El 7 de junio, históricamente nombrado por la política como el “Día de la Libertad de Expresión” en México, no puede ni debe ser un motivo de celebración. No mientras en Oaxaca, como en muchas otras regiones del país, ejercer este derecho significa jugarse la vida. No mientras la censura, el hostigamiento, la persecución e incluso el asesinato siguen marcando el día a día de quienes se atreven a alzar la voz.
No hablamos únicamente de periodistas. También son víctimas los activistas, líderes sociales, defensores del territorio, representantes comunitarios, etc. Voces críticas que incomodan al poder, que denuncian injusticias, que defienden derechos, que abren caminos donde otros prefieren silencio. En Oaxaca, como en tantas otras geografías de resistencia, la libertad de expresión se ha convertido en un acto de valentía. Y eso es inaceptable.
La libertad de expresión no es un privilegio que se concede. Es un derecho humano universal, consagrado en nuestra Carta Magna y en Tratados Internacionales. No puede depender del clima político, del gobernante en turno ni de los intereses económicos. Respetarla, garantizarla y protegerla no es una concesión del Estado: es una obligación.
Por eso, el 7 de junio no puede ser festivo. Tiene que ser una fecha incómoda, de memoria y de exigencia. Debe recordarnos los nombres de quienes han sido silenciados, las historias censuradas, los medios independientes aplastados por la impunidad. Debe llamarnos a la acción: a no normalizar la violencia contra la prensa ni la criminalización de la protesta.
Hoy no celebramos. Hoy exigimos.
Respeto. Justicia. Libertad.
Porque sin libertad de expresión, no hay democracia. Y sin justicia, no hay paz.
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