víctimas de colonialismo como una fase de la guerra que con este método causa los más graves dolores a quienes considera enemigos. Hombres y mujeres de cualquier edad en pueblos y ciudades del país.
25 años después de incrementada la guerra contra los indígenas zapotecos de la Región de los Loxicha enfrentamos un negro y desolador balance: no han superado su ancestral miseria, siguen siendo víctimas de los herederos de los viejos caciques y mercenarios de todo tipo.
De la guerrilla, del pretexto de policías, políticos y militares se sabe lo que ellos mismos han ventilado a nivel nacional y de lo que su soberbia y vanidad ha permitido conocer: víctimas de su debilidad política-ideológica se enfrentaron, se dividieron y corrompieron.
Como en todo proceso debe haber honrosas excepciones pero, muchos que presumen de haber pertenecido a la guerrilla cayeron en los viejos errores que criticaban, se volvieron colaboradores del estado y creen que lo infiltraron. Se han aliado con el narco y el crimen organizado.
Es imposible sostener que en México tenemos un gobierno democrático donde se respeta y promueve la labor de periodistas, ambientalistas, defensoras y defensores de los Derechos Humanos. Nuestra vida y libertad, la integridad física y psicológica sigue corriendo un grave peligro.
¡Paz, justicia y libertad para Loxicha, ya!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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