Por Rogelio Hernández López
De las preocupaciones sinceras que intercambiamos colegas de distintas corrientes, de lo que ocurre en el periodismo mexicano, sobresalen dos temas que debieran debatirse ampliamente porque están íntimamente vinculados, pero pocas veces aparece el enfoque de lo que necesita la sociedad mexicana.
El tema más recurrente y estruendoso son las agresiones y asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos por los climas de dolor, miedo e impotencia que provocan.
El otro asunto se concentra más en el escenario político por la confrontación entre el Presidente de la República desde sus conferencias matutinas con algunos medios y periodistas que, con todo derecho, muestran franca oposición a la persona Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto político.
El fondo de esta confrontación, todos lo sabemos, son las acciones de algunos medios y periodistas afectados por la erosión acelerada del modelo de relaciones prensa-gobierno que predominaba hasta 2018, ese modelo de mutuas conveniencias que convirtió la información del mayor interés público en mercancía y/o propaganda.
Tal modelo recibió un golpe financiero mayúsculo con la disminución a su mínima expresión del gasto público federal en publicidad. Otra medida política fue disputar a los grandes medios la influencia para imponer los temas de la agenda mediática con las conferencias mañaneras. Estas son acciones tácticas del político López Obrador que, sin duda son parte de la estrategia reformista de su movimiento.
La confrontación política se ha ido emponzoñando: algunos medios y periodistas influyentes potenciaron su inconformidad al sumar a sus políticas editoriales las “denuncias y críticas” sistemáticas del bloque político opositor.
En ese contexto tales medios y fuerzas políticas opositoras encontraron de mucha utilidad usar el dolor y el miedo por los crímenes contra periodistas vulnerables, como no lo hacían antes.
De todo esto y más hablamos y discutimos entre periodistas profesionales, pero muy pocas veces nos preguntamos en qué medida se afecta el derecho de la sociedad a estar bien informada. Los crímenes producen demasiados silencios, la confrontación política genera mucha propaganda o sesga la información periodística.
La medida que viene
Con este enfoque y contexto, este reportero propone analizar la tercera gran medida política de la estrategia reformadora del gobierno federal en la esfera mediática: crear un andamiaje jurídico que no existía en el modelo de comunicación política, cuyo inició será una ley general de prevención y protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Esta ley serpia de suma importancia, estratégica, porque de conseguirse tendrá efectos carambola en varias leyes, sembrará políticas públicas y otras definiciones para la comunicación social y no solo de la política. Y, posiblemente, todo eso serán en beneficio para la mayoría de ciudadanos, especialmente los sectores más politizados, que requieren estar mejor informados.
Esta propuesta para analizar la presenté, como reportero político, en el foro organizado por el Portal informativo La Lupa y el Frente Queretano por a la no discriminación y el Estado Laico, el 11 de marzo y la titulé ¿Qué ley de protección a periodistas necesita la sociedad mexicana?
Presento para su discusión una sinopsis de los puntos relevantes:
¿Ante qué estamos?
El actual gobierno federal reformista intenta dar un viraje en la forma de atender la urgencia nacional de crímenes contra activistas por los derechos humanos y periodistas y crear otro instrumento de Estado para el régimen político que impulsa:
– Mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración promueve diálogos regionales para conseguir respaldo social en la construcción de un sistema nacional de prevención y protección.
– El viraje consiste en sustituir el instrumento de protección actual por otro más preventivo, de alcance nacional y con fuerte participación de estas poblaciones y otros sectores sociales. El Mecanismo de protección federal actual envejeció a los 10 años por ser solo obligatorio para la Secretaría de Gobernación, acentuadamente reactivo y de protección cautelar sin que esta dependencia fuese policiaca.
– Lo más ambicioso estriba en que el proceso de construcción de la ley general y el sistema nacional se estimulará además el desarrollo de un andamiaje jurídico robusto. Una ley de carácter general obligaría a otras entidades y dependencias del gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales a crear leyes locales y políticas públicas para proteger y aplicar políticas preventivas, como no lo han hecho en una década con la ley vigente. Además, derivaría otras reformas en leyes y códigos vinculados a la comunicación social.
La información, entre las mayores necesidades de la sociedad mexicana.
Sobran evidencias de que amplios sectores sociales conforman una ciudadanía más politizada y en movimiento sin parangón histórico reciente y que esta presionó para configurar el programa político contra la corrupción, la desatención de políticas sociales y de justicia.
Así se vio en las elecciones de 2018 y se confirma sistemáticamente en las muchas y diversas movilizaciones con causas distintas. La ciudadanía activa descascaró abruptamente el régimen político que hacía predominantes a las elites al grado que también tenían cooptados a los partidos tradicionales de cuadros y a los medios de comunicación industrializados.
Esta ciudadanía es la que requiere que circule más la información confiable, menos dosificada por los corporativos o el poder público, menos sesgada y más verificada. Esto redefiniría otro modelo del sistema de comunicación social, uno con más garantías para la pluralidad y confiabilidad de los medios y periodistas.
¿Cómo atender las urgencias y mejorar la información de interés público?
La filosofía y la sociología han enseñado que son las necesidades sociales, con sus presiones políticas, las que empujan cambios y creación de instrumentos del Estado.
La ciencia también ha probado que los grandes cambios sociales no cristalizan por ocurrencias o voluntarismos sino por la interpretación oportuna de que la acumulación de pequeños cambios ha madurado para dar un salto de calidad, un gran cambio.
Veamos cuáles son las urgencias:
– Frenar la oleada de agravios y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos porque eso también interrumpe los flujos de la información de interés público y crea zonas de silencio.
– Reordenar el sistema de comunicación social con unos de menos pactos de conveniencia entre grandes empresas y gobierno porque se limita la libre circulación de la información.
– Institucionalizar un modelo que combine la libertad de las grandes empresas privadas, obtenga mayor presencia de los medios públicos y abra paso al periodismo de más libertad y responsabilidad social. (hay tendencias de creación de cientos de pequeñas empresas para el autoempleo con servicios de información hiperlocal).
Lo que se configura es un régimen reformado con más instancias para difundir información de interés público con más participación social y menos elitista
¿Qué sujetos sociales pueden garantizar un flujo más libre de la información de interés público?
Las personas físicas que por su actividad profesional tienen como esencia obtener información de interés público, procesarla y difundirla, pero con menos retenes de sus empleadores y menos agravios de los poderes económicos, políticos y de la delincuencia organizada.
¿Cómo pueden las y los periodistas profesionales aportar más con menos vulnerabilidades?
– Con un andamiaje jurídico que les reconozca derechos para un ejercicio profesional libre, seguro y digno. (los derechos humanos individuales son iguales para toda la población).
– Ampliando el reconocimiento de la sociedad de que la actividad profesional de las y los periodistas profesionales merece respaldo para que puedan ser más libres.
– El punto de partida para mejorar la comunicación social que la sociedad necesita es una ley capaz de iniciar varios procesos como la Ley General que está impulsando el gobierno federal para la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
¿Cuáles son los mínimos que debería tener ese andamiaje jurídico, comenzando por esa ley general, para garantizar el libre flujo de la información de interés público por medio de las y los periodistas?
PRIMERO, adicionar los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política. Para reconocer a las actividades de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo como de interés público y establecer la obligación del Estado Mexicano en todo el territorio nacional de reconocer su servicio social para las relaciones democráticas, para protegerlas y auspiciarlas.
SEGUNDO. En la ley General…
a) Debe ampliarse la definición de periodista, distinguiendo a las personas físicas que hacen labor esencial de conseguir información y con funciones distintas a las empresas de comunicación (que difunden), de los colaboradores periodísticos (que analizan) y otros usuarios de la libertad de expresión (que opinan) en todo tipo de medios y plataformas. Todos con derecho a ser protegidos, de acuerdo con sus niveles de riesgo.
b) Garantizar la construcción de un sistema nacional de prevención y protección bajo la rectoría de un nuevo y distinto Mecanismo de Prevención y Protección dentro de la Secretaría de Gobernación.
c) Lo realmente preventivo es perfilar obligaciones precisas a otras entidades del sector público federal a los gobiernos estatales y municipales para proteger y aplicar políticas públicas verdaderamente preventivas, como no lo han hecho en una década con la ley vigente. Y, por supuesto, fijar sanciones o castigos cuando se cometa culpas por omisión o acción
d) Fijar objetivos para crear políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de estas poblaciones y les ayuden a adquirir fortalezas tanto sociales como profesionales para mejor desempeño de sus actividades y eleven sus capacidades como sujetos de su autoprotección.
e) Para las personas periodistas profesionales se hace indispensable establecer, desde esa ley el reconocimiento de al menos 14 derechos profesionales que garantizan el libre flujo de la información de interés público, entre otros el secreto profesional, de libertad de conciencia, de autor, respaldo empresarial y público para capacitación continua, etcétera.
f) Entre los objetivos de la prevención verdadera la ley general debería hacer que la Secretaría de Educación perfile políticas públicas y programas que involucren a universidades, empresas de medios y periodistas para la actualización profesional continua y fortalecimiento de capacidades profesionales.
g) Y contra la precariedad para ejercer también encausar a la secretarías del Trabajo y de Economía a que fijen medidas para garantizar derechos laborales (en el apartado de trabajos especializados, como empleados o prestadores de servicios) así como facilidades para la institucionalización de empresas pequeñas de servicios informativos, de carácter no lucrativo y autorreguladas deontológicamente.
Estas última ocho razones debieran ser suficientes para que más periodistas acudan a los diálogos donde se perfila la Ley General y las defendamos. Las y los periodistas profesionales en promedio nacional son el eslabón más débil del proceso informativo y para esta actividad de alto interés público se pretende construir un instrumento de Estado que perfilaría mejor otro modelo de comunicación social y beneficiaría a la población en general.
Spanish