Las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con opinión de la de Gobernación, aprobaron establecer las condiciones dentro de las cuales se ejercerá la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación sobre delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas e instalaciones, el derecho a la información, libertad de expresión o imprenta, para conocerlos y perseguirlos y para que los jueces federales puedan juzgarlos, indicó el senador Roberto Gil Zuarth.
Esta facultad, añadió, se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma intención dolosa, así como en nueve condiciones, de las cuales destacó la existencia de un recurso de reconsideración en el caso de que el Ministerio Público Federal no acuerde o lo haga en negativa, el ejercicio de la facultad de atracción.
Además, subrayó el deber del Ministerio para que cuando conozca de un caso atraído agote las líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho de la información, la libertad de expresión, con la consecuente obligación de dar parte de los registros a la Procuraduría, con el propósito de que éste pueda conocer si cualquier delito cometido en el orden común tenía como finalidad afectar las libertades de expresión o el derecho a la información o de imprenta.
Los senadores aprobaron reformas a diversos artículos que Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, con relación a la reciente reforma al Artículo 73 de la Constitución, fracción 21, con relación a agresiones a periodistas y medios de comunicación.
En tanto la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez resaltó que con el dictamen no se federaliza el delito, se busca justicia pero sobre todo crear condiciones distintas en el país para que el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la imprenta y la prensa, inscritos en la constitución, puedan ser plenamente vigentes.
Asimismo, refirió que luego de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal realizadas por el Ejecutivo Federal, se busca no entorpecer sino coadyuvar en la organización de la Procuraduría General de la República para que tenga condiciones de implementar las atribuciones que hoy se definen en las reformas.
La legisladora perredista también destacó que la propuesta ayuda a contar con una estructura legal que permita al Ejecutivo tomar las acciones y medidas para que realmente haya justicia para los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.
Por su parte, la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que la reforma fortalece el andamiaje jurídico necesario para que la administración pública federal, a través de la PGR ejerza la facultad de atracción y coadyuve a las actividades de los estados en donde no sea suficiente la acción local para sostener una acción persecutoria que garantice el derecho de los periodistas a un ejercicio libre.
La reforma, agregó, logra un concepto de protección del derecho a la información, a través de la protección de quienes día con día, en su acción cotidiana, garantizan ese derecho en una actividad y ejercicio que en estos tiempos se ha tornado riesgoso en algunas regiones del país.
Además, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, señaló que las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de competencia local, por lo que se consideró conveniente sean investigados, perseguidos y sancionados por la autoridad federal, a fin de garantizar mayor eficacia en los procesos correspondientes y evitar con ello la impunidad.
Consideramos, dijo, que afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y sana convivencia de la sociedad. Es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector en el que se han acentuado violaciones a sus derechos humanos, por lo que resulta imperativo proteger su actividad en beneficio de la vida pública de México y, en especial, en los casos en que los profesionales de la información sufren situaciones de alto riesgo, aseguró la legisladora priista.
“La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser tutelado por el derecho penal porque se constituye en un bien jurídico que a la sociedad le interesa se proteja y sea sancionado a quienes lo vulnere”, abundó
En tanto, la senadora priista Lucero Saldaña Pérez destacó que se incluyó en la reforma el enfoque de género y, en ese sentido, resaltó la existencia de mujeres que participan en la actividad periodística, por lo que se consideró una acción afirmativa considerar mayor penalidad en el caso de ser mujeres.
Spanish