El asesinato del síndico de Yucunicoco en la región Triqui es, lamentablemente, un episodio más en la larga cadena de violencia que desde hace años lacera a las comunidades de Oaxaca, particularmente en zonas donde la presencia del Estado parece difusa, intermitente o de plano inexistente.
Lo ocurrido en Santiago Juxtlahuaca vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: los conflictos entre grupos, muchas veces ligados a organizaciones sociales antagónicas, siguen resolviéndose por la vía de las armas. Y en medio de esa dinámica, las autoridades municipales, que deberían ser garantes de gobernabilidad, terminan siendo víctimas.
La pregunta es inevitable: ¿qué está fallando en la primavera oaxaqueña?
Falla, en primer lugar, la capacidad de prevención. Los enfrentamientos no surgen de la nada; son la consecuencia de tensiones acumuladas, disputas territoriales, intereses políticos y sociales que, lejos de atenderse de fondo, se administran hasta que estallan.
Falla también la presencia institucional. En regiones como la Triqui, el Estado no logra consolidar condiciones mínimas de seguridad. La reacción suele llegar después de los hechos, con operativos, declaraciones y detenciones que, si bien son necesarias, no resuelven el problema estructural.
Pero quizá lo más grave es la normalización. Cada nuevo hecho violento parece diluirse en el siguiente. La indignación dura poco, la exigencia se apaga rápido y la violencia se integra peligrosamente a la vida cotidiana.
Hoy fue un síndico. Ayer, un ex presidente municipal. Mañana, cualquier ciudadano.
Oaxaca no puede acostumbrarse a contar muertos como parte de su rutina. La paz no puede seguir siendo un discurso, mientras en los hechos prevalece la ley de las armas.
La solución no será inmediata ni sencilla, pero pasa por algo elemental: recuperar el control del territorio, fortalecer las instituciones y, sobre todo, atender las causas profundas de los conflictos.
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