Retoma video para señalar a sus adversarios.
#ReporteTucán
Testimonios del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (URO) y un video donde aparece el exsecretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas y el exsecretario general de la Sección 22, Enrique Rueda Pacheco, cerrando un trato de 75 millones de pesos, provocaron la reactivación del conflicto con líderes sociales del 2006, además de una división entre docentes, la clase política y personajes de la extinta Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ya que el material audiovisual circulado en redes sociales se refiere a la negociación entre el gobierno estatal y la dirigencia magisterial, para dar fin a la rebelión social de hace 18 años.
En ese sentido, los testimonios de URO involucran a exlíderes de la APPO y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de ellos a Diodoro Humberto Carrasco Altamirano y José Nelson Murat Casab, de ser los responsables del movimiento social-magisterial “para derrocar su gobierno”, señalamientos que reforzó en el año 2015 durante la presentación de su libro “Gobernar Oaxaca”.
“Terminar con esas prácticas me permitió construir más de 20 universidades y escuelas de nivel superior en zonas indígenas y construir más hospitales en Oaxaca que Andrés Manuel López Obrador en todo su gobierno. Desgraciadamente las prácticas corruptas de los dirigentes de la 22 regresaron con Gabino y muratito”, señaló Ruiz Ortiz.
Sin embargo, el movimiento social y magisterial del 2006 dejó un saldo de 26 muertos, según los registros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en su quinta visita, crímenes que hasta la fecha se mantienen impunes, algunos de ellos atribuidos a las caravanas de la muerte en la administración de Ruiz Ortiz.
Por ello, desde la Cámara de Diputados se creó en septiembre del año 2013, con un presupuesto de más de 20 millones de pesos, la “Comisión de la Verdad” bajo la responsabilidad de Alejandro Solalinde Guerra, Marina Jiménez y Diego Osorno, con la finalidad de iniciar una investigación profunda sobre el daño hacia las víctimas, por lo que recabaron algunos testimonios.
El final de dicha Comisión de la Verdad fue con la entrega de un expediente de responsabilidad hacia Ulises Ruiz Ortiz, por graves violaciones a los derechos humanos en el año 2006, documentación que no tuvo ningún alcance en materia de justicia ni reparación del daño hacia los afectados y familiares enlutados, además de generar un duro conflicto con participantes a sus convocatorias para testimonios gráficos al no cumplir con las expectativas esperadas.
La rebelión del pueblo de Oaxaca en el año 2006 y 2007 quedó en una página de impunidad para los asesinatos registrados y el reclamo de justicia social se mantiene en el archivo negro de la historia.
A casi dos décadas del conflicto magisterial y popular, Oaxaca continúa en el último lugar de desarrollo, con una grave crisis en materia de educación, salud, seguridad, economía y justicia. Mientras tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz, culpa al pasado de sus nulos avances para el bienestar de los oaxaqueños.
Finalmente, del video denuncia no existe ninguna investigación judicial para determinar responsabilidades, hechos que podrían constituir un daño millonario al erario público de Oaxaca y del País.
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