El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se pronunció por el cese a las agresiones físicas, psicológicas y amenazas que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca “acciones que vulneran el ejercicio y respeto de los derechos humanos.
Las consejeras María Eugenia Mata García, Sara Pilar Méndez Morales, Marta Julia Avendaño Córdova, así como los consejeros Pedro Matías Arrazola, José Bernardo Rodríguez Alamilla, Héctor Lorenzo Estrada y el consejero presidente, Arturo Peimbert Calvo, manifestaron que esta instancia ciudadana “no puede ser omisa ni callarse, ante la continuidad de hechos que representan un retroceso”.
Manifestaron estar conscientes de que todas aquellas personas que cometan actos ilegales e ilícitos, “deben ser sometidos a un debido proceso y que solo en caso de encontrarlas culpables, aplicar la justicia”.
Por ello, no se puede permitir que acciones como “el hostigamiento, la amenaza, la agresión, e incluso, el encarcelamiento, afecten la libre actividad de quienes están cumpliendo una función social importante orientada a que Oaxaca y el país en su conjunto, avancen hacia un verdadero estado de derecho”.
Se refirieron como personas en situación de vulnerabilidad a quienes denuncian violaciones y defienden derechos humanos, como la libertad de información, la libertad de expresión o el derecho a la seguridad pública, pues su actividad ha sido criminalizada por personas o grupos de poder que ven afectados sus intereses con la labor que ellos desempeñan.
Entre los periodistas agredidos y amenazados por su actividad periodística está el consejero ciudadano de la Defensoría, Pedro Matías Arrazola y el conductor de radio, Geovany Vásquez Sagrero.
Se destacó la detención ilegal de una integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” (Código DH), cuando cumplía su labor de observación sobre los sucesos que se dieron con motivo del enfrentamiento entre manifestantes y policías municipales, durante la marcha alusiva al Día del Trabajo, el pasado primero de mayo.
El Consejo Ciudadano de la DDHPO exigió al procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, realice las investigaciones pertinentes en torno a las amenazas de muerte y agresiones dirigidas a todos las y los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
A todos los ayuntamientos del Estado exigieron el diseño de protocolos para el uso legítimo de la fuerza pública, especialmente, en situación de grandes concentraciones de personas, o en su caso, el conocimiento y aplicación de los estándares internacionales ya existentes en la materia, así como la capacitación constante de sus cuerpos policiacos en materia de derechos humanos.
Al Municipio de Oaxaca de Juárez exigieron haga una exhaustiva investigación al interior de la Policía Municipal, sobre todo cuando aún está pendiente la aceptación total y acatamiento del conjunto de recomendaciones que con anterioridad la Defensoría hizo con respecto al caso de jóvenes integrantes del grupo Yo Soy 132 que fueron violentados en sus derechos humanos por agentes de la referida corporación durante el año 2012.
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