Said Hernández
Oaxaca, entidad federativa que ocupa el último lugar en desarrollo, atraviesa por una grave crisis en salud, económica, de seguridad y justicia, sumándose otros sectores, como el deporte y la cultura, se ha convertido en el escenario del despojo de propiedades.
Las denuncias de las víctimas del delito que vinculan a servidores públicos del Instituto Catastral, cuyo titular es Jorge Armando Zárate Medina, así como notarios públicos, han sido ignoradas por parte del Gobierno de Oaxaca.
Es así, que el caso más reciente de despojo de propiedades a la familia del reconocido ginecólogo Gerardo Ricárdez Bernardino, quien perdiera la vida el año pasado a causa de la pandemia mundial, fue evidenciado a través de las instancias judiciales y de medios de comunicación, acción que originó nuevamente el descontento social hacia las instituciones gubernamentales.
Sin embargo, el silencio de los poderes: Ejecutivo a cargo de Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Legislativo con la representación de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, y el Judicial bajo la tutela del Lic. Eduardo Pinacho Sánchez, se hace presente ante la demanda de justicia social.
Las tribunas de poder son los escenarios para evadir la responsabilidad que se ostenta en los cargos públicos y la nula actuación a favor de los denunciados, hace que el Estado de Oaxaca se mantenga en altas cifras de impunidad y tráfico de influencias. Respaldado por la falta de actuación en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), a cargo de Arturo Peimbert Calvo.
Las denuncias hechas por las víctimas ponen nombre y apellido de los probables responsables del delito de despojo que se extiende a otros casos en las 8 Regiones de la entidad, en Valles Centrales por ejemplo, el caso de la familia Gómez Conzatti, otro más vinculado al delito de homicidio, como es el caso del magistrado Enrique Pacheco Martínez, así mismo el que involucra al expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Gonzáles Ilescas, padre del ex director del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), cuyo predio despojado se encuentra en la Calle Villa Hermosa, Lote 108, del Fraccionamiento Elsa de la Agencia Santa Rosa Panzacola, bajo el expediente penal 28/2015, mismo que ya tiene sentencia a favor de las víctimas pero por el tráfico de influencias se mantiene en archivo.
Otro caso en el Centro Histórico de Oaxaca es de la Familia Galindo, propiedad que se ubica en la Calle de Reforma frente al Jardín Conzatti, de la misma manera, otro lamentable hecho fue el asesinato de la familia del Periodista Edgar Leyva, al momento en que visitaban una propiedad en Ocotlán de Morelos, también el caso de los terrenos de la ex fábrica de Triplay que pone en entredicho la versión oficial sobre los propietarios del predio, se suman a las denuncias públicas las hechas por pobladores de diversas comunidades por fraccionar terrenos en Regiones como La Costa, Sierra y el Istmo de Tehuantepec.
La secrecía y complicidad de las autoridades estatales también se hace presente en los inmuebles públicos dados en comodato a fundaciones y empresas que se han enriquecido de forma particular, privatizando el uso público de las instalaciones, deteriorándolos y sin un compromiso de mejorar sus estructuras, lo que no tiene ningún beneficio para los ciudadanos oaxaqueños que por el contrario, no cuentan con el acceso a estos espacios de esparcimiento.
La lista de agravios continúa dejando en incertidumbre jurídica y el desamparo a cientos de familias oaxaqueñas que se encuentran en los mismos procesos para defender su patrimonio, muchos de ellos no alcanzaron la denuncia por ser callados bajo el alto precio de la muerte.
Las pruebas en los expedientes judiciales sobre la falsificación de documentos, robo de identidad, alteraciones de actas en el Instituto Catastral y Notarias Públicas, vinculando al Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, hacen una operatividad que es abrazada y protegida por el silencio oficial.
En ese sentido, el Poder Judicial y el Legislativo, no se han pronunciado, mucho menos exhortado al ejecutivo para conformar una comisión especial de atención de estos casos, tampoco han solicitado la renuncia de los servidores públicos denunciados por el despojo. De la misma manera, el Ejecutivo se mantiene observante del escenario del abuso desde las instituciones públicas.
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