En el foro El Debate de las Drogas en la Ciudad de México: Legalización, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, anunció que se elaborará una iniciativa que regule el uso medicinal de la mariguana y que cambie la perspectiva de las drogas en el país.
En este sentido, planteó la posibilidad de crear clubes de usuarios o de consumo, para no criminalizar a los consumidores de mariguana; “por ello, es el momento de que nuestro país se debata sobre este tema como una obligación y proyectarlo a nivel nacional”.
Afirmó que el enfoque prohibicionista y la política de seguridad que se ha diseñado para enfrentar el problema de las drogas ha tenido un costo social importante que criminaliza el consumo y aumenta el valor de mercado de éstas.
“Debemos debatir sobre el consumo de la mariguana en México, para que deje de ser un problema criminal y se visualice con un enfoque de salud pública que garantice el respeto a los derechos sobre las decisiones personales”, finalizó.
En tanto, Magdalena Patlán, directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del DF, advirtió que si la legislación que se genere es mal interpretada y facilita el consumo de la mariguana, las autoridades atenderían por adicción alrededor de 15 mil personas en la Ciudad de México.
Es decir, explicó, se daría atención a 44 usuarios diarios y el costo para su tratamiento se estima en 35 mil pesos al día por persona.
Sin embargo –subrayó– el DF sólo cuenta con 32 centros de atención de adicciones que “lamentablemente” operan con dos psicólogos cada uno, además tiene únicamente dos unidades de atención toxicológica.
Por ello, dijo, deben contemplarse candados para impedir el consumo nocivo de la mariguana en la población más susceptible que se encuentra entre los 15 y 19 años de edad.
No estamos en contra de los derechos individuales de los ciudadanos; sin embargo, para poder aspirar a una sociedad libre de adicciones es preciso reforzar los programas preventivos en escuelas y lugares de trabajo, así como fortalecer las políticas encaminadas a la recreación y recuperación de espacios públicos, a la atención y rehabilitación de consumidores y adictos, enfatizó.
Por su parte, Esthela Damián Peralta, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aseveró que es tiempo de comenzar el debate para generar una política pública de drogas “sin miedos, ni tapujos, ni estigmas” que tenga una consideración extraordinariamente científica en materia de salud.
Estimó que el gobierno de la Ciudad debe contemplar a la mariguana entre sus consideraciones a evaluar y no seguir en una falsa discusión para abrir el debate.
Dejó en claro que el DF tiene facultades para legislar sobre este tema, por lo que las autoridades capitalinas no pueden seguir fingiendo sobre la legalización de la cannabis al señalar que se puede permitir su consumo, pero no decir cómo y dónde adquirirla.
El director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Rafael Camacho Solís, dijo que con la legalización regulada de la mariguana y supuesta división de las ganancias, no es seguro que disminuya la violencia, “ya que simplemente se puede desviar hacia otros crímenes que pueden ser peores”.
Asimismo, señaló que de legalizar la mariguana en el país no se mermarían los ingresos de los carteles de la droga, ya que México es uno de los territorios en el mundo donde se vende más barata y “para afectar las ganancias de los carteles debe legalizarse en países donde su venta es de un mayor costo”.
La coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas, Lisa Sánchez, dijo que el mercado de las drogas ilícitas esta totalmente en manos de organizaciones criminales transnacionales que tienen el poder económico y de fuego para retar al Estado en ciertas jurisdicciones y además se les permite la acumulación perpetua de capital para fortalecer su poder.
En este sentido, explicó que la regulación legal implica el establecimiento de controles estrictos a la producción, productos, puntos de venta, expendedores, a la mercadotecnia y acceso, “ya que es inaceptable que se siga dejando la totalidad de este mercado en manos del crimen organizado”.
Para Ricardo Tapia, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, ya es tiempo de cambiar las leyes y quitar las prohibiciones sobre el uso de esta droga, pues “no hay argumentos sólidos, éticos y científicos para no despenalizarla y legalizarla”.
Manifestó que se debe respetar la autonomía de las personas y no considerar a la gente como “retrasada mental”, por lo que en lugar de castigar y perseguir se debe educar e informar y “no prohibirles que hagan cosas”.
El presidente del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, Jorge Hernández, propuso la posibilidad de crear un sistema regulatorio a través de un circuito cerrado de la producción y consumo, que no acepte la publicidad, garantice los derechos de los usuarios y limite el acceso.
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