Julisa Sánchez / Tucán
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La denuncia pública de Reyna Aidé Sánchez Hernández, regidora de Desarrollo Social y Salud de Tlacolula, expone nuevamente el rostro más crudo y alarmante de la política oaxaqueña: la violencia, la intimidación y la impunidad como herramientas de control.
A pocas horas del crimen de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas en la región de la Costa, la regidora ha señalado recibir amenazas de muerte, además de sufrir una campaña de difamación tras exhibir irregularidades en el uso de recursos públicos en su municipio. De manera directa, responsabiliza al edil René Óscar Sánchez y a su círculo cercano de cualquier atentado en su contra o contra su familia.
La gravedad del caso aumenta con un hecho concreto: el lunes pasado, apareció una pancarta con amenazas, acompañada de cuatro artefactos explosivos, uno de los cuales detonó, sin que hasta ahora se haya informado de detenidos ni avances en las investigaciones. A pesar de la evidente urgencia, las autoridades estatales y federales han respondido con silencio o lentitud, lo que abona al clima de miedo e indefensión.
• ¿Hasta cuándo la impunidad?
Este nuevo episodio no es un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia política que ha cobrado la vida de múltiples actores sociales, autoridades y periodistas en Oaxaca. La ausencia de consecuencias para los agresores, y la omisión de las fiscalías y cuerpos de seguridad, reflejan un aparato institucional que tolera, y en ocasiones perpetúa, la violencia como método de control político.
El llamado de la regidora a la intervención del Gobernador, la Fiscalía General del Estado y la Policía Cibernética debería provocar una reacción inmediata. Pero en Oaxaca, como en muchas partes del país, la justicia suele llegar tarde, cuando llega.
• Oaxaca: entre la resistencia civil y el miedo impuesto
Lo que está en juego no es solo la seguridad de una funcionaria valiente, sino el derecho de los ciudadanos a fiscalizar, denunciar y exigir transparencia sin ser silenciados por el miedo. En un estado donde la corrupción ha sido parte estructural del poder local, las voces que se atreven a romper con ese pacto de impunidad enfrentan consecuencias que pueden ser fatales.
Mientras la clase política guarda silencio, y la justicia parece anestesiada, la ciudadanía vuelve a enfrentarse a la misma pregunta: ¿Quién protege a quienes denuncian? ¿Y quién responde cuando los silencian?
La violencia no puede seguir siendo la respuesta a la verdad. Ni la impunidad el precio por ejercer el poder.
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